En su última columna, el exfiscal Néstor Humberto Martínez (NHM) sostuvo que los indultos otorgados al M-19 ya no están vigentes. Su tesis es que la Ley 2085 de 2021 derogó, “por contravenir el orden constitucional”, la Ley 77 de 1989, que había sido la base de esos beneficios. Y que, por consiguiente, “la normativa que sirvió para tales indultos es contraria a la carta política, y que contra la Constitución nadie puede alegar derechos adquiridos”, por lo cual queda despejado el camino para perseguir judicialmente a los exintegrantes del M-19.
Esa tesis parece fuerte, pero no lo es: es absurda. Lo de que la Ley 2085 derogó la Ley 77 de 1989 es cierto. Sin embargo, cualquier estudiante de derecho de primer, o máximo segundo semestre, sabe que, por razones de seguridad jurídica, una derogatoria sólo tiene efectos hacia el futuro. Una derogatoria sólo tiene efectos retroactivos (o hacia el pasado) para asuntos muy específicos, como cuando se deroga un delito: por el principio de favorabilidad penal, esa derogatoria beneficia a quienes habían sido condenados por ese delito, que salen libres. Pero este no es el caso. Que se derogue una ley que permitía conceder indultos no implica la anulación de los indultos concedidos mientras regía la ley, pues eso equivaldría a darle efectos retroactivos a una ley penalmente desfavorable, que es contrario a los más elementales principios constitucionales.
El argumento de que la derogatoria fue por razones de inconstitucionalidad no altera en nada que el efecto de la Ley 2085 es hacia el futuro y no hacia el pasado, pues sigue siendo una derogatoria. Pero si había alguna duda, es necesario tener en cuenta que la Ley 2085 no tuvo como propósito discutir los indultos al M-19, sino depurar el ordenamiento jurídico derogando las leyes consideradas inútiles; por ello no sólo derogó la Ley 77 de 1989, sino unas 600 leyes más. Y para evitar traumatismos, en forma expresa y razonable, su artículo 4 (que al parecer NHM no alcanzó a leer) aclara que cualquier derogatoria contenida en esa ley “no afecta ni modifica las situaciones jurídicas concretas” y, en particular, no modifica “las decisiones judiciales ejecutoriadas que se hayan dictado con fundamento en dichos cuerpos normativos”. La Ley 2085 no privó entonces de efectos jurídicos los indultos concedidos al M-19.
Ahora bien, ha habido cuestionamientos jurídicos y éticos a que los indultos al M-19 hubieran cubierto la toma del Palacio de Justicia. Algunos opinan que ya en su momento fueron ilegales, pues el artículo 6 de la Ley 77 de 1989 excluía de ese beneficio a los actos de ferocidad o barbarie. Otros opinan que la toma del palacio fue un crimen de guerra que, según los desarrollos posteriores del derecho internacional en este siglo, no pueden ser indultados. Estos son argumentos sólidos; hoy no sería aceptable un indulto por crímenes como los del Palacio. Sin embargo, para privar de efectos a esos indultos sería necesario un debate jurídico serio y directo y no las argucias sin sustento de NHM. Probablemente sería necesaria incluso una reforma constitucional para otorgar efecto retroactivo a una eventual anulación de esos indultos.
En todo caso, ese camino no parece el mejor pues implicaría que, después de más de 35 años, terminarían sometidos a investigación penal quienes de buena fe dejaron las armas a cambio de ese indulto y han cumplido con la paz. ¿Valdría la pena afectar, después de todos esos años, un proceso de paz que logró amplio consenso y fue exitoso cuando los responsables directos del M-19 por el Palacio están todos muertos? Como lo sostuve en mi última columna, creo que el camino es otro: que el Estado (y en particular el Ejército) y quienes hoy simbólicamente representan al M-19, como el presidente Petro, asuman sus respectivas responsabilidades políticas y morales por las atrocidades de la doble toma del Palacio, pidan explícitamente perdón y se comprometan a brindar toda la verdad posible.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
