¿Constituyente para qué?

La Constituyente de 1991 reflejó un gran consenso nacional de todos los partidos y movimientos activos en ese momento, incluyendo una representación del Movimiento 19 de abril, en la que militaba el joven Gustavo Petro. Se trataba de cambiar una ley de leyes vigente desde 1886 que justificaba un régimen hipercentralista y confesional, sostenido por una hegemonía conservadora de 44 años. Tras la guerra civil desatada por el ala extremista del Partido Conservador entre 1946 y 1953, que cobró cientos de miles de víctimas, se firmó el acuerdo por un frente bipartidista nacional que se repartió paritariamente el poder entre 1960 y 1974. El desgaste de este régimen condujo a la convicción colectiva de que había que cambiarlo y se logró de manera pacífica y consensuada en la Constitución de 1991.

La propuesta que pretende implementar hoy el presidente Gustavo Petro es una iniciativa muy distinta. Se trata de una única fuerza en el poder que considera necesario cambiar las reglas de juego que permitieron que alcanzara la presidencia en 2022 para perpetuar a su partido en la jefatura del Estado. Petro “insiste en que [la Constitución] se ha quedado corta ante los desafíos de los tiempos que corren, sobre todo ante un Legislativo que le está haciendo un ‘bloqueo institucional’. En su trino de defensa, habla de la variada temática que contempla el proyecto de ley que empezará a firmar la ciudadanía. Este incluye sus reformas sociales bloqueadas, cambios al sistema educativo, una profunda reforma agraria, la adaptación a la crisis climática, la descarbonización y un nuevo ordenamiento territorial”. (El País, 29 de diciembre de 2025). Las decisiones de los representantes del pueblo favorables a los intereses del gobierno serán aprobadas por el pueblo mismo.

Anteriormente, el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, había lanzado la propuesta así: “invito a iniciar la gran marcha para construir la nueva Constitución del cambio social. Derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso, vencer la toma del país por sectores que quieren devolver la rueda imparable de la historia e instalar la gobernanza paramilitar del pasado, es el mayor desafío que tiene Colombia en el siglo XXI”. Acá se afirma que quien no esté de acuerdo con el gobierno está favoreciendo el proyecto de la extrema derecha, lo cual deja por fuera al amplio espectro del centro político del país e incluso a la derecha respetuosa de la democracia, para erigirse como única fuerza que debe prevalecer sobre todas los demás.

El argumento de que existe un “bloqueo institucional” no es válido: supone que el gobierno tiene la razón y que puede avanzar contra la oposición consultando al pueblo. Como lo afirma el abogado constitucionalista Vicente Benítez, de la Universidad de Nueva York, “los desacuerdos legislativos no constituyen automáticamente un obstáculo jurídico: Sin embargo, no hay ninguna regla que señale que, si ha habido una deliberación suficiente y transparente y aun así no se logran mayorías, eso constituye un bloqueo. Eso es democracia”. Para él, las diferencias políticas dentro del Congreso forman parte del funcionamiento natural del sistema representativo.

Finalmente, Benítez afirma que “el principal riesgo es eliminar el proyecto político y jurídico más importante que quizás ha tenido Colombia en su historia: la Constitución de 1991. Ese fue un proceso amplio y democrático en donde, en una de las pocas ocasiones admirables de este país, personas con ideas muy distintas se sentaron a dialogar y llegaron a consensos”.

Lo que fuera discutido y acordado por todas las fuerzas políticas del país hace 35 años no puede ser abolido por uno solo de los partidos que participó en su deliberación, en detrimento de todos los demás.