¿Posesión presidencial en guarnición militar?

El debate suscitado por la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella (ADLE) de posesionarse en una guarnición militar puede parecer un tema nimio, incluso folclórico. Pero no lo es: una posesión presidencial en un cuartel expresaría simbólicamente una voluntad de militarizar el poder ejecutivo, contraria a las mejores tradiciones republicanas. Y los símbolos no son insignificantes para los seres humanos, que somos animales ceremoniales, como enfatizaba el filósofo Wittgenstein.

La democracia constitucional está fundada en el respeto a la voluntad popular, por lo cual las fuerzas militares y policiales, que son necesarias para proteger la soberanía, la integridad territorial y el orden público, tienen que estar subordinadas al poder ejecutivo civil, que surge de las elecciones. Las mejores democracias enfatizan entonces, tanto en sus normas como en sus rituales, dos principios fundamentales: i) que el presidente, aunque sea el comandante de la Fuerza Pública, es un civil y nunca un militar, incluso si alguna vez lo fue, ya que su poder no se lo conceden las armas sino la voluntad popular; y ii) que las fuerzas armadas están subordinadas al poder civil.

Colombia ha siempre adherido a una tradición civilista y republicana y por eso, tanto en sus símbolos como en sus normas, ha establecido que el presidente es civil y que las fuerzas armadas le están subordinadas. La posesión del presidente, que es un acto político, debe entonces realizarse ante el Congreso, que representa al pueblo (Constitución Política arts. 132 y 191), y no ante la Fuerza Pública, que no es jurídicamente deliberante (CP art. 219). La cúpula militar participa en esa ceremonia, al lado de los poderes civiles, precisamente para expresar su subordinación al nuevo presidente. Esta, además, es confirmada días después en otra importante ceremonia, que se realiza, ahí sí, en una instalación militar: en ella, las fuerzas militares reconocen explícitamente al presidente como su jefe supremo.

Otros países, como Estados Unidos, al que tanto admira ADLE, han también subrayado el carácter civil de la presidencia. Un ejemplo notable ha sido la actitud al respecto de los tres generales triunfantes que llegaron a ocupar ese cargo: George Washington, Ulysses Grant y Dwight Eisenhower, vencedores respectivamente de la guerra de Independencia, de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial. Los tres llegaron a la presidencia impulsados en gran parte por sus éxitos militares, pero, una vez electos, abandonaron cualquier simbología marcial. No volvieron a usar uniformes militares, nunca realizaron saludos militares y a ninguno se le ocurrió hacer su posesión en una guarnición militar. Tenían claro que su presidencia no venía de las armas sino de la voluntad popular y que no podían ni debían involucrar a las fuerzas armadas en las controversias políticas. Por el contrario, quienes en las Américas han recurrido a símbolos militares en la presidencia han solido ser gobernantes autoritarios, tanto de izquierda (como Chávez o los Castro) como de derecha (Trujillo, Pinochet o Videla).

La posesión de ADLE en una instalación militar alteraría gravemente nuestros rituales civilistas de transmisión del poder, por lo cual sería muy negativa: incrementaría la crispación política que estamos viviendo; metería a las fuerzas militares en un ambiente político polarizado pues las pondría en tensión entre las órdenes del presidente saliente y el entrante; y alimentaría la militarización de la vida social. La posesión podría además ser cuestionada judicialmente por desconocer los principios constitucionales mencionados.

ADLE debería abandonar esa pretensión insensata de posesionarse en una guarnición militar. Y si persiste en ella, el Congreso debería mostrar su independencia y su adhesión a nuestra larga tradición civilista y negarse a cambiar su sede, para que la posesión se realice en el lugar en donde siempre se ha hecho: en el Congreso en la plaza de Bolívar.

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.