TENEMOS QUE CONSTRUIR UNA visión del proceso de paz que respete y sea sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente tenemos que llegar a una visión de los derechos de las víctimas, que sea sensible a las exigencias y posibilidades de un proceso de la paz.
La paz no puede alcanzarse ignorando el deber del Estado de investigar y sancionar los crímenes atroces. Un proceso de esa naturaleza sería inviable jurídica y políticamente, pues no sólo es injusto con las víctimas sino que, además, mantendría abiertas las heridas y estaría sujeto a ataques permanentes ante tribunales nacionales e internacionales. Pero tampoco podemos conceptualizar los derechos de las víctimas de una manera que haga imposible una paz negociada, pues la paz es un presupuesto para el goce pleno de nuestros derechos y es en nuestra Constitución un derecho y deber de obligatorio cumplimiento.
Hemos vivido un conflicto armado cruel y doloroso, como lo mostró el informe Basta Ya. Memorias de guerra y dignidad, presentado el miércoles por el Grupo de Memoria Histórica, del cual tuve el honor de formar parte. Tenemos que encontrar una salida a esta guerra, que nos agobia y que además erosiona nuestros avances democráticos. No podremos tener nunca una democracia y un Estado de derecho verdaderamente sólidos y profundos, mientras persista el conflicto armado. Y una paz negociada es superior éticamente a una paz lograda por la victoria militar del Estado, que incluso si fuera posible, en todo caso prolongaría, por muchísimos años, el sufrimiento, el dolor y las distorsiones autoritarias provocadas por el conflicto armado.
Con escasas pero ruidosas excepciones, casi todos los intervinientes en la audiencia pública del pasado jueves ante la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz (MJP) estuvimos de acuerdo en los anteriores puntos. Los demandantes aclararon con fuerza que su ataque parcial al MJP no pretendía obstaculizar el proceso de paz sino todo lo contrario: dotarlo de mayor solidez al armonizarlo con el respeto del deber estatal de investigar y sancionar crímenes atroces. Ninguno de quienes apoyamos el MJP defendimos un proceso de paz insensible a las víctimas y fundado en la impunidad. Simplemente consideramos que el MJP es un marco apropiado para que la ley estatutaria, que debe debatirse y aprobarse, logre un buen equilibrio entre la búsqueda de la paz y el respeto a los derechos de las víctimas.
No pretendo minimizar nuestras discrepancias en torno al MJP, que tocan problemas sensibles y difíciles de resolver. Pero quiero destacar este acuerdo que se respiró en la audiencia ante la Corte Constitucional, para que quienes, por otras razones, están en contra de una paz negociada, no busquen obstaculizar el actual proceso presentándose como adalides de última hora de los derechos de las víctimas. Y para que las Farc entiendan que quienes apoyamos el proceso de paz no vamos a admitir un acuerdo que humille los justos reclamos de las víctimas.
* Director Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
TENEMOS QUE CONSTRUIR UNA visión del proceso de paz que respete y sea sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente tenemos que llegar a una visión de los derechos de las víctimas, que sea sensible a las exigencias y posibilidades de un proceso de la paz.
La paz no puede alcanzarse ignorando el deber del Estado de investigar y sancionar los crímenes atroces. Un proceso de esa naturaleza sería inviable jurídica y políticamente, pues no sólo es injusto con las víctimas sino que, además, mantendría abiertas las heridas y estaría sujeto a ataques permanentes ante tribunales nacionales e internacionales. Pero tampoco podemos conceptualizar los derechos de las víctimas de una manera que haga imposible una paz negociada, pues la paz es un presupuesto para el goce pleno de nuestros derechos y es en nuestra Constitución un derecho y deber de obligatorio cumplimiento.
Hemos vivido un conflicto armado cruel y doloroso, como lo mostró el informe Basta Ya. Memorias de guerra y dignidad, presentado el miércoles por el Grupo de Memoria Histórica, del cual tuve el honor de formar parte. Tenemos que encontrar una salida a esta guerra, que nos agobia y que además erosiona nuestros avances democráticos. No podremos tener nunca una democracia y un Estado de derecho verdaderamente sólidos y profundos, mientras persista el conflicto armado. Y una paz negociada es superior éticamente a una paz lograda por la victoria militar del Estado, que incluso si fuera posible, en todo caso prolongaría, por muchísimos años, el sufrimiento, el dolor y las distorsiones autoritarias provocadas por el conflicto armado.
Con escasas pero ruidosas excepciones, casi todos los intervinientes en la audiencia pública del pasado jueves ante la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz (MJP) estuvimos de acuerdo en los anteriores puntos. Los demandantes aclararon con fuerza que su ataque parcial al MJP no pretendía obstaculizar el proceso de paz sino todo lo contrario: dotarlo de mayor solidez al armonizarlo con el respeto del deber estatal de investigar y sancionar crímenes atroces. Ninguno de quienes apoyamos el MJP defendimos un proceso de paz insensible a las víctimas y fundado en la impunidad. Simplemente consideramos que el MJP es un marco apropiado para que la ley estatutaria, que debe debatirse y aprobarse, logre un buen equilibrio entre la búsqueda de la paz y el respeto a los derechos de las víctimas.
No pretendo minimizar nuestras discrepancias en torno al MJP, que tocan problemas sensibles y difíciles de resolver. Pero quiero destacar este acuerdo que se respiró en la audiencia ante la Corte Constitucional, para que quienes, por otras razones, están en contra de una paz negociada, no busquen obstaculizar el actual proceso presentándose como adalides de última hora de los derechos de las víctimas. Y para que las Farc entiendan que quienes apoyamos el proceso de paz no vamos a admitir un acuerdo que humille los justos reclamos de las víctimas.
* Director Dejusticia y profesor Universidad Nacional.