La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a Colombia por el genocidio de la Unión Patriótica (UP) debería llevarnos a impulsar cambios profundos en nuestra aún precaria democracia.
La sentencia es inequívoca: los más de 6.000 crímenes contra militantes de la UP, entre los cuales más de 3.000 fueron asesinatos y más de 500 desapariciones forzadas, no fueron acciones aisladas perpetradas por unas manzanas podridas o por algunos pocos grupos criminales. Fue “un plan de exterminio sistemático de los militantes e integrantes de la UP llevado a cabo por actores estatales y/o terceros con la tolerancia o...
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