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El pasado 30 de agosto, Abelardo de la Espriella (ADLE) dijo en una alocución que procedía a cumplir la sentencia de tutela proferida cuatro días antes por el juez quinto laboral del circuito de Bogotá, quien le ordenó disculparse por haber violado el principio constitucional de laicidad en la posesión presidencial.
Aparentemente este discurso del presidente en que ofreció excusas es positivo porque habría acatado rápidamente un fallo judicial en su contra. Estaría concretando su promesa de campaña de que tendría una irrestricta “lealtad a la constitución”. Sin embargo, un examen más atento muestra que ese “cumplimiento” del fallo fue en realidad una burla, que en otras circunstancias sería risible pero no lo es por la gravedad de lo que implica: un presidente dispuesto a usar leguleyadas, no sólo para evadir órdenes judiciales, sino para despreciar a la justicia y el orden constitucional. Veámoslo.
En su sólida sentencia, el juez constató que la posesión presidencial incluyó símbolos católicos (como la estatua de la virgen de Fátima) y en ella participaron tres religiosos: un arzobispo católico, un rabino judío y un pastor protestante, quien puso a rezar a la audiencia. El juez mostró que esas manifestaciones religiosas en una posesión presidencial, que no se habían dado ni siquiera durante la confesional Constitución de 1886, no respetaron los criterios señalados por la Corte Constitucional (por ejemplo, en la reciente sentencia SU-454 de 2025) para que ese tipo de expresiones sean posibles en actos estatales. Y concluyó que ADLE había violado el carácter laico de nuestro Estado y la libertad religiosa de los tutelantes, y le ordenó pedir disculpas “por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado” y manifestar “que se abstendrá de incurrir en conductas que lleven aparejada su inclinación a la iglesia católica o a cualquier otro credo particular”.
¿Qué hizo entonces ADLE para “cumplir” la tutela? Dijo que ofrecía excusas, pero no por haber violado la laicidad sino porque eventualmente ese acto “pudo haber generado incomodidad” o haber “ofendido a alguna persona”. Además, pocos segundos antes reivindicó su derecho a expresar su religiosidad católica públicamente, sin señalar que lo haría con la “especial prudencia” con la cual debe actuar en este campo todo alto funcionario para respetar la separación iglesia-Estado, como lo recordó la sentencia T-124 de 2021. Desconoció entonces la otra parte de la orden de tutela, que era abstenerse de incurrir en conductas semejantes. Pero eso no es todo: inmediatamente después de excusarse, ADLE gritó, con el puño en alto, “Viva Cristo Rey”.
Con este discurso, ADLE busca eludir la acusación de que no respeta los fallos judiciales pues dirá que ofreció excusas, como le fue ordenado. Pero esta leguleyada es más propia de un litigante mañoso que de un presidente, quien no sólo juró respetar la Constitución, sino que debe garantizar nuestros derechos y libertades y tomar las medidas necesarias para que las decisiones judiciales sean efectivas (arts. 188, 192 y 201). Y en realidad ADLE se burló de la sentencia y de la justicia porque no pidió excusas por haber violado la Constitución y, en vez de comprometerse a respetar la laicidad, mantuvo agresivamente sus expresiones religiosas.
Conviene recordar que “Viva Cristo Rey” no es un grito inocente: fue el lema de los católicos que se levantaron en armas contra el Estado mexicano y dio lugar a la muy cruenta “Guerra Cristera”, que ocasionó unos 250 mil muertos entre 1926 y 1929. Igualmente fue usado en la atroz Guerra Civil Española por los grupos carlistas, que defendían el restablecimiento de una monarquía católica absolutista. “Viva Cristo Rey” no es entonces un lema espiritual que llame a la unidad, sino una divisa para desencadenar cruzadas religiosas. ¿Será ese el propósito de ADLE?
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
