Avalúos y prediales en el campo colombiano

UN RECIENTE ESTUDIO, EN EL QUE participé, sobre la tenencia y abandono de las tierras en Colombia*, informa que las unidades familiares más pequeñas avalúan sus propiedades de manera más cercana a su valor comercial que los latifundios y que, por lo tanto, pagan proporcionalmente más impuestos. Se trata de un sistema tributario inherentemente injusto, donde las cargas son mínimas para los que ostentan enormes propiedades territoriales.

El estudio se basa en el concepto de Unidad Agrícola Familiar (UAF), que permite unos ingresos de entre 2 y 2,5 salarios mínimos mensuales o que garanticen “los ingresos mínimos para su subsistencia y la sostenibilidad de su actividad productiva”. La UAF varía entonces según la calidad y la productividad de la tierra de que dispone una familia: en el Valle del Cauca y zona cafetera, por ejemplo, la UAF mixta puede contar con menos de 19 hectáreas; en Antioquia y la Costa Atlántica, entre 19 y 40 hectáreas; en regiones de baja productividad y lejanía de los centros urbanos, como la Orinoquia, La Guajira y Amazonas, debe ser mayor de 60 hectáreas.

El microfundio fue definido por áreas menores de media UAF, la pequeña propiedad contando entre 0,5 y 2 UAF, la mediana propiedad entre 2 y 10 UAF y la gran propiedad más de 10 UAF. Pues bien, en el año 2009 una hectárea de gran propiedad estaba avaluada siete veces menos que su equivalente en un microfundio, tres veces menos que una hectárea en pequeña propiedad y 3,3 veces menos que una mediana propiedad. Eso quiere decir que el avalúo de una UAF microfundista fue $74 millones, mientras que una UAF en gran propiedad fue de sólo $14,4 millones. De esta manera, los microfundistas pagan proporcionalmente cinco veces más impuestos que los grandes propietarios. La diferencia influye también en el pago de servicios públicos, más subsidiados para los grandes que para los pequeños.

¿Por qué existen diferencias tan abismales? Es obvio que un microfundio está explotado más intensivamente y cuenta con algún tipo de vivienda, huerta y animales domésticos, mientras que la gran propiedad explota de manera extensiva el territorio que ocupa y es poco productiva. Pero esta explicación es insuficiente: los pequeños ocupan tierras de inferior calidad, en laderas empinadas y zonas inundables, mientras los grandes propietarios ocupan los valles interandinos y las llanuras fértiles desde la Colonia.

La economía política informa además que el gran propietario tiene a su favor a los concejales de los municipios que fijan las tarifas del predial y a los alcaldes que se hacen la vista gorda ante unas subvaloraciones catastrales abismales. El mismo gobierno central ha sido benévolo con los terratenientes al propiciar que no haya ajustes catastrales anuales o que sean siempre inferiores a la inflación; la DIAN, por su parte, no se ha puesto a cruzar información del catastro con el patrimonio que declaran los grandes propietarios del país.

¿Cómo se explica, por ejemplo, que sólo hubo 32.000 personas naturales que declararon tener patrimonios mayores de $1.000 millones, cuando se amplió el rango de los que debían pagar el impuesto de guerra? En 2009 el Catastro contabilizó 888.000 UAF en gran propiedad, contenidas en 26.000 predios, cada uno con un ingreso no menor de ¡$400 millones mensuales! ¿Alguno pagó impuesto al patrimonio? ¿Quién fue?

* Camilo González Posso, et al, Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia, Bogotá: Acción Social, 2011.