21 Nov 2021 - 5:30 a. m.

Providencia: ¿reconstrucción o redestrucción?

Después de un año del huracán Iota, que arrasó Providencia, uno no sabe qué indigna más de la reacción del Gobierno nacional: si su desidia en la reconstrucción de la isla, que para que sea genuina debe ser realizada en concertación con la población local, o su diligencia para otros proyectos, como una estación de guardacostas, que no es prioritaria y ha sido rechazada por los raizales.

Después del huracán, Duque declaró por un año una “situación de desastre” en el archipiélago (Decreto 1472/2020), lo cual le confirió facultades excepcionales, como la flexibilización de la contratación pública.

Nadie se opuso a esa medida pues la reconstrucción de Providencia era urgente. Pero había preocupación ya que la experiencia comparada ha mostrado que la reconstrucción después de una catástrofe puede conducir al acaparamiento de las tierras y la aniquilación de las formas de vida de las poblaciones locales. La reconstrucción puede resultar más destructora que la catástrofe.

La razón es clara: la extrema vulnerabilidad y las urgencias de las poblaciones afectadas pueden llevarlas a vender sus tierras a bajo precio. Este riesgo era claro en Providencia porque es una isla atractiva a grandes inversiones turísticas y hay alta informalidad en la tenencia de la tierra. Igualmente existía el peligro de que, debido al carácter estratégico de la isla, el gobierno aprovechara la emergencia para imponer medidas rechazadas desde hace años por los raizales, como la base de guardacostas. Por eso muchos insistimos en que era importante implementar medidas como el congelamiento del mercado de tierras en la isla y, en especial, la activación de la consulta previa con los raizales, no sólo por ser una obligación constitucional, sino por cuanto permite involucrar a los locales en las decisiones sobre su futuro.

Un año después estos temores se han visto infortunadamente confirmados. La reconstrucción genuina anda a paso de tortuga. Muchos pobladores viven aún en carpas. El “hospital” (por llamarlo de alguna manera) que “provisionalmente” había sido instalado en una carpa sigue operando en una carpa, la pandemia está afectando gravemente a la isla y no hay refugios apropiados frente al riesgo de huracanes.

Esto ya es muy grave, pero tal vez más grave aún es que la población local no ha sido genuinamente consultada, con lo cual sus prioridades no han sido respetadas. Las escuelas, el hospital, las viviendas y las formas tradicionales de turismo no han sido priorizadas en la reconstrucción, a pesar de que interesan a los locales, según entrevistas realizadas por Dejusticia. Esta falta de consulta agudiza además los riesgos ambientales por el desprecio del conocimiento ancestral que tiene la comunidad para enfrentar estos peligros. Y para agravar las cosas, los líderes raizales han empezado a ser amenazados sin que haya respuestas adecuadas de las autoridades. En cambio, el gobierno prioriza la base de guardacostas, que no sólo ha sido rechazada reiteradamente por los raizales sino que avanza con dolorosas medidas de hecho, como la instalación de un muelle flotante precisamente en el lugar en que se encontraba el de la cooperativa de pescadores Fish and Farm.

El gobierno está entonces usando la declaración de “situación de desastre” en el archipiélago, pero no para lo que toca, que es reconstruir Providencia según el plan de vida de los raizales, sino para lo que no toca, que es imponerles otras prioridades. La reconstrucción puede terminar entonces siendo más destructora que Iota. Por eso preocupa la prolongación de esos poderes de emergencia por un año más (Decreto 1482/2021), pues además flexibiliza la contratación en plenas elecciones y sin ley de garantías.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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