El reconocimiento del campesinado: un paso adelante, pero...
El campesinado colombiano ha sufrido una doble injusticia. Primero, una discriminación socioeconómica, pues todos los indicadores sociales son peores para los campesinos que para el resto de la población. Y segundo, un déficit de reconocimiento: los distintos gobiernos hacen recurrentes elogios al campesinado, pero son retóricos, pues no se traducen en políticas públicas para garantizar efectivamente sus derechos.
Un elemento extremo de este déficit de reconocimiento es que hasta muy recientemente el campesinado no figuraba ni siquiera en las estadísticas oficiales, pues los gobiernos se habían negado a recolectar información sobre su situación.
El gobierno Duque es contradictorio en este campo: ha hecho un avance significativo para superar la invisibilidad estadística del campesinado, pero parece reacio a extraer las consecuencias de ese paso para garantizar los derechos campesinos.
El avance estadístico es resultado de un proceso virtuoso que muestra que, con voluntad política, es posible que las organizaciones sociales, la academia, los jueces, los organismos de control y el Gobierno coordinen esfuerzos y logren conquistas democráticas significativas.
Durante el gobierno Santos y por años, las organizaciones campesinas le reclamaron al DANE que incluyera preguntas sobre su situación en el censo agropecuario de 2014 o en el censo poblacional de 2018. Fue infructuoso, lo cual las llevó a presentar una acción de tutela, que apoyamos desde Dejusticia. La Corte Suprema les dio la razón y le recordó al Gobierno que tenía el deber de recolectar esa información estadística.
Bajo el impulso de la Procuraduría y con el apoyo de la Defensoría fue creada una mesa de seguimiento a esa sentencia, que permitió conformar una comisión académica, coordinada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), encargada de construir un concepto de campesinado, que tuviera en cuenta todas sus dimensiones y fuera medible estadísticamente. Durante meses y sin cobrar un peso, algunos de los mejores estudiosos del mundo rural se comprometieron con ese esfuerzo y lograron ese concepto.
En 2018, la dirección del DANE, que asumió con el gobierno Duque, acogió con entusiasmo ese desafío. Un diálogo productivo entre el DANE, la comisión académica, las organizaciones campesinas y los organismos de control permitió construir las preguntas para medir estadísticamente la situación del campesinado, las cuales ya han sido aplicadas en cuatro importantes encuestas nacionales: la de cultura política, la de seguridad ciudadana, la agropecuaria y la de calidad de vida.
El lema de la tutela de las organizaciones campesinas para superar su invisibilidad estadística es significativo: “Para que el campesinado cuente, tiene que ser contado”. Hoy, gracias a esas encuestas del DANE, la situación del campesinado ha sido contada. Ahora el desafío es que los campesinos de verdad cuenten para el Estado y la sociedad colombiana.
Esa valiosa información estadística sobre el campesinado debe entonces traducirse en un reconocimiento efectivo de sus derechos y en políticas vigorosas para superar las injusticias que ha padecido. Y el gobierno Duque tiene al menos tres instrumentos jurídicos para hacerlo: i) implementar la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. ii) Construir la política pública para la población campesina, prevista en el artículo 253 de su propio Plan de Desarrollo. iii) Apoyar la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos. Pero como lo mostró la audiencia pública del pasado viernes convocada por la Procuraduría sobre el tema, el Gobierno no avanza significativamente en ninguno de estos tres campos. Pareciera que para este Gobierno el campesinado no contara, a pesar de que hizo el esfuerzo por contarlo.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
El campesinado colombiano ha sufrido una doble injusticia. Primero, una discriminación socioeconómica, pues todos los indicadores sociales son peores para los campesinos que para el resto de la población. Y segundo, un déficit de reconocimiento: los distintos gobiernos hacen recurrentes elogios al campesinado, pero son retóricos, pues no se traducen en políticas públicas para garantizar efectivamente sus derechos.
Un elemento extremo de este déficit de reconocimiento es que hasta muy recientemente el campesinado no figuraba ni siquiera en las estadísticas oficiales, pues los gobiernos se habían negado a recolectar información sobre su situación.
El gobierno Duque es contradictorio en este campo: ha hecho un avance significativo para superar la invisibilidad estadística del campesinado, pero parece reacio a extraer las consecuencias de ese paso para garantizar los derechos campesinos.
El avance estadístico es resultado de un proceso virtuoso que muestra que, con voluntad política, es posible que las organizaciones sociales, la academia, los jueces, los organismos de control y el Gobierno coordinen esfuerzos y logren conquistas democráticas significativas.
Durante el gobierno Santos y por años, las organizaciones campesinas le reclamaron al DANE que incluyera preguntas sobre su situación en el censo agropecuario de 2014 o en el censo poblacional de 2018. Fue infructuoso, lo cual las llevó a presentar una acción de tutela, que apoyamos desde Dejusticia. La Corte Suprema les dio la razón y le recordó al Gobierno que tenía el deber de recolectar esa información estadística.
Bajo el impulso de la Procuraduría y con el apoyo de la Defensoría fue creada una mesa de seguimiento a esa sentencia, que permitió conformar una comisión académica, coordinada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), encargada de construir un concepto de campesinado, que tuviera en cuenta todas sus dimensiones y fuera medible estadísticamente. Durante meses y sin cobrar un peso, algunos de los mejores estudiosos del mundo rural se comprometieron con ese esfuerzo y lograron ese concepto.
En 2018, la dirección del DANE, que asumió con el gobierno Duque, acogió con entusiasmo ese desafío. Un diálogo productivo entre el DANE, la comisión académica, las organizaciones campesinas y los organismos de control permitió construir las preguntas para medir estadísticamente la situación del campesinado, las cuales ya han sido aplicadas en cuatro importantes encuestas nacionales: la de cultura política, la de seguridad ciudadana, la agropecuaria y la de calidad de vida.
El lema de la tutela de las organizaciones campesinas para superar su invisibilidad estadística es significativo: “Para que el campesinado cuente, tiene que ser contado”. Hoy, gracias a esas encuestas del DANE, la situación del campesinado ha sido contada. Ahora el desafío es que los campesinos de verdad cuenten para el Estado y la sociedad colombiana.
Esa valiosa información estadística sobre el campesinado debe entonces traducirse en un reconocimiento efectivo de sus derechos y en políticas vigorosas para superar las injusticias que ha padecido. Y el gobierno Duque tiene al menos tres instrumentos jurídicos para hacerlo: i) implementar la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. ii) Construir la política pública para la población campesina, prevista en el artículo 253 de su propio Plan de Desarrollo. iii) Apoyar la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos. Pero como lo mostró la audiencia pública del pasado viernes convocada por la Procuraduría sobre el tema, el Gobierno no avanza significativamente en ninguno de estos tres campos. Pareciera que para este Gobierno el campesinado no contara, a pesar de que hizo el esfuerzo por contarlo.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.