Para un país que ha derrotado al Cartel de Medellín y arrinconado a la guerrilla más rica de América Latina, las bandas criminales (bacrim) se han convertido en una incomprensible paradoja estratégica: menores en tamaño, pero difíciles de contener y resistentes a los intentos de desmantelarlas.
La explicación de este aparente sinsentido estratégico descansa en la naturaleza de estos grupos y la forma en que el Estado les ha enfrentado. Las bacrim representan una nueva generación del crimen organizado que apuesta a construir poderosos aparatos militares para proteger sus actividades de narcotráfico y lucrarse con negocios como la extorsión. El resultado son organizaciones capaces de blindar sus economías ilícitas con una combinación de terrorismo y corrupción.
Hasta el momento, el Estado las ha confrontado como amenazas criminales convencionales aplicando la legislación interna para el mantenimiento de la ley. Dentro de este marco, la Policía y las Fuerzas Militares no pueden desarrollar operaciones de combate o poner en práctica acciones bélicas como ataques aéreos, sino que están obligadas a recurrir a las armas sólo en última instancia, cuando los delincuentes se resisten a un arresto o amenazan a un ciudadano. Estas restricciones limitan el efecto disuasivo de las operaciones. Los miembros de las bacrim conocen las restricciones de la Fuerza Pública. En consecuencia, mantenerse en la ilegalidad representa riesgos limitados a cambio de inmensas oportunidades de enriquecimiento.
Sin embargo, las bacrim reúnen características para ser consideradas como objetivos militares legítimos según el DIH, lo que permitiría a la Fuerza Pública combatirlas con más contundencia. De hecho, un grupo merece este tratamiento si reúne rasgos como la existencia de jerarquía de corte militar, uso de uniformes y empleo de armas de guerra. Tal es el caso de bandas como los ‘Urabeños’ o el ‘Erpac’. Bajo estas circunstancias, la Policía y las Fuerzas Militares estarían autorizadas por la legislación internacional para desarrollar operaciones de combate contra ellas.
Algunos analistas se oponen a esta alternativa con el argumento de que tratar a las bandas como objetivos militares —de forma similar a la guerrilla— les permitiría presentarse ante la opinión pública nacional e internacional como organizaciones con fines políticos y no meros narcotraficantes. Sin embargo, estos planteamientos olvidan que el DIH no condiciona el uso de la fuerza militar contra un grupo a la naturaleza de sus metas —políticas o criminales—, sino a su capacidad para operar como estructura armada irregular. En este sentido, declarar a un grupo objetivo militar no puede ser interpretado como aceptación de su carácter político, sino como reconocimiento del nivel de amenaza que representa.
Desmantelar las bacrim es una prioridad estratégica en la medida en que operan como polo de atracción para antiguos desmovilizados tentados de volver a las armas y representan una barrera para proyectos como la restitución de tierras. Por ello, el combate contra ellas debe ser llevado adelante con todos los recursos legales a disposición del Estado.
*Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y consultor en temas de seguridad.
Para un país que ha derrotado al Cartel de Medellín y arrinconado a la guerrilla más rica de América Latina, las bandas criminales (bacrim) se han convertido en una incomprensible paradoja estratégica: menores en tamaño, pero difíciles de contener y resistentes a los intentos de desmantelarlas.
La explicación de este aparente sinsentido estratégico descansa en la naturaleza de estos grupos y la forma en que el Estado les ha enfrentado. Las bacrim representan una nueva generación del crimen organizado que apuesta a construir poderosos aparatos militares para proteger sus actividades de narcotráfico y lucrarse con negocios como la extorsión. El resultado son organizaciones capaces de blindar sus economías ilícitas con una combinación de terrorismo y corrupción.
Hasta el momento, el Estado las ha confrontado como amenazas criminales convencionales aplicando la legislación interna para el mantenimiento de la ley. Dentro de este marco, la Policía y las Fuerzas Militares no pueden desarrollar operaciones de combate o poner en práctica acciones bélicas como ataques aéreos, sino que están obligadas a recurrir a las armas sólo en última instancia, cuando los delincuentes se resisten a un arresto o amenazan a un ciudadano. Estas restricciones limitan el efecto disuasivo de las operaciones. Los miembros de las bacrim conocen las restricciones de la Fuerza Pública. En consecuencia, mantenerse en la ilegalidad representa riesgos limitados a cambio de inmensas oportunidades de enriquecimiento.
Sin embargo, las bacrim reúnen características para ser consideradas como objetivos militares legítimos según el DIH, lo que permitiría a la Fuerza Pública combatirlas con más contundencia. De hecho, un grupo merece este tratamiento si reúne rasgos como la existencia de jerarquía de corte militar, uso de uniformes y empleo de armas de guerra. Tal es el caso de bandas como los ‘Urabeños’ o el ‘Erpac’. Bajo estas circunstancias, la Policía y las Fuerzas Militares estarían autorizadas por la legislación internacional para desarrollar operaciones de combate contra ellas.
Algunos analistas se oponen a esta alternativa con el argumento de que tratar a las bandas como objetivos militares —de forma similar a la guerrilla— les permitiría presentarse ante la opinión pública nacional e internacional como organizaciones con fines políticos y no meros narcotraficantes. Sin embargo, estos planteamientos olvidan que el DIH no condiciona el uso de la fuerza militar contra un grupo a la naturaleza de sus metas —políticas o criminales—, sino a su capacidad para operar como estructura armada irregular. En este sentido, declarar a un grupo objetivo militar no puede ser interpretado como aceptación de su carácter político, sino como reconocimiento del nivel de amenaza que representa.
Desmantelar las bacrim es una prioridad estratégica en la medida en que operan como polo de atracción para antiguos desmovilizados tentados de volver a las armas y representan una barrera para proyectos como la restitución de tierras. Por ello, el combate contra ellas debe ser llevado adelante con todos los recursos legales a disposición del Estado.
*Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y consultor en temas de seguridad.