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7 Mar 2021 - 3:00 a. m.

Las cifras falseadas de Barbosa

A finales de octubre de 2019, cuando era consejero presidencial de Derechos Humanos, el hoy fiscal general, Francisco Barbosa, afirmó que entre enero y octubre de ese año había habido una reducción de 47 % del número de homicidios de líderes sociales frente a los mismos meses en 2018. Y concluyó que esa reducción mostraba que la estrategia del gobierno Duque (el llamado Plan de Acción Oportuna o PAO) estaba dando buenos resultados.

Esta tesis de Barbosa sobre el impacto del PAO en una supuesta reducción de la violencia es débil metodológicamente, como lo he analizado en otras ocasiones. Pero no voy a hablar de eso, sino que me concentro en un punto de honestidad y transparencia: ¿estaba o no Barbosa diciendo la verdad al afirmar que existía esa caída de esa terrible violencia? Y la respuesta es no.

Barbosa se basó en las cifras de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh), que es una fuente seria e independiente. En ese momento, la información era que en los meses de 2019 los asesinatos documentados de líderes sociales ascendían a 52, mientras que para el mismo periodo de 2018 eran 98. La afirmación de Barbosa parecía sólida y convincente.

Sin embargo, Barbosa distorsionó esa información pues no aclaró que Oacnudh distingue entre casos “documentados”, en que ya confirmó que la persona asesinada era un líder social o defensor de derechos humanos, y casos en “verificación”, en que Oacnudh está aún en ese proceso de confirmación, que puede tomar varios meses, pues esos asesinatos suelen ocurrir en lugares apartados. Barbosa no precisó entonces que la cifra de 2019 era provisional e iba a aumentar significativamente, mientras que la de 2018 estaba prácticamente consolidada. Hoy, según cifras de Oacnudh, entre enero y octubre de 2018 hubo 101 asesinatos de líderes sociales y en esos mismos meses en 2019 fueron 94. Hubo entonces una reducción pero mínima: 7 % frente al 47 % anunciado por Barbosa, lo cual deja sin piso su afirmación de que el PAO estaba logrando una caída drástica de esos asesinatos.

Lo que dijo Barbosa era falso. ¿Fue un error de buena fe de alguien que no entendía el enorme impacto que ese proceso de verificación de Oacnudh tiene sobre las estadísticas de esa violencia? No lo creo, pues no sólo Barbosa se precia de ser la persona más formada de su generación sino que, además, varios, incluyendo HRW, le habíamos advertido en julio de 2019 de ese grave “error” metodológico, cuando lo cometió por primera vez, al anunciar una reducción de 50 % de la violencia contra líderes sociales, supuestamente gracias al PAO. En octubre de 2019 ya Barbosa tenía que saber que la cifra dada en julio era falsa, pero en vez de corregirla, decidió cometer el mismo “error” y anunció una reducción del 47 %. Y así volvió a hacerlo en diciembre de ese año. Y sus “errores” contagiaron al resto del Gobierno pues el presidente y la actual consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, han incurrido en el mismo “error” al hablar de la reducción de la violencia contra líderes sociales.

Este debate sobre estas cifras no es un asunto menor sobre un tema puramente técnico. Estamos frente a un asunto mayor: la deliberada manipulación de la información por uno de los principales funcionarios del país frente a esa vergüenza nacional que es la matazón de líderes sociales. Eso no sólo es en sí mismo gravísimo, pues es un engaño gubernamental deliberado, sino que tiene además una consecuencia terrible: que el Gobierno ha mantenido una estrategia que no funciona y que está permitiendo que esa masacre continúe. ¿Y es a esa persona a quien el Gobierno quiere ahora dejarle la unificación de las estadísticas sobre violencia contra líderes sociales?

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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