Los olvidados

Es muy triste que en medio de una total indiferencia se haya hundido el proyecto de humanización de la política criminal y penitenciaria, presentado por el Ministerio de Justicia desde febrero.

Este proyecto es bueno: como lo detallamos en el concepto sistemático elaborado por la Comisión Asesora de Política Criminal, de la cual formo parte, esta iniciativa, aunque tenía unos puntos problemáticos que fueron corregidos en la ponencia para primer debate (como la despenalización de la inasistencia alimentaria) representa un paso importante en la dirección correcta de reducir el uso excesivo de la cárcel en Colombia: la tasa de encarcelamiento ha pasado de 80 por 100.000 habitantes en 1994 a más de 240 en la actualidad.

Este punitivismo no ha mejorado la seguridad ciudadana, pero ha conducido a una crisis carcelaria aguda, una de cuyas expresiones más graves es el hacinamiento: hoy hay unas 126.000 personas privadas de la libertad en Colombia, incluyendo a aquellas que están en los centros de detención transitorios (URI o estaciones de policía), mientras que los cupos carcelarios son unos 90.000. El hacinamiento es, al menos, del 40 % y es dramático en los sitios de reclusión transitoria, que realmente no están equipados sino para mantener a personas detenidas por algunos pocos días.

La inmensa mayoría de las personas privadas de la libertad (con excepción de algunos privilegiados) vive hoy en condiciones tan atroces e inhumanas que la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional en las cárceles en varias oportunidades: sentencias T-388/13, T-762/15 ó SU-122/22. Todo esto ya es gravísimo, pero es además una bomba de tiempo ya que podría llevar a tragedias aún mayores.

El proyecto busca entonces reducir el hacinamiento y mejorar la situación de las cárceles sin afectar la seguridad ciudadana para lo cual le apuesta a dos estrategias complementarias: i) la justicia restaurativa, cuyos resultados comparados en el mundo son muy prometedores, no solo para evitar la reincidencia sino para mejorar la convivencia y satisfacer mejor los derechos de las víctimas; y el ii) fortalecimiento de los procesos de resocialización, mejorando las condiciones de las prisiones y los procesos de reincorporación progresiva a la sociedad de las personas privadas de la libertad, lo cual también debería contribuir a reducir la reincidencia y, por esta vía, a mejorar la seguridad. Esto, acompañado de otras medidas de política criminal como una mejor focalización de la investigación penal en los delitos graves y el fortalecimiento de las estrategias de prevención del delito, debería permitir limitar el uso de la cárcel y reducir el hacinamiento, sin desproteger la seguridad pública ni los derechos de las víctimas.

A pesar de su importancia y urgencia, el proyecto murió sin pena ni gloria. No tuvo siquiera un primer debate. No recuerdo ningún trino ni declaración indignada del presidente por su hundimiento. Las principales fuerzas políticas, sea de la coalición gubernamental o de la oposición, no parecen tampoco haber reconocido la urgencia e importancia de este proyecto. Tampoco recuerdo a muchos periodistas u opinadores (entre los cuales me incluyo) que hayan expresado una clara indignación porque no hubiera sido siquiera debatido un proyecto que tomaba pasos para enfrentar nuestra atroz crisis carcelaria.

Esta indiferencia política y ciudadana frente a la suerte de un proyecto bien orientado lo que parece mostrar es, a su vez, una profunda indiferencia o, incluso, repugnancia frente a los presos y su terrible situación: son los olvidados de la política criminal.

(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.