El problema de los columnistas en Colombia no es falta de tema sino todo lo contrario: solemos enfrentar un exceso de noticias que ameritan todas una reflexión. Pero esta semana fue aún más intensa que muchas otras: el lunes pensé en dedicar la columna a las declaraciones amenazantes de Trump contra Petro y contra Colombia, y al extremismo de su guerra a las drogas; el martes concluí que era mejor comentar la absolución en segunda instancia del expresidente Uribe. Sin embargo, por mis sesgos profesionales, el viernes, que tengo que enviar mi columna, opté finalmente por dedicarla a la propuesta de constituyente presentada por quien era aún ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
No debemos demonizar la posibilidad de una constituyente: no sólo es un mecanismo previsto en nuestra Constitución, sino que una constituyente con competencia limitada puede ser un buen instrumento para enfrentar ciertos problemas que requieren reforma constitucional y que el Congreso no ha logrado abordar, como el ordenamiento territorial o discutir la posibilidad de un régimen parlamentario para Colombia.
Además, en este caso, la propuesta presentada por Montealegre tiene una virtud: busca respetar el procedimiento establecido por la Constitución para convocar una constituyente, pues es un proyecto de ley que define la competencia, composición y periodo de la asamblea, y que deberá ser aprobado por el Congreso y controlado por la Corte Constitucional antes de ser sometido a votación de la ciudadanía. Esto es positivo: el Gobierno parecería haber abandonado (ojalá) sus tesis sin sustento de una octava papeleta en marzo o de convocar una constituyente por decreto invocando el Acuerdo de Paz, como lo propuso el propio Montealegre hace más o menos un año.
Dicho esto, y como lo he reiterado en numerosas columnas desde que Petro empezó a hablar de constituyente, considero que la propuesta es improvisada, inconveniente y riesgosa. Y para sustentar mi tesis retomo y actualizo los argumentos que presenté anteriormente, pues no veo razones para cambiarlos.
Es improvisada porque la sustentación de la necesidad de una constituyente nunca ha sido clara. Petro ha dicho, por ejemplo, que es para enfrentar el cambio climático, pero esa tesis carece de sustento: como lo mostré, nuestro marco constitucional es ya suficientemente robusto para que las autoridades colombianas cumplan con sus deberes al respecto. Lo que faltan son mejores políticas públicas. Y lo mismo se puede decir de la mayoría de las otras justificaciones presentadas por Petro: tampoco se necesita constituyente para la implementación del Acuerdo de Paz, la reforma agraria o el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos desfavorecidos.
El argumento del bloqueo constitucional invocado por Montealegre tampoco es sólido: no puede considerarse que exista sólo porque el Congreso no le aprueba algunos proyectos al Gobierno (como el de salud), a pesar de que sí le ha aprobado muchos otros y que el Congreso no está obligado a aprobar todo lo que le presente el Gobierno. Y si existiera, no es claro por qué la constituyente evitaría ese supuesto bloqueo. ¿Será acaso para darles poderes dictatoriales de legislación a los presidentes?
Dos evidencias anecdóticas más de esa improvisación: i) la exposición de motivos invoca trece veces al conocido constitucionalista argentino Roberto Gargarella para sustentar la propuesta, pero ya el propio Gargarella dijo inequívocamente: “Petro usa lo que escribo para avalar lo que rechazo”; y ii) Montealegre sale del Gobierno al día siguiente de presentar la propuesta.
Por todo eso, y más, este proyecto es inconveniente. Pero además es riesgoso porque plantea un cambio total de Constitución en tres meses. Y, en este ambiente polarizado, podemos perder los avances democráticos de la Constitución de 1991 que, sin ser perfecta, es un marco jurídico en que la gran mayoría de los colombianos, a pesar de nuestras divisiones, aún nos reconocemos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
