El ministro de defensa, Diego Molano, ha estado involucrado en al menos tres casos de falsos positivos. En tres ocasiones ha declarado públicamente como éxitos en la lucha contra el crimen ciertas actuaciones de la fuerza pública en que han sido presentados como peligrosos delincuentes quienes en realidad eran víctimas.
Uno de los casos ocurrió el pasado 18 de marzo, cuando Molano anunció en Pereira que la policía destruiría una edificación que era una olla de microtráfico y una “guarida de atracadores”. Sin embargo, como lo mostró Noticias Uno, todo era un montaje. En esa humilde casa había vivido por décadas una anciana de 93 años, quien había sido trasladada algunas semanas antes a un hogar de paso. La policía engañó al hijo de la señora para entrar a la casa, llevó a unos indigentes, los hizo consumir drogas y los filmó para escenificar una olla.
Este caso es el menos terrible pues no hubo víctimas fatales y la vivienda debía ser demolida por riesgo de colapso. Pero es grave ya que evidencia una rutinización de los montajes y el desprecio por parte de ciertas autoridades hacia el buen nombre de personas vulnerables. Los otros dos casos son aún más graves pues hubo víctimas fatales, incluidos adolescentes.
El segundo tipo de casos son los bombardeos a campamentos de grupos armados que han matado a menores reclutados por esos grupos. El ministro Molano ha justificado esas muertes con el argumento de que esos adolescentes son “máquinas de guerra”, por lo cual son un objetivo militar legítimo. En una columna previa refuté esa tesis: un menor guerrillero es una víctima de reclutamiento forzado por el grupo ilegal y, por lo tanto, debe ser considerado población civil, salvo cuando participe directamente en las hostilidades. Los mandos militares y el ministro deben entonces hacer todos los esfuerzos por verificar si en el campamento que pretenden atacar hay o no menores, conforme al principio de precaución, que establece como deber de todo mando militar verificar si el ataque puede afectar a civiles y, si tal es el caso, minimizar los daños a esa población. Esto es lo que no ha hecho el ministro, por lo cual es un falso positivo presentar a estos adolescentes muertos en los bombardeos como peligrosas máquinas de guerra, cuando en realidad son víctimas de nuestro cruel conflicto armado.
Finalmente, el tercer falso positivo es probablemente el operativo en Putumayo del 28 de marzo en que 11 personas resultaron muertas. Aunque los hechos son confusos y están aún en investigación, los sólidos reportajes de Cambio, El Espectador y Vorágine, junto con las ambiguas explicaciones de las autoridades, indican que el principio de precaución del DIH no fue respetado. En efecto, las fuerzas militares realizaron un ataque a un bazar, en el que había decenas de civiles, para enfrentar a unos pocos guerrilleros y cuando el objetivo militar más valioso (alias Bruno) ya había abandonado el sitio. Todo indica que por esa violación al DIH varios civiles murieron, como el gobernador de un resguardo indígena. Sería entonces otro falso positivo más que civiles víctimas de ese operativo fueran presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Estos falsos positivos son graves porque implican engaños a la opinión pública, sin que el ministro haya nunca rectificado; por ejemplo, a pesar de que el montaje en Pereira ya fue revelado, Molano no ha ofrecido disculpas a la señora y a su familia. Pero la cosa es peor pues esos operativos han implicado graves violaciones a los derechos humanos, por las cuales el ministro debería asumir al menos la responsabilidad política, si es que no tiene también otras responsabilidades.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.