Que la polarización no mate la jurisdicción agraria

Colombia necesita desde hace rato una jurisdicción agraria (JA), esto es, una justicia especializada que tenga presencia en la ruralidad, comprenda las particularidades de sus conflictos y pueda resolverlos pacíficamente y en forma ágil e integral. Y estamos a punto de lograrla, pues hay acuerdos políticos para aprobar el proyecto que la regula en las plenarias de las cámaras. No es la JA que muchos quisiéramos porque, infortunadamente, por sugerencias e injerencias de las cortes, su marco constitucional no es el mejor. A pesar de ello, la aprobación de la ley de JA sería un paso muy importante en la dirección correcta ya que favorece la democracia, el desarrollo, la paz y la seguridad rural. Pero ese avance podría estar en riesgo por la actual crispación política.

Una JA especializada no sólo es esencial para el campesinado al favorecer su acceso a la justicia, sino que es buena para todo el mundo. Reduce la violencia pues la ausencia de una verdadera JA ha llevado a que muchas disputas rurales terminen en enfrentamientos de hecho. Además, una buena JA, lejos de ser una amenaza a los derechos de propiedad, los consolida, pues los vuelve más sólidos y ciertos al tener ahora mejor protección judicial. La JA, aunque no está llamada a ejecutar la reforma agraria, favorece su avance, ya que no sólo garantiza la protección y recuperación de los baldíos indebidamente apropiados, con lo cual aumenta la tierra disponible para ser adjudicada a los sujetos de reforma agraria, sino que es, además, una forma de fortalecer la presencia institucional en los territorios. Esto es necesario para lograr reformas agrarias efectivas, como lo han mostrado muchos estudios, entre ellos el reciente artículo del profesor danés David Andersen sobre la reforma agraria y la democratización de los países escandinavos.

El marco constitucional para la JA, aprobado en la reforma constitucional de 2023, no es el mejor. La razón: el Consejo de Estado y la Corte Suprema se opusieron exitosamente a que el órgano de cierre de esta JA fuera una nueva corte agraria, pues la consideraron una carga burocrática innecesaria. El Congreso les creyó y entonces no hay corte agraria, por lo cual la función de fijar la jurisprudencia agraria seguirá fragmentada entre la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Esto es un problema, no sólo por los posibles conflictos de competencia entre ambos tribunales, sino porque debilita la consolidación de un derecho agrario coherente, con sus principios propios y conocimiento apropiado de la realidad rural. A pesar de ese defecto del marco constitucional, con el cual tendremos que convivir, el proyecto de ley que regula el procedimiento y la competencia de la JA es apropiado para poner en marcha esta jurisdicción, sobre todo gracias a que fue ajustado y concertado por el Gobierno con quienes tenían dudas sobre el texto, como sectores de la oposición o ambientalistas muy respetados, lo cual muestra que los acuerdos son aún posibles.

El problema es que estamos viviendo una muy dura polarización, debido a la falta de grandeza recíproca tanto de la oposición como del Gobierno, que han antepuesto sus arrogancias y cálculos electorales a las necesidades nacionales. Esta crispación política se ha visto incrementada por los debates sobre la consulta popular. Ojalá que esa polarización corrosiva, que es muy distinta a una discusión democrática vigorosa entre perspectivas diversas, se reduzca. Pero, en todo caso, ojalá la crispación actual no termine por arrastrar y hundir el proyecto que regula la JA y, en las próximas semanas, podamos celebrar su puesta en marcha.

Adenda: En un artículo detallado en La Silla Vacía explico y sustento por qué Héctor Carvajal no debería ser electo a la Corte Constitucional.

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.