La suerte de una posible transición a la democracia en Venezuela no puede quedar únicamente en manos de negociaciones poco transparentes entre el gobierno de Trump y el régimen madurista aún en el poder, que son actores cuyo compromiso con la democracia es pobre, por decir lo menos. Por eso, un grupo amplio de académicas y académicos de América Latina y de países de otras regiones hemos suscrito un llamado a que los gobiernos democráticos de América Latina constituyan una especie de “Grupo Contadora” a favor de la transición democrática en Venezuela, cuyo texto está disponible en la página web del Centro de Derechos Humanos de la UCAB (Universidad Central Andrés Bello). En esta columna sustento el sentido de esta iniciativa e invito a quienes quieran adherir a ella a que lo hagan.
La idea central es que los gobiernos democráticos de América Latina deben jugar un papel más activo frente a la situación venezolana: una coalición de Estados latinoamericanos comprometidos con la democracia, junto con otros aliados internacionales y con el respaldo de la academia y del sistema internacional de derechos humanos, en especial del sistema interamericano, podría poner en el centro de las preocupaciones de la comunidad internacional la recuperación de la democracia en Venezuela. Esta iniciativa sería entonces un contrapeso al unilateralismo de Estados Unidos, cuya intervención en Venezuela se ha centrado en proteger sus propios intereses. El plan presentado por Marco Rubio para Venezuela el 7 de enero plantea que la “transición” es el último punto y ni siquiera habla de que sea una transición democrática.
En este contexto, la experiencia del llamado “Grupo Contadora” puede ser inspiradora, por lo cual es necesario hacer un poco de historia: en 1983, México, Colombia, Panamá y Venezuela crearon el llamado “Grupo Contadora”, que tomó ese nombre por la isla panameña en donde fue ideado. Los años ochenta fueron turbulentos y difíciles para América Latina: estábamos en plena Guerra Fría con conflictos armados muy crueles en varios países centroamericanos, como El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Las tensiones regionales eran muy fuertes y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, con un espíritu imperial semejante al de Trump, intervenía unilateralmente en estos países en defensa de los intereses norteamericanos. El Grupo Contadora buscó la resolución pacífica de los conflictos armados y evitar su internacionalización militar; igualmente promovió la transición democrática y la cooperación regional.
Otros países de América Latina (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) adhirieron en años ulteriores al Grupo Contadora, que también logró el respaldo de la ONU, de la OEA y de la Comunidad Europea. Este Grupo Contadora fue entonces un contrapeso al intervencionismo unilateral de Reagan y tuvo impactos muy positivos: creó un marco común de negociación regional y redujo la polarización diplomática, con lo cual contribuyó en forma importante a los avances de la paz y la democracia en Centroamérica. En especial, los llamados Acuerdos de Esquipulas, viabilizados por el Grupo Contadora, fueron esenciales para la pacificación y la democratización de la región en esos años.
Soy consciente de las divisiones existentes hoy en América Latina, como lo han mostrado las recientes y decepcionantes reuniones de la CELAC; igualmente tengo claro que el gobierno Trump no está abierto a que otros países jueguen un rol en la crisis venezolana. Sin embargo, la experiencia del Grupo Contadora muestra que los Estados democráticos latinoamericanos, cuando se juntan, pueden jugar un papel regional significativo, incluso en contextos muy difíciles. Una especie de Grupo Contadora para la transición democrática en Venezuela tiene entonces sentido; los gobiernos democráticos de la región tienen una enorme responsabilidad en este campo.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
