Abelardo de la Espriella (ADLE) ordenó localizar y deportar en forma rápida y masiva a migrantes en situación irregular, que son esencialmente unos 850.000 venezolanos, entre los cuales hay 193.000 niños, niñas y adolescentes. Su justificación: “Devolverle a Colombia la seguridad y la tranquilidad con hechos contundentes”, porque “primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Esta decisión es inaceptable desde todo punto de vista y ojalá sea revertida. Por límites de espacio me concentro en seis objeciones.
Primera, porque es inhumana. Tenemos un deber ético de esforzarnos por acoger a los migrantes venezolanos, que viven situaciones muy difíciles, huyendo de una dictadura atroz y de una catástrofe social, como lo mostró, por ejemplo, el estudio que hicieron colegas de Dejusticia sobre la experiencia de mujeres migrantes cuidadoras en Bogotá. Además, tenemos también una deuda de gratitud con Venezuela que, en décadas pasadas, recibió a millones de colombianos que en ese momento migraron a ese país. El anuncio de ADLE, en cambio, cierra ese camino y estimula la xenofobia.
Segunda, porque es divisiva. En vez de concentrarse en buscar unirnos para atender las consecuencias del terremoto, ADLE prefirió romper uno de los pocos consensos existentes entre la izquierda, el centro y la derecha: que debemos tener una política generosa con los migrantes venezolanos. Santos inició esa política migratoria y Duque la robusteció al crear el PEP, que logró regularizar a cientos de miles de personas. Petro retrocedió y debilitó la política, pero no la abandonó. El anuncio de ADLE, por el contrario, es un reversazo radical que rompe ese consenso.
Tercera, porque carece de bases fácticas. ADLE supone que la migración venezolana es responsable de nuestra inseguridad. Sin embargo, migrar no es un delito y muchos venezolanos no han logrado regularizar su situación por obstáculos administrativos. Además, como lo sustenta en X el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de los Andes, no hay ninguna evidencia de que nuestros problemas de criminalidad deriven de la migración venezolana. No eludamos nuestras responsabilidades.
Cuarta, porque es inviable e inconveniente. ADLE imagina que da la orden y en pocas semanas cientos de miles de migrantes irregulares son capturados y expulsados, pero no es así: los migrantes irregulares pueden ser deportados, pero tienen derecho al debido proceso, por lo cual, jurídicamente, no pueden ser expulsados masivamente, como parece pretenderlo ADLE; y en todo caso, Colombia no cuenta con la capacidad institucional para esos operativos. Por eso resulta mejor para Colombia, como lo muestra también el CESED, esforzarse en regularizar a los migrantes, para que trabajen formalmente y paguen impuestos, que intentar expulsarlos masivamente.
Quinta, por sus efectos perversos sobre millones de colombianos que han migrado a otros países, muchos de los cuales están en situación irregular. ¿Con qué cara podría entonces el gobierno defender los derechos de esos colombianos cuando acá estamos atropellando a los migrantes venezolanos?
Sexta y última objeción: es contradictorio que un presidente que se exhibe como cristiano olvide el pasaje sobre el juicio final del Evangelio de Mateo (25: 34-46), en que Cristo dice que todo lo que hagamos o dejemos de hacer a nuestros semejantes en realidad se lo estamos haciendo a él. “Cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” dice Cristo; y por eso condena al castigo eterno a quienes no acogen al migrante porque en sus palabras: “fui forastero, y no me recogisteis”.
Esta política antinmigrante no parece entonces muy cristiana. Un cristianismo muchos más consecuente, en cambio, fue el demostrado por el padre Javier Giraldo, fallecido esta semana, quien entregó su vida a la defensa de las víctimas y de los derechos humanos. Hará mucha falta, sobre todo en estos tiempos aciagos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
