El gobierno Duque tiene dos posibilidades jurídicas concretas y efectivas para avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos del campesinado.
Primero, el presidente podría apoyar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada por la Asamblea General en noviembre de 2018. Esta declaración, aunque no es obligatoria, es muy importante, pues sistematiza los derechos especiales del campesinado como sujeto social, el cual enfrenta vulnerabilidades en un mundo globalizado que amenaza sus formas de vida.
El gobierno Duque se abstuvo de votar favorablemente esa declaración, sin explicar nunca satisfactoriamente esa decisión. Cuando las organizaciones campesinas le han pedido que exprese ahora su apoyo, el Gobierno ha respondido que no puede hacerlo, pues la declaración no es un tratado, por lo cual no podría ratificarla.
Esa respuesta es una leguleyada inaceptable. Es cierto que una declaración de la Asamblea General de la ONU no es un tratado y no prevé formas rituales de ratificación. Sin embargo, eso no impide que un Estado que se abstuvo de apoyar una determinada declaración pueda expresar ulteriormente que cambió su visión y ahora la apoya. Un ejemplo: Canadá no solo se abstuvo, sino que se opuso en 2007 a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero luego la aprobó y apoyó formalmente en Naciones Unidas en mayo de 2016. No hay, pues, obstáculos jurídicos para que el Gobierno apoye la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Si no lo hace es porque no quiere.
Segundo, el Gobierno debería abstenerse de aprobar el proyecto de acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras que reglamenta las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) previsto por la Ley 60.
Nada hay de malo en impulsar el desarrollo empresarial en el campo o en reglamentar las ZDE, pero eso no debe hacerse en detrimento de la economía campesina y del acceso a la tierra del campesinado, como infortunadamente lo hace este proyecto, que prevé la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, inicialmente en uso por 15 años, pero adjudicables ulteriormente a esas empresas.
El problema es que en Colombia no hemos tenido una verdadera reforma agraria, por lo cual el acceso a la tierra de los campesinos que la requieren se ha hecho esencialmente por adjudicación de baldíos, que son las tierras que aún son propiedad del Estado. Pero ahora quedan relativamente pocos baldíos, por lo cual estos han sido reservados para sujetos de reforma agraria, esto es, campesinos sin tierra suficiente. La entrega de baldíos a otras personas debe entonces ser excepcional, como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la C-077 de 2017. Por el contrario, este proyecto convierte la excepción en regla, pues prevé la entrega de baldíos, sin límites de extensión, a las empresas en las ZDE, con lo cual, además, reduce gravemente las tierras baldías disponibles para entregar al campesinado y cumplir con la reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz.
El Gobierno debería entonces abstenerse de aprobar ese acuerdo, que es inconstitucional y lo seguirá siendo mientras que la reglamentación de las ZDE no se ajuste de manera tal que su existencia no reduzca la oferta de baldíos para el acceso a la tierra del campesinado y el cumplimento del Acuerdo de Paz.
La posición del presidente Duque en estos dos temas expresará si realmente tiene un interés genuino en mejorar la situación del campesinado o si sus elogios del campesinado son puramente retóricos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
El gobierno Duque tiene dos posibilidades jurídicas concretas y efectivas para avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos del campesinado.
Primero, el presidente podría apoyar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada por la Asamblea General en noviembre de 2018. Esta declaración, aunque no es obligatoria, es muy importante, pues sistematiza los derechos especiales del campesinado como sujeto social, el cual enfrenta vulnerabilidades en un mundo globalizado que amenaza sus formas de vida.
El gobierno Duque se abstuvo de votar favorablemente esa declaración, sin explicar nunca satisfactoriamente esa decisión. Cuando las organizaciones campesinas le han pedido que exprese ahora su apoyo, el Gobierno ha respondido que no puede hacerlo, pues la declaración no es un tratado, por lo cual no podría ratificarla.
Esa respuesta es una leguleyada inaceptable. Es cierto que una declaración de la Asamblea General de la ONU no es un tratado y no prevé formas rituales de ratificación. Sin embargo, eso no impide que un Estado que se abstuvo de apoyar una determinada declaración pueda expresar ulteriormente que cambió su visión y ahora la apoya. Un ejemplo: Canadá no solo se abstuvo, sino que se opuso en 2007 a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero luego la aprobó y apoyó formalmente en Naciones Unidas en mayo de 2016. No hay, pues, obstáculos jurídicos para que el Gobierno apoye la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Si no lo hace es porque no quiere.
Segundo, el Gobierno debería abstenerse de aprobar el proyecto de acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras que reglamenta las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) previsto por la Ley 60.
Nada hay de malo en impulsar el desarrollo empresarial en el campo o en reglamentar las ZDE, pero eso no debe hacerse en detrimento de la economía campesina y del acceso a la tierra del campesinado, como infortunadamente lo hace este proyecto, que prevé la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, inicialmente en uso por 15 años, pero adjudicables ulteriormente a esas empresas.
El problema es que en Colombia no hemos tenido una verdadera reforma agraria, por lo cual el acceso a la tierra de los campesinos que la requieren se ha hecho esencialmente por adjudicación de baldíos, que son las tierras que aún son propiedad del Estado. Pero ahora quedan relativamente pocos baldíos, por lo cual estos han sido reservados para sujetos de reforma agraria, esto es, campesinos sin tierra suficiente. La entrega de baldíos a otras personas debe entonces ser excepcional, como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la C-077 de 2017. Por el contrario, este proyecto convierte la excepción en regla, pues prevé la entrega de baldíos, sin límites de extensión, a las empresas en las ZDE, con lo cual, además, reduce gravemente las tierras baldías disponibles para entregar al campesinado y cumplir con la reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz.
El Gobierno debería entonces abstenerse de aprobar ese acuerdo, que es inconstitucional y lo seguirá siendo mientras que la reglamentación de las ZDE no se ajuste de manera tal que su existencia no reduzca la oferta de baldíos para el acceso a la tierra del campesinado y el cumplimento del Acuerdo de Paz.
La posición del presidente Duque en estos dos temas expresará si realmente tiene un interés genuino en mejorar la situación del campesinado o si sus elogios del campesinado son puramente retóricos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.