La toma del Palacio de Justicia por el M-19 hace 40 años no fue ninguna genialidad: fue una estupidez criminal, llena de atrocidades, y una clara violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta guerrilla irrumpió a sangre y fuego en el Palacio para presentar una “demanda armada”: querían que los magistrados juzgaran al presidente Betancur por supuestas traiciones al proceso de paz. Con esa pretensión demente, el M-19 asesinó a los vigilantes y secuestró y tomó muchos rehenes, en especial a los magistrados de la Corte Suprema. Los usó de escudos humanos y mató a varios de ellos.
La retoma del Palacio por el Estado, también a sangre y fuego, no fue ningún acto heroico ni un rescate exitoso de rehenes. No estoy diciendo que el Gobierno debió haber cedido a los propósitos desquiciados del M-19, pero el presidente Betancur negó el mínimo cese al fuego para proteger a los rehenes, a pesar de la angustiosa petición del presidente de la Corte, Reyes Echandía. La respuesta del ejército, que tenía la responsabilidad de actuar conforme a derecho, fue una clara violación del DIH por el empleo desproporcionado de la fuerza, usando tanques y roquetazos. El desprecio hacia la vida de los rehenes fue total. El ejército le disparaba a todo lo que se moviera, como lo explicó en una impactante entrevista hace algunos días el entonces presidente del Consejo de Estado y sobreviviente de la toma, Carlos Betancur, quien agregó que ellos no fueron rescatados, sino que salieron “por sus propios medios”. Y luego añadió una terrible ironía: que de todos modos estaba “muy agradecido con los militares” porque “no me dispararon al salir”.
A lo anterior, que ya es horroroso, hay que agregar otras atrocidades: las evidencias contundentes de que varias personas salieron vivas y fueron ejecutadas y desaparecidas por el ejército como, entre otros, el magistrado Carlos Horacio Urán, varios empleados de la cafetería como Carlos Rodríguez, o la guerrillera Irma Franco.
Estas atrocidades, que ocasionaron una centena de muertes y una decena de desaparecidos, son consecuencia de acciones criminales tanto del M-19 como del Estado, en especial del ejército. A pesar de la crueldad de sus acciones, ambos han intentado justificarlas: que se trataba de defender la democracia y las instituciones, como dijeron a su manera el coronel Plazas y el presidente Betancur; que era una operación a favor de los derechos humanos y de la paz ha sostenido el M-19. Pero estas tentativas del M-19 y del Estado por eludir o minimizar su responsabilidad invocando fines indudablemente nobles (como la democracia, la paz y los derechos humanos) son inaceptables: la democracia está fundada en una ética de la mesura pues supone que hay medios tan innobles y despreciables, como la toma de rehenes, las torturas o las desapariciones, que su uso no puede ser justificado ni siquiera por los ideales más nobles.
Esta doble toma del Palacio de Justicia fue un doloroso quiebre de nuestra democracia que aún no hemos logrado procesar. Por eso, y por la deuda moral con las víctimas, debemos seguir esforzándonos por esclarecer qué ocurrió. Sin embargo, eso ya no basta: con lo que ya sabemos, las responsabilidades del M-19 y del Estado son evidentes, pero ninguno ha querido aceptarlas. Han querido descargarlas en la otra parte y minimizar sus culpas. Y peor aún: a veces siguen presentándose como héroes. Esto es inaceptable. Por respeto a las víctimas y para evitar que se repitan estas atrocidades, el Estado (en particular el Ejército) y el M-19 tienen que asumir ambos sus respectivas responsabilidades y pedir explícitamente perdón a las víctimas. ¿Quién o quiénes tendrán la decencia de dar un primer paso en esa dirección?
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
