La idea del gobierno Petro de lograr una constituyente el año entrante a través de la llamada “octava papeleta” no sólo carece de sustento jurídico, sino que es políticamente muy confusa.
La propuesta del Gobierno, según explica un video del ministro de Justicia, es llamar a los ciudadanos a que, en las elecciones de marzo, voten por una constituyente para que ese “hecho político” permita convocar una asamblea que adopte una nueva constitución y rediseñe institucionalmente al país. Sin embargo, esa propuesta no es una teoría jurídica ingeniosa, sino que es simplemente un disparate.
Como lo sostuvo Herbert Hart, en derecho hay casos difíciles y casos fáciles. En los primeros, debido a indeterminaciones del orden jurídico, existen razonables discrepancias incluso entre los mejores jueces y abogados; en los segundos, en cambio, todos los juristas competentes coinciden en la solución porque los hechos, las normas y los procedimientos son claros. Y este caso es fácil: no es posible iniciar jurídicamente un proceso constituyente a través de una votación convocada por el Gobierno, debido a que el primer paso para una constituyente, conforme al artículo 376 de la Constitución, es que el Congreso apruebe una ley que defina la competencia, el periodo y la composición de la asamblea. Y sólo después de que esa ley haya sido revisada y validada por la Corte Constitucional se procedería a una votación para que la ciudadanía decida si aprueba o no la constituyente.
Esos dos pasos (ley y revisión de la Corte) no pueden ser eludidos, por lo cual la pretensión del Gobierno de saltarse al Congreso e iniciar el proceso con una votación ciudadana en marzo es jurídicamente imposible. Sería una ruptura constitucional. Y, además de la falta de cualquier base jurídica, esa “octava papeleta” es políticamente confusa, pues no aclara los siguientes tres puntos esenciales.
Primero, ¿qué se busca realmente con esa constituyente? El video del ministro habla de una nueva Constitución, pero el presidente ha sostenido en varios trinos que no se pretende sustituir la Carta de 1991 sino, por el contrario, lograr su materialización. ¿Al fin qué?
Segundo, ¿por qué sería necesaria una constituyente? El Gobierno no ha señalado claramente cuáles son las reformas constitucionales tan claves que requieran ese procedimiento extraordinario. Por ejemplo, un argumento recurrente de Petro para justificar la constituyente ha sido la necesidad de enfrentar el cambio climático. Pero esa tesis es equivocada: en una columna hace un año mostré, con varios ejemplos jurisprudenciales, que tenemos un marco constitucional robusto en este campo. Lo que nos faltan son mejores políticas públicas de mitigación y adaptación, pero no es necesaria una reforma constitucional para hacerle frente a la crisis climática.
Tercero, suponiendo que el Gobierno aclarara los dos puntos anteriores y mostrara la necesidad y el propósito de una constituyente, subsiste una obvia pregunta: ¿por qué recurrir a una vía extrainstitucional y divisiva, como esa octava papeleta, cuando existe la posibilidad de convocar una asamblea por medios constitucionales? ¿Por qué el Gobierno no procede a presentar la correspondiente ley al Congreso?
No debemos sacralizar la Constitución de 1991, ni demonizar la posibilidad de una constituyente. Nuestro ordenamiento constitucional requiere ajustes institucionales y es posible que algunos (como adoptar una forma parlamentaria de gobierno) necesiten de una constituyente, con competencia limitada y concreta. Esas discusiones deben hacerse, pero lo que es irresponsable es que el Gobierno promueva una constituyente confusa y sin bases jurídicas que no sólo incrementa la polarización, sino que pone en riesgo ese marco común de entendimiento entre los colombianos que hasta ahora ha sido la Constitución de 1991, que nos ha permitido avances democráticos indudables.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
