Acuerdo humanitario o canje

CIRCULA UNA CARTA ENCABEZADA por la senadora Piedad Córdoba solicitando a las Farc que entren en un intercambio epistolar con un grupo de 150 personalidades e intelectuales, en torno al intercambio humanitario. Pretenden mover el escenario hacia una negociación política que le ponga fin al conflicto armado en Colombia.

Muy loable la intención pero le falta claridad para separar dos temas que no pueden ser confundidos: el secuestro de civiles no puede equipararse con la toma de prisioneros de guerra. Creo con Jorge Orlando Melo que no hay lugar para un “acuerdo” humanitario entre las Farc y el Gobierno, desde una posición de fuerza basada precisamente en el secuestro extorsivo de miembros de la sociedad civil.

Estos son crímenes de lesa humanidad que nunca debieron haber sido cometidos y que las Farc están en mora de suspender inmediatamente, sin condiciones. Son también crímenes que no prescriben y que no son perdonados por las cortes internacionales de justicia. La carta pone presión sobre el Gobierno que no es el que tiene a los secuestrados ni está exigiendo recursos económicos o políticos a cambio de ellos.

Sería inteligente de parte de las Farc soltar a todas sus víctimas civiles sin exigir contraprestación alguna: pondrían a la defensiva al presidente Uribe y al uribismo, que dependen de la amenaza de la insurgencia para reproducirse. Un compromiso serio de las Farc de no seguir aterrorizando a la población colombiana y que opta por la política resquebrajaría los cimientos del poder del presidente; no podría continuar con sus actitudes autoritarias frente a sus enemigos militares y políticos, viéndose forzado entonces a entrar en el terreno de la negociación para resolver el conflicto armado.

Lo que sí podrían negociar las Farc son los prisioneros militares y policías que mantienen en su poder contra los que ha capturado de su bando el Estado a lo largo de los años. En este territorio el hueso que no se deja roer es el Gobierno que insiste en que en el país no existe conflicto armado y, por lo tanto, no está enfrentando una organización política sino a un grupo delincuencial y terrorista.

El retorno a la libertad de más de mil secuestrados civiles por parte de las Farc le ganaría fuerza para demandar un intercambio de prisioneros, como el que logró en su momento frente a la administración Samper. Ganarían las Farc también el no estar invirtiendo recursos en el cautiverio y tortura de sus víctimas, pero más importante aún, repararían mínimamente el enorme daño político que se han autoinflingido por comerciar con carne humana.

El Gobierno ha sido insensible frente a la suerte de sus servidores de las Fuerzas Armadas, lo cual debilita la moral de la tropa. En Israel, en contraposición, es notable la preocupación del gobierno por defender a sus soldados capturados y aun el afán de recuperar sus cadáveres, cuando han muerto en cautiverio, soltando miles de prisioneros a cambio de ellos. Es hora también de que el Gobierno se solidarice con sus soldados y policías y negocie con las Farc su liberación. El Gobierno puede proceder entonces a soltar a los guerrilleros que no tienen cargos por crímenes de lesa humanidad, con lo cual mostraría un compromiso serio por la suerte de sus propias tropas.

El obstáculo más grande a unos acuerdos que conduzcan a un proceso de negociación de paz reside en la voluntad política de los dos oponentes, cuya razón de ser es la guerra. Es difícil de imaginar a las Farc haciendo política y es un hecho que el presidente Uribe sin la insurgencia se haría perfectamente prescindible.

* Decano Universidad Jorge Tadeo Lozano.