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Esta semana, el gobierno Trump descertificó al gobierno Petro, con el argumento de que Colombia “falló en forma demostrable” frente al narcotráfico. El comunicado oficial sostiene que “los cultivos de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”. Por su parte, Colombia respondió, inicialmente en forma diplomática pero firme, a través de la embajada en Estados Unidos, que esa medida desconocía nuestros esfuerzos contra el narcotráfico: récords históricos en incautaciones, destrucción de laboratorios y extradiciones. Igualmente, señaló que la lucha contra el narcotráfico suponía corresponsabilidad de Estados Unidos pues requería también reducción de la demanda de cocaína y mayor control al tráfico de armas. Posteriormente, con su característica poca diplomacia, Petro trinó que esa descertificación era una injerencia en los asuntos internos de Colombia por parte de Estados Unidos, que quiere un “presidente títere”.
Estados Unidos tiene razón en que los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia han llegado a niveles máximos. Pero el gobierno Petro tiene razón en que en estos años Colombia ha logrado las mayores incautaciones de cocaína de la historia y ha realizado muchísimas extradiciones. Igualmente, Colombia tiene razón en que el consumo de cocaína no ha disminuido sensiblemente en Estados Unidos y que ese país, por su libre comercio de armas, es muy débil en el control al tráfico de armas, lo cual alimenta nuestras violencias. Un caso trágico: la pistola glock 9 mm con la cual fue asesinado Miguel Uribe fue adquirida legalmente en Arizona. La descertificación es además una imposición colonial: Estados Unidos unilateralmente evalúa a los otros países, con la posibilidad de imponerle sanciones igualmente unilaterales, mientras no admite ser evaluado por otras naciones.
En esta discusión polarizada, paradójicamente, tanto el gobierno de Petro como el de Trump tienen algo de razón. Sin embargo, la paradoja mayor es que ambos están equivocados: ambos se mueven en el paradigma de la prohibición cuando es esta la que debe ser evaluada y descertificada por cuanto ha fallado “en forma demostrable” (usando el lenguaje gringo en estas discusiones) en lograr sus propósitos.
La prohibición pretende eliminar el abuso de sustancias como la cocaína criminalizando su producción y comercialización, para restringir o eliminar su oferta. Pero ¿ha logrado ese propósito? No: a pesar de medidas muy drásticas y el aumento de las incautaciones, la oferta ha aumentado básicamente al ritmo del mercado.
Retomo y actualizo cifras de un artículo que publiqué sobre el tema en Análisis Político (“¿Qué hacer con el narcotráfico y las drogas ilícitas en Colombia?”). Los informes mundiales de drogas de UNODC de Naciones Unidas muestran que las interceptaciones de cocaína pasaron de 291 toneladas en 1990, a 712 en 2008 y 1.436 en 2019, lo cual parece un enorme éxito. Sin embargo, en esos mismos años, la producción de cocaína pasó de 771 toneladas en 1990 a 865 en 2008 y a 1.784 en 2019. Un fracaso total, que es confirmado por el informe de este año: en 2023 tuvimos las mayores incautaciones de la historia (2.235 toneladas) mientras que la producción global llegaba a un nuevo récord: 3.708 toneladas.
La prohibición no sólo ha fallado en “forma demostrable” en su propósito de reducir o eliminar la oferta de cocaína, sino que, además, ha tenido efectos colaterales negativos gravísimos: la creación de las mafias del narcotráfico con su violencia y corrupción, las afectaciones a la salud de los consumidores y el deterioro de las relaciones internacionales, entre muchos otros. ¿No deberíamos entonces descertificarla? Claro que sí.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
