La próxima semana el Senado elegirá al reemplazo del magistrado Reyes en la Corte Constitucional, una decisión importante dado el peso que tiene ese tribunal en nuestro sistema político. Según información de prensa, estamos frente a una elección bastante disputada entre dos de los integrantes de la terna presentada por la Corte Suprema: María Balanta, magistrada de tribunal, y Carlos Camargo, ex defensor del Pueblo.
Transparento mi preferencia: creo que son muchas las razones para que el Senado opte por Balanta y no por Camargo: primero, porque favorece una justicia más diversa, que no es un tema menor, pues el Senado preservaría la paridad de género en la Corte y permitirá que, por primera vez, una persona afrodescendiente sea magistrada de ese tribunal. Segundo, por consideraciones de moralidad pública: Camargo, para allanar su camino a la Corte, nombró en la Defensoría a varios familiares de magistrados de la Corte Suprema, lo cual viola el sentido del artículo 126 de la Constitución, que prohíbe el “yo elijo a tus familiares y tú me eliges”. Tercero, por trayectoria profesional: Balanta ha sido magistrada por más de 20 años en el tribunal del Valle, cargo que obtuvo por concurso de mérito y que ha ejercido pulcramente. Camargo, en cambio, ha llegado a todos los puestos por sus vínculos políticos y tuvo un pobrísimo desempeño como defensor del Pueblo. Y finalmente porque, debido a todo lo anterior, Balanta ofrece garantías serias de profesionalismo e independencia, que son requisitos esenciales para ser juez constitucional, mientras que la llegada de Camargo incrementaría la indebida influencia de las fuerzas políticas en la Corte, ya alimentada por la elección de los magistrados Fernández y Carvajal, demasiado cercanos al presidente Petro y quienes aún deben demostrarle al país su independencia.
Como la superioridad de Balanta sobre Camargo es evidente, ciertos sectores, probablemente afectos a este último, han montado el cuentazo de que Balanta es de izquierda y que su elección culminaría la toma de la Corte por el petrismo. Eso es ridículo pues Balanta ha sido una jurista más bien de tendencia conservadora y en parte por eso fue seleccionada por la Corte Suprema. Pero, sobre todo, Balanta ha mostrado respeto a la independencia judicial y lejanía frente a las fuerzas partidistas.
Dada la trascendencia de esta elección, ¿no tendría la ciudadanía derecho a saber cómo votan los distintos senadores? Yo creo que sí. El voto secreto es ciertamente una garantía importante para que el ciudadano de a pie pueda votar libremente en las elecciones políticas, pero los senadores no son ciudadanos corrientes, sino que ejercen una función pública y tienen deberes frente a sus electores. Nosotros tenemos entonces derecho a saber a quién escogen de la terna.
Infortunadamente, el artículo 131 de la Ley 5/92 establece que las votaciones en el Congreso en caso de elecciones son secretas y la Corte, en dos discutibles sentencias (C-245/96 y C-1017/12), avaló esa antidemocrática regla, aunque con algunos matices. Aparentemente no habría nada que hacer. Pero no es así: en una sentencia ulterior, la SU-050/18, la Corte analizó si era o no válida una elección en el Consejo de Estado en la que algunos magistrados habían hecho pública su opción. Y la Corte concluyó que la elección era válida porque el secreto del voto “es un derecho, mas no una obligación”, por lo cual esos magistrados podían revelar públicamente su opción, sin que eso invalidara el proceso electoral. Esos criterios son aplicables a las elecciones en el Senado, por lo que los senadores deberían ejercer la libertad de revelar su voto e informarnos, ojalá al momento mismo de votar, si optaron por Balanta o por Camargo.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
