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El gobierno de Trump ilustra los peligros del presidencialismo y de un sistema electoral mayoritario como el de los Estados Unidos, que conduce casi irremediablemente al bipartidismo. Para sustentar esta tesis, hagamos un experimento mental.
Supongamos que el ascenso de una extrema derecha agresiva y peligrosa, como la representada por Trump, ocurre en unos Estados Unidos con un diseño constitucional distinto: una forma parlamentaria de gobierno con un sistema electoral proporcional, que estimula el multipartidismo. Piensen en países como Alemania, Austria o Italia.
En ese caso, probablemente el ascenso de la extrema derecha, representada a inicios de siglo por figuras como Newt Gingrich o el Tea Party, no hubiera terminado por tomarse el partido Republicano. La dinámica hubiera sido distinta. Dado que el sistema electoral proporcional facilita la formación de nuevas fuerzas políticas, esa derecha radical hubiera dividido a ese partido, que también tenía figuras conservadoras pero decentes y que rechazaban el extremismo, como Mitt Romney o John McCain. Hubieran surgido probablemente dos partidos: uno de extrema derecha y otro conservador, como en Austria o Alemania.
Es igualmente posible que, por la adhesión de Bill Clinton al neoliberalismo, el partido Demócrata también se hubiera fracturado y hubieran surgido dos fuerzas distintas: un partido liderado por Clinton, de estirpe neoliberal pero también defensor de las libertades y de ciertas minorías, y otro más de izquierda, con figuras como Bernie Sanders o Elizabeth Warren a su cabeza, que retomaría la tradición del New Deal de Roosevelt: una especie de socialdemocracia gringa.
En un sistema así, es poco probable que un solo partido lograra la mayoría absoluta en el parlamento; y, como es un régimen parlamentario, quien pretenda ser primer ministro tendría que hacer alianzas para lograr las mayorías parlamentarias, por lo cual probablemente sería un gobierno de coalición. Esto tiene dos efectos decisivos: i) las elecciones son menos polarizadas que en un régimen presidencial, en el cual quien gane, aunque sea por un voto, se lleva todo el poder ejecutivo, por lo cual la lucha es a muerte; y ii) el partido que logre más votos y ponga primer ministro no podrá gobernar en forma extrema, pues tendría que tomar en consideración las visiones de los otros partidos de la coalición. Por eso la extrema derecha, aunque fuera la fuerza más votada y lograra liderar el gobierno, no podría imponer cambios tan radicales y nocivos como los que está haciendo Trump.
Comparemos Italia con los Estados Unidos: Giorgia Meloni, líder de la extrema derecha, logró ser primera ministra al ser la fuerza más votada en 2022. Pero la elección fue menos divisiva que la de Trump, y Meloni ha tenido que moderar sus posiciones para mantener la confianza del parlamento y poder gobernar. En cambio, Trump ganó la elección por menos de 2 % de los votos totales, un punto que no suele destacarse con la idea de que su triunfo fue abrumador; y, sin embargo, Trump se llevó todo el poder ejecutivo y hoy gobierna cual emperador, suprimiendo instituciones valiosas como Usaid o cambiando reglas de nacionalidad con simples órdenes ejecutivas.
Tengo claro que el ascenso de la extrema derecha en Estados Unidos no surge sólo del diseño constitucional de ese país: responde a complejas fuerzas sociales y culturales y ha sido, además, fruto de una estrategia deliberada apoyada por billonarios como los hermanos Koch, como lo muestra el documental de DW, “El auge de la ultraderecha en la política de EE.UU”. Pero con esta conjetura quiero reiterar una tesis sostenida en una columna previa: los diseños constitucionales son importantes pues algunos facilitan el declive democrático mientras que otros pueden prevenirlo. Un debate pertinente también para América Latina.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
