Un impuesto saludable

En un país como Colombia, en el que la desnutrición es alta y aún mueren niños de hambre, parece una tontería preocuparse de que exista un consumo excesivo de azúcar. Algunos pueden incluso asegurar que la defensa del impuesto a las bebidas azucaradas es un embeleco de despistados activistas, pero no es así.

Es obvio que debemos seguir esforzándonos por erradicar el hambre: es una vergüenza que en un país de ingreso medio alto como Colombia esta subsista. Pero no por ello debemos dejar de enfrentar los daños ocasionados por el consumo excesivo azúcar, ya que estamos frente a una de las evoluciones más preocupantes en salud pública de las últimas décadas: el doloroso incremento de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, como las dolencias cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes o ciertas formas de cáncer. La gran mayoría de las muertes tempranas hoy en el mundo se debe a esas enfermedades, como lo destacó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema que salió esta semana.

Un factor determinante de esas enfermedades es el sobrepeso, especialmente cuando llega a obesidad, que es una condición médica que ha crecido no solo en los países ricos, sino también en Colombia. Las tres encuestas nutricionales hasta ahora realizadas (la llamada ENSIN, que ojalá sea actualizada) demuestran que la situación es ya muy seria y que, además, se está agravando. Como lo destacó el trabajo de Dejusticia “Impuesto a las bebidas azucaradas: una idea a favor de la salud pública”: en 2005, las personas entre 18 y 64 años con sobrepeso u obesidad representaban el 46 % de esa población; ese porcentaje subió al 51 % en 2010 y llegó al 56 % en 2015. Y no es una dolencia de ricos. Según la encuesta de 2015, las personas con obesidad representaban el 17 % de la población de menor ingreso, casi igual al 19 % en el estrato de mayor ingreso.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de Salud) coinciden en señalar que el consumo de azúcar es no solo uno de los factores que más contribuye a la obesidad, sino que, además, está ligado al desarrollo de la diabetes tipo 2.

El azúcar sabe rico y tenemos incluso una cierta predisposición evolutiva a que nos guste, pero las consecuencias de su consumo excesivo no son dulces. Y en Colombia nos estamos excediendo, en gran parte, debido al consumo muy extendido de bebidas azucaradas, que no son realmente un alimento: no aportan nutrientes sino solo azúcar y calorías en importantes cantidades.

Es, pues, una urgencia de salud pública reducir el consumo de bebidas azucaradas. Y para ello una medida que ha mostrado ser efectiva es el establecimiento de un impuesto específico sobre esas bebidas, semejante al aprobado en nuestra reforma tributaria del año pasado, que incentiva al consumidor a sustituir esos productos por otras bebidas no azucaradas. Un estudio de la OPS de 2021 (“La tributación de las bebidas azucaradas en la Región de las Américas”) sistematizó los resultados de las principales investigaciones sobre el tema y concluyó que esos impuestos son “una política eficaz y basada en la evidencia” para reducir el consumo de esas bebidas, prevenir la obesidad y combatir en general las enfermedades crónicas no transmisibles.

Los impuestos a las bebidas azucaradas son entonces un avance significativo para la salud en Colombia, aunque hay preocupación por cuanto fueron demandados ante la Corte Constitucional. Creo, sin embargo, que esa alarma es infundada, pues, como trataré de explicarlo en otros escritos y ya lo mostraron varias intervenciones de la sociedad civil ante la Corte, como las de Dejusticia o del Colectivo José Alvear Restrepo, esos impuestos saludables tienen un sólido respaldo constitucional.

(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.