Para poder ser presidente el próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella (ADLE) deberá declarar solemnemente, como lo ordena el artículo 192 de la Constitución, que jura a Dios y promete “al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. ADLE jurará entonces cumplir lealmente con los deberes propios del cargo de presidente, entre los cuales están dirigir las relaciones internacionales y ser comandante de las Fuerzas Armadas. Además, el artículo 188 de la Carta señala que el presidente, “al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Igualmente, ADLE se obliga, porque así lo establecen los artículos 8 y 226 de la Constitución, a liderar las relaciones internacionales respetando la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, y no sólo las nuestras sino también las de otras naciones y pueblos. Además, debe dirigir nuestras relaciones internacionales sobre “bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, esto es, poniendo los intereses de Colombia por encima de los de otras naciones.
Este juramento implica para todo nuevo presidente no sólo la adquisición de enormes poderes, como el uso de la Fuerza Pública, sino también la aceptación de serias responsabilidades frente al país y a los colombianos. El problema es que, si ADLE no renuncia previamente a su nacionalidad estadounidense, su juramento del 7 de agosto entraría en contradicción con otro que hizo hace pocos meses para adquirir esa nacionalidad. En ese otro juramento, ADLE juró que renunciaba en forma “absoluta” y “abdicaba de toda lealtad y fidelidad” a Colombia (así, literalmente) y que adquiría el compromiso de apoyar a Estados Unidos, incluso tomando las armas, para enfrentar a aquellos actores que ese país defina como sus enemigos.
Supongamos que, en el marco del Escudo de las Américas, al cual ADLE dijo que Colombia se va a adherir, el presidente Trump le ordena que use nuestro poder militar para bombardear en mar territorial colombiano barcazas con supuestos narcotraficantes, que Trump ha definido como enemigos de su país (a pesar de lo cual, por cierto, no tuvo inconveniente en indultar a un narco condenado: el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández). En esas circunstancias, ¿debe el ciudadano estadounidense ADLE cumplir con esa orden por provenir de su presidente Trump? O ¿debe ADLE, el presidente colombiano, anteponer su deber de garantizar los derechos de los colombianos y abstenerse de realizar lo que es claramente una ejecución extrajudicial? Por cualquier lado que se le mire, ADLE queda atrapado entre dos lealtades y dos juramentos.
Los juramentos no son un asunto menor pues, como lo señaló Hannah Arendt, están ligados a una de las características de la condición humana, que es la imprevisibilidad del futuro. Las promesas nos permiten islas de seguridad que hacen posible la vida en comunidad frente a un futuro que no podemos controlar totalmente. Un juramento, que es una promesa reforzada al ser un acto solemne y público, es entonces una forma de fortalecer la cooperación social y enfrentar la incertidumbre. En el caso del presidente, su juramento es además la concreción del pacto social: los ciudadanos aceptamos que el presidente dirija la Fuerza Pública a cambio de que cumpla con sus deberes constitucionales y proteja nuestros derechos. Por eso, los juramentos no son actos jurídicos menores: quien los incumpla no sólo pierde toda credibilidad, sino que ese hecho tiene implicaciones jurídicas, incluso penales.
Si realmente es un patriota, como ha dicho tantas veces que lo es, ADLE debe renunciar a su nacionalidad estadounidense antes de posesionarse. Si no lo hace, no sólo su juramento el 7 de agosto sería socialmente poco creíble, sino incluso jurídicamente cuestionable, lo cual introduciría nuevas incertidumbres a una situación política ya muy crispada.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
