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Esta semana, del 24 al 28 de febrero, se realizará en Cartagena la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20, por su abreviatura en inglés). En esta columna muestro que esta conferencia dista de ser un evento intrascendente: la discusión sobre cómo materializar la reforma agraria (RA) es importante al menos por las siguientes cinco razones.
Primero, la RA busca la justicia para el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que han sufrido violencia y discriminación en casi todas partes del mundo. Al favorecer el acceso a la tierra y proteger sus territorios, la RA no sólo permite a estas poblaciones satisfacer mejor sus necesidades, sino que, además, ampara sus formas de vida y sus culturas. Este propósito de justicia ya justificaría cualquier esfuerzo para lograr una genuina RA, pero existen otras poderosas razones a favor de la RA por cuanto ésta no sólo beneficia a las poblaciones rurales discriminadas sino a la sociedad en su conjunto, como lo he argumentado en columnas previas.
En efecto, segundo, la RA permite un desarrollo más robusto e incluyente pues la producción agraria mejorada y un campesinado con más ingresos estimula el mercado interno. Todos los mejores analistas, incluso revistas lejanas de la izquierda como The Economist, coinciden en que la RA fue esencial para el despegue económico de los países que en Asia lograron milagros económicos, como Japón, Corea del Sur o Taiwán.
Tercero, la RA fortalece la democracia: un campesinado con tierra y buen nivel de vida tiende a apoyar el sistema democrático; la RA además debilita el poder de los terratenientes rentistas, que suelen favorecer opciones autoritarias. Ya en el siglo XVII en Inglaterra, en una obra precursora (La República de Oceana), James Harrington planteó que una democracia estable solo puede existir si no hay gran desigualdad en la tenencia de la tierra, por cuanto la concentración de la tierra conduce a la concentración del poder político. Esta tesis de Harrington, en ese momento aún especulativa, ha sido confirmada empíricamente: Barrington Moore, en su clásico libro Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, muestra que la democracia floreció en Francia, Estados Unidos y Reino Unido, en donde hubo reformas agrarias, mientras el fascismo arrasó en Alemania o Japón, en donde ocurrió una modernización sin reforma agraria. Esta tesis también ha sido sustentada por el profesor danés David Andersen, quien evidencia que la democratización de los países escandinavos sólo fue posible gracias a reformas agrarias exitosas.
Cuarto, la RA puede y debe convertirse en uno de los mejores instrumentos para enfrentar el cambio climático: con los apoyos financieros y jurídicos apropiados, la RA permitiría consolidar producciones agrarias sostenibles, como la agroecología, que nos permitan salir del extractivismo y diversificar la economía, como lo sostuvo el colega Sergio Chaparro.
Quinto, y más específico para Colombia, y como lo volvió a sustentar empíricamente Francisco Gutiérrez Sanín, en su notable libro de este año Tierra, guerra, política, la injusticia agraria ha estado profundamente ligada al origen y persistencia del conflicto armado y la violencia en nuestro país. Igualmente, Michael Arbertus mostró que en Perú la RA limitó la severidad de la guerra en ese país: aquellas zonas en que ésta había sido exitosa tuvieron menos violencia que aquellas en que ésta no había sido profunda. Resulta pues iluso pensar en conquistar la paz y la seguridad en Colombia sin una genuina RA.
Con todas estas poderosas razones, ¿puede alguien dudar de la importancia de la ICARRD+20, que se realizará esta semana?
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
