A pesar de la sacudida que sufrió la dirección del DANE con la destitución de su director, el ente dio a conocer estadísticas bastante favorables del segundo trimestre de 2026. En efecto, se registró una aceleración de crecimiento con un 3,5 % frente al mismo período de 2025, pero con un problema serio: el sector líder fue el de gobierno (el de Petro), que creció 10 %, financiado mayoritariamente con crédito interno y externo, situación que el gobierno entrante disfrutará, aunque no lo reconocerá.
De acuerdo con el DANE, el gasto de la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; la educación y las actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales creció, como dijimos, el 10 %. El comercio, la reparación de vehículos, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida crecieron 2,2 %. Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, más las actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, como productores de bienes y servicios para uso propio crecieron 9,5 %.
Se puede preguntar ahora: ¿Y cómo se financia el gasto público? Pues bien, la DIAN recaudó $197 billones entre enero y julio de 2026, alcanzando un cumplimiento del 62 % de la meta fijada que fue de $317 billones (17 % del PIB). El presupuesto público alcanza $557 billones en 2026, de tal modo que la diferencia tiene que ser llenada por las utilidades transferidas de las empresas del Estado, fundamentalmente de Ecopetrol y además de los créditos nuevos que dejarán al país sobre endeudado. La deuda pública pasa de representar el 55 % del PIB en 2022 a ubicarse en aproximadamente el 61 % del mismo al cierre del primer semestre de 2026, equivalente a unos $1.170 billones, lo que es un récord histórico, superando incluso el nivel alcanzado durante la pandemia. La deuda seguirá creciendo y hacia 2027 puede superar el 65 % del PIB.
Una ventaja quizás del endeudamiento contraído es que la mayor parte se hizo en pesos (emitiendo títulos, los TES), evitando el riesgo país o sea que una devaluación de la moneda imposibilitará su cumplimiento. No obstante, el problema que se enfrenta ahora es la revaluación del peso que perjudica a los exportadores, pero beneficia al gobierno y a los importadores, pues reduce sus erogaciones en pesos. En todo caso, el déficit fiscal representó alrededor del 7 % del PIB, otro récord histórico, obligando al gobierno entrante a comprometerse con un plan de austeridad para reducir paulatinamente el protuberante desequilibrio que legó la administración de Gustavo Petro.
Es aparente que el terremoto en Cali y en el Eje cafetero de agosto pasado dio lugar a cuantiosas pérdidas que, en primera instancia, se calcularon en más de $34 billones sin mucho evidencia en los hechos, desglosados así: edificaciones y viviendas $24,5 billones, Infraestructura vial y servicios $5,5 billones y reclamaciones del sector asegurador (Fasecolda) $4,4 billones.
Para 2027, el nuevo gobierno proyecta un presupuesto de $635 billones, un 14 % más elevado que el de su antecesor, a pesar de sus promesas de austeridad extrema. Según el CARF (Comité Autónomo de la Regla Fiscal), el crecimiento del Presupuesto General de la Nación en 2026 sería del 9 % (5,7 % real), bastante elevado por cierto.