Sobre la dictadura venezolana

“Romper relaciones diplomáticas con Venezuela puede contribuir a un aislamiento dictatorial tipo Nicaragua”: Rodrigo Uprimny.

Foto: EFE - Ronald Peña R.

Tengo algunas certezas sobre la situación venezolana actual con la posesión de Maduro para un nuevo período presidencial, pero tengo igualmente dudas sobre qué deberíamos hacer desde Colombia para contribuir a una transición democrática en ese país hermano. Comparto estas certezas y dudas para intentar encontrar salidas lúcidas frente a esta dolorosa crisis.

No me cabe duda de que la Venezuela de Maduro es una dictadura. Afirmo esto no a la ligera sino tomando en cuenta tres criterios básicos que desde la teoría política se usan para caracterizar a un régimen de esa manera.

Primero, el Estado de derecho ya no existe en Venezuela por la aniquilación de la separación de poderes. Este proceso empezó hace muchos años, especialmente a partir de 2004, en que Chávez, a través de una ley de reforma del Tribunal Supremo, cooptó ese tribunal y fue convirtiendo a la justicia en un apéndice del Gobierno. Antes había algún decoro y algunas formas eran respetadas. Hoy la situación es burda, como lo ilustró la actitud sumisa del Tribunal Supremo cuando Maduro le pidió, bueno, le exigió, que certificara que no había habido fraude electoral. Pocos días después el tribunal obedeció y concluyó, oh sorpresa, que la elección había sido limpia.

Segundo, en Venezuela los derechos humanos están siendo sistemáticamente violados, como lo evidencian las detenciones y condenas arbitrarias de opositores o activistas de derechos humanos. Una de las últimas fue la desaparición de Carlos Correa, defensor de derechos humanos y director de Espacio Público quien, en un episodio que recuerda a las dictaduras militares del Cono Sur, fue detenido el pasado martes en Caracas por encapuchados y se desconoce su paradero. La lista de otras barbaridades semejantes es larga.

Tercero, por el irrespeto al proceso electoral. Durante Chávez, el Estado de derecho se había debilitado y ocurrían arbitrariedades, pero al menos las elecciones eran respetadas. Chávez ganó todas sus elecciones y por ello algunos analistas hablaban de un régimen autoritario pero electivo. Incluso eso desapareció con Maduro pues el fraude en las elecciones de julio fue no sólo claro sino burdo y monumental, como lo sostuve en columnas anteriores.

Esas son mis certezas. Mis dudas tienen que ver con la dimensión más pragmática: ¿qué deberíamos hacer desde Colombia? Y no hay respuesta fácil.

Los llamados a romper relaciones diplomáticas con Venezuela me parecen equivocados pues esa decisión no sólo afectaría a Colombia en muchos aspectos (inmigración, comercio fronterizo, seguridad, etc.) sino que puede contribuir a un aislamiento dictatorial peor de Venezuela, tipo Nicaragua. Petro tiene razón en no tomar ese camino. Sin embargo, su posición me parece tibia, por usar el lenguaje de muchos petristas, cuando en sus trinos dice que en las elecciones de Venezuela no hubo garantías y que por eso deben ser repetidas. La realidad es que, a pesar de la falta de garantías, la oposición ganó las elecciones presidenciales y ese hecho no puede ser ignorado.

Entre estos extremos tenemos que encontrar estrategias pragmáticas pero fundadas en principios democráticos, que faciliten la transición democrática y al mismo tiempo protejan nuestros intereses nacionales. Confieso que no tengo respuesta, pero tenemos que esforzarnos por encontrarla. Y en todo caso no podemos retroceder en ciertas cosas esenciales, como las garantías a la población migrante venezolana en Colombia. Por eso es lamentable que cuando la dictadura de Maduro se endurece, el gobierno Petro esté reviviendo el PEP, ahora para representantes o custodios de menores de edad venezolanos, y creando una visa de visitante, cuyo costo es el mismo que el de una visa de estudiante, dura apenas dos años y no tiene posibilidad de renovación.

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.