Hoy, 30 de agosto, es el día internacional que la ONU estableció para honrar a las víctimas de uno de los crímenes más terribles: la desaparición forzada. Es un momento propicio para que los colombianos, a pesar de nuestras divisiones, nos unamos contra esa atrocidad.
Un día cualquiera alguien sale de su casa y su rastro se pierde. La persona parece haberse desvanecido en “la noche y en la niebla”, como se denominaba el tristemente célebre decreto del mariscal Keitel, que organizó desapariciones masivas en los territorios controlados por los nazis. Los familiares quedan entonces en una horrible incertidumbre: es natural que teman lo peor, pues saben que la mayor parte de los desaparecidos, si no son rescatados rápidamente, son asesinados, muchas veces después de sufrir terribles vejámenes. Pero no pueden dejar de buscar a su ser querido. La vida queda suspendida en una eternidad de duda y dolor.
Un solo caso de desaparición debería generar un escándalo en cualquier democracia, pues no solo es un atentado gravísimo a la dignidad de la víctima directa, sino que también destruye la vida de sus familiares. Sin embargo, en Colombia, la desaparición forzada ha sido masiva frente a la indolencia de gran parte de la sociedad y de las autoridades. El informe “Hasta encontrarlos”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, habla de más de 60.000 desapariciones forzadas entre 1970 y 2015, un número mayor que todas las desapariciones perpetradas por las dictaduras militares suramericanas de los 70, que fueron célebres por recurrir masivamente a este crimen. Y a ese drama hay que sumar las otras personas que, aunque no hayan sido víctimas de desaparición forzada, están en todo caso desaparecidas: soldados o guerrilleros muertos en combate, pero que no se sabe dónde están sus cuerpos; niños reclutados por la guerrilla o los paramilitares y de quienes no sabemos nada; secuestrados de los que sus captores dejaron de informar o exigir rescate, etc.
Para enfrentar este drama de las desapariciones, el Acuerdo de Paz creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Su tarea es encontrar a los desaparecidos o, si están muertos, hallar sus restos, para identificarlos y entregarlos con respeto a sus familias, para que estas puedan elaborar con dignidad su duelo y reducir un poco su sufrimiento.
La UBPD es una luz de esperanza para las familias de los desaparecidos, pues ha empezado a dar resultados, incluso a pesar de la pandemia y el recrudecimiento de la violencia, que dificultan sus labores. Por ejemplo, hace pocos días, después de 16 años de incertidumbre, una madre del Guaviare, Rosario, logró enterrar dignamente a Néstor, uno de sus hijos, gracias a que la UBPD logró encontrar e identificar sus restos, y se los entregó con el respeto y acompañamiento requeridos.
A pesar de nuestras divisiones, la lucha contra la desaparición y sus secuelas debería ser un propósito común y una prioridad nacional. Deberíamos hacer una especie de pacto social y político contra la desaparición forzada con un triple propósito: que no haya ninguna nueva desaparición en Colombia, pues estas trágicamente han continuado; que los responsables de esos crímenes sean sancionados, y que las labores de búsqueda de los desaparecidos, en especial aquellas desarrolladas por la UBPD, sean apoyadas y fortalecidas para que las familias de los desaparecidos puedan salir de la terrible incertidumbre en que viven. Es lo mínimo que, como sociedad, les debemos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Hoy, 30 de agosto, es el día internacional que la ONU estableció para honrar a las víctimas de uno de los crímenes más terribles: la desaparición forzada. Es un momento propicio para que los colombianos, a pesar de nuestras divisiones, nos unamos contra esa atrocidad.
Un día cualquiera alguien sale de su casa y su rastro se pierde. La persona parece haberse desvanecido en “la noche y en la niebla”, como se denominaba el tristemente célebre decreto del mariscal Keitel, que organizó desapariciones masivas en los territorios controlados por los nazis. Los familiares quedan entonces en una horrible incertidumbre: es natural que teman lo peor, pues saben que la mayor parte de los desaparecidos, si no son rescatados rápidamente, son asesinados, muchas veces después de sufrir terribles vejámenes. Pero no pueden dejar de buscar a su ser querido. La vida queda suspendida en una eternidad de duda y dolor.
Un solo caso de desaparición debería generar un escándalo en cualquier democracia, pues no solo es un atentado gravísimo a la dignidad de la víctima directa, sino que también destruye la vida de sus familiares. Sin embargo, en Colombia, la desaparición forzada ha sido masiva frente a la indolencia de gran parte de la sociedad y de las autoridades. El informe “Hasta encontrarlos”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, habla de más de 60.000 desapariciones forzadas entre 1970 y 2015, un número mayor que todas las desapariciones perpetradas por las dictaduras militares suramericanas de los 70, que fueron célebres por recurrir masivamente a este crimen. Y a ese drama hay que sumar las otras personas que, aunque no hayan sido víctimas de desaparición forzada, están en todo caso desaparecidas: soldados o guerrilleros muertos en combate, pero que no se sabe dónde están sus cuerpos; niños reclutados por la guerrilla o los paramilitares y de quienes no sabemos nada; secuestrados de los que sus captores dejaron de informar o exigir rescate, etc.
Para enfrentar este drama de las desapariciones, el Acuerdo de Paz creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Su tarea es encontrar a los desaparecidos o, si están muertos, hallar sus restos, para identificarlos y entregarlos con respeto a sus familias, para que estas puedan elaborar con dignidad su duelo y reducir un poco su sufrimiento.
La UBPD es una luz de esperanza para las familias de los desaparecidos, pues ha empezado a dar resultados, incluso a pesar de la pandemia y el recrudecimiento de la violencia, que dificultan sus labores. Por ejemplo, hace pocos días, después de 16 años de incertidumbre, una madre del Guaviare, Rosario, logró enterrar dignamente a Néstor, uno de sus hijos, gracias a que la UBPD logró encontrar e identificar sus restos, y se los entregó con el respeto y acompañamiento requeridos.
A pesar de nuestras divisiones, la lucha contra la desaparición y sus secuelas debería ser un propósito común y una prioridad nacional. Deberíamos hacer una especie de pacto social y político contra la desaparición forzada con un triple propósito: que no haya ninguna nueva desaparición en Colombia, pues estas trágicamente han continuado; que los responsables de esos crímenes sean sancionados, y que las labores de búsqueda de los desaparecidos, en especial aquellas desarrolladas por la UBPD, sean apoyadas y fortalecidas para que las familias de los desaparecidos puedan salir de la terrible incertidumbre en que viven. Es lo mínimo que, como sociedad, les debemos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.