La matricula total del Distrito Capital era de 1.030.000 estudiantes el año pasado.
Los colegios en concesión (sólo 4.3% del total) son administrados en su mayor parte por instituciones de buena calidad, mientras que los entregados por convenio (11% de los estudiantes) incluyen unos de deplorable calidad, otros que son empresas con ánimo de lucro y que han sido otorgadas por políticos a sus clientelas, accediendo así a un electorado cautivo de las familias de los estudiantes.
Los concesionados atienden fundamentalmente estudiantes de hogares de estrato 1 y 2, quienes tienen mayores problemas de aprendizaje, y sólo hasta recientemente cumplieron el ciclo completo de 12 años de educación; por lo tanto, sus resultados son mucho mejores a los de los colegios públicos de lo que expuse en mi columna de la semana pasada. En las pruebas del Icfes de 2011, 64% de los estudiantes de los concesionados clasifican en los rangos superior y alto, mientras los distritales lo hacen en 57%; los concesionados que clasifican en bajo son 3.5% y los del distrito más del doble con un 7.8%.
Los colegios convenidos son otra historia. Por ejemplo, los González Cifuentes han logrado que el distrito le contrate la educación de 11.000 estudiantes en 10 planteles, encabezado por el Celestín Freinet. El concejal del Polo Democrático, Álvaro Argote, ha sido defensor de esta familia, como lo reveló una crónica de El Espectador del 1 de octubre de 2012. Otros colegios de la misma familia son el Liceo Arkadia, el Howard Gardner, el Gimnasio Santander y el Liceo Empresarial del Campo. Este concejal es también el crítico más vocal de los colegios concesionados, así que el problema ideológico de favorecer al capital privado no está de por medio cuando éste le presta apoyo político. Una funcionaria de la Secretaría de Educación está amenazada de muerte por ser rigurosa con esos colegios.
El colegio típico en convenio contrata profesores de $600.000 mensuales, que es la mitad de lo que fija el estatuto docente, y dictan 38 horas de clase a la semana (y no 24 que es lo menos malo). Generalmente sus dueños alquilan casas a granel en condiciones deplorables y están en mora hasta con el arriendo. Por cada estudiante, el empresario educativo recibe $1.424.000 y no tiene que hacer ninguna inversión en materiales didácticos. En uno de ellos, por ejemplo, cuelga inmutable el mapa de la Unión Soviética, como si no se hubiera disuelto en 1989. Los más grandes han sido favorecidos por la asignación de cupos de la Secretaría de Educación, disminuyendo sus costos unitarios y obteniendo una relativa calidad en la educación que imparten.
La administración de Clara López intentó cancelar algunos convenios, ante lo cual los padres salieron a protestar y a bloquear el Transmilenio, haciendo reversar la medida. Frente a los colegios convenidos, el secretario de educación actual, Óscar Sánchez, ha manifestado que serán marchitados progresivamente, eliminando de entrada los que atienden preescolar en 2013 y 2014. Sin embargo, los padres de familia afectados han presentado tutelas, promovidas por grupos de abogados financiados por los mismos dueños de los colegios.
La percepción quizás distorsionada de muchas familias es que la educación privada de los colegios en convenio es menos mala que la de los colegios distritales. Las familias de los estudiantes de los colegios concesionados están seguras de que la educación que reciben es la mejor que hay y en eso no se equivocan.
La matricula total del Distrito Capital era de 1.030.000 estudiantes el año pasado.
Los colegios en concesión (sólo 4.3% del total) son administrados en su mayor parte por instituciones de buena calidad, mientras que los entregados por convenio (11% de los estudiantes) incluyen unos de deplorable calidad, otros que son empresas con ánimo de lucro y que han sido otorgadas por políticos a sus clientelas, accediendo así a un electorado cautivo de las familias de los estudiantes.
Los concesionados atienden fundamentalmente estudiantes de hogares de estrato 1 y 2, quienes tienen mayores problemas de aprendizaje, y sólo hasta recientemente cumplieron el ciclo completo de 12 años de educación; por lo tanto, sus resultados son mucho mejores a los de los colegios públicos de lo que expuse en mi columna de la semana pasada. En las pruebas del Icfes de 2011, 64% de los estudiantes de los concesionados clasifican en los rangos superior y alto, mientras los distritales lo hacen en 57%; los concesionados que clasifican en bajo son 3.5% y los del distrito más del doble con un 7.8%.
Los colegios convenidos son otra historia. Por ejemplo, los González Cifuentes han logrado que el distrito le contrate la educación de 11.000 estudiantes en 10 planteles, encabezado por el Celestín Freinet. El concejal del Polo Democrático, Álvaro Argote, ha sido defensor de esta familia, como lo reveló una crónica de El Espectador del 1 de octubre de 2012. Otros colegios de la misma familia son el Liceo Arkadia, el Howard Gardner, el Gimnasio Santander y el Liceo Empresarial del Campo. Este concejal es también el crítico más vocal de los colegios concesionados, así que el problema ideológico de favorecer al capital privado no está de por medio cuando éste le presta apoyo político. Una funcionaria de la Secretaría de Educación está amenazada de muerte por ser rigurosa con esos colegios.
El colegio típico en convenio contrata profesores de $600.000 mensuales, que es la mitad de lo que fija el estatuto docente, y dictan 38 horas de clase a la semana (y no 24 que es lo menos malo). Generalmente sus dueños alquilan casas a granel en condiciones deplorables y están en mora hasta con el arriendo. Por cada estudiante, el empresario educativo recibe $1.424.000 y no tiene que hacer ninguna inversión en materiales didácticos. En uno de ellos, por ejemplo, cuelga inmutable el mapa de la Unión Soviética, como si no se hubiera disuelto en 1989. Los más grandes han sido favorecidos por la asignación de cupos de la Secretaría de Educación, disminuyendo sus costos unitarios y obteniendo una relativa calidad en la educación que imparten.
La administración de Clara López intentó cancelar algunos convenios, ante lo cual los padres salieron a protestar y a bloquear el Transmilenio, haciendo reversar la medida. Frente a los colegios convenidos, el secretario de educación actual, Óscar Sánchez, ha manifestado que serán marchitados progresivamente, eliminando de entrada los que atienden preescolar en 2013 y 2014. Sin embargo, los padres de familia afectados han presentado tutelas, promovidas por grupos de abogados financiados por los mismos dueños de los colegios.
La percepción quizás distorsionada de muchas familias es que la educación privada de los colegios en convenio es menos mala que la de los colegios distritales. Las familias de los estudiantes de los colegios concesionados están seguras de que la educación que reciben es la mejor que hay y en eso no se equivocan.