La comisión de expertos internacionales sobre impuestos dio a conocer algunas puntadas de su contundente informe final: el régimen tributario colombiano es excesivamente complejo, ineficiente e injusto. La comisión no mencionó una de las fallas más graves: su insuficiencia frente a las necesidades básicas de la sociedad. El Estado recauda el 14 % del PIB en tributos, una cifra muy baja en comparación con otros países latinoamericanos como Chile e incluso Bolivia, que recaudan cerca del 20 % del PIB. Esa penuria estructural explica la muy deficiente respuesta del Gobierno ante la pandemia.
El informe resalta que la base tributaria es muy estrecha debido a la gran informalidad: más del 60 % de los trabajadores y cientos de miles de negocios —algunos de gran tamaño— que no tributan. Existen impuestos como el 4 x 1.000, que impone una pesada carga a las transacciones e incentiva el uso de efectivo para evadirlo. Las zonas francas unipersonales pagan tarifas ínfimas de impuesto de renta sin ninguna justificación y las no cobijadas por esta absurda preferencia pagan en exceso frente a los promedios de la OCDE. Las empresas aportan casi un 6 % del PIB en impuestos, mientras que sus propietarios y las personas naturales en general aportan apenas el 1 % del PIB. Debería ser al contrario: las personas deben tributar del 8 al 10 % y las empresas, el 2 % del PIB.
La comisión considera que las pensiones reciben un tratamiento doblemente preferencial: están exentos los intereses del ahorro pensional y también las mesadas, aunque congresistas y magistrados reciben pensiones de $35 millones mensuales y la máxima de Colpensiones es de $17 millones. El subsidio que otorga el Gobierno a las pensiones llega al 2,6 % del PIB por año. No hay ninguna razón que justifique la nula contribución de los ancianos ricos al bienestar de los demás.
Para que las personas naturales tributen más, es necesario establecer un impuesto progresivo y permanente al patrimonio, no como sucede hoy que es ocasional, pese a que este impuesto es eficiente, pues castiga la riqueza improductiva, mientras que el impuesto de renta afecta más a la riqueza productiva. Fedesarrollo, por su parte, insiste en un impuesto al patrimonio por una sola vez, aunque con tarifas progresivas.
La comisión recomienda que los dividendos tributen igual que otros ingresos, de acuerdo con la renta líquida de cada cual y no con tarifas especialmente bajas como sucede actualmente. También recomienda eliminar la exención del 25 % de los ingresos de las personas, que es demasiado generosa para los ricos y superricos. Tampoco debe existir la deducción del impuesto de industria y comercio que recaudan los municipios y que castiga el ingreso del Gobierno nacional sin justificación.
Sobre el IVA la comisión sugiere disminuir los bienes exentos, pero sólo si el Gobierno logra devolver este tributo indirecto y regresivo a los hogares pobres. El Gobierno no les ha devuelto a la mitad de esos hogares (dos millones) ninguno de los subsidios que les ha ofrecido, ni les ha depositado dinero en cuentas bancarias que no tienen. Duque afirmó que no va a imponer tributos a los bienes esenciales de la canasta familiar, pero su ministro de Hacienda insiste en que sí hay que imponerlos. Al respecto, cabría decir que donde manda marinero no manda capitán.
La comisión de expertos internacionales sobre impuestos dio a conocer algunas puntadas de su contundente informe final: el régimen tributario colombiano es excesivamente complejo, ineficiente e injusto. La comisión no mencionó una de las fallas más graves: su insuficiencia frente a las necesidades básicas de la sociedad. El Estado recauda el 14 % del PIB en tributos, una cifra muy baja en comparación con otros países latinoamericanos como Chile e incluso Bolivia, que recaudan cerca del 20 % del PIB. Esa penuria estructural explica la muy deficiente respuesta del Gobierno ante la pandemia.
El informe resalta que la base tributaria es muy estrecha debido a la gran informalidad: más del 60 % de los trabajadores y cientos de miles de negocios —algunos de gran tamaño— que no tributan. Existen impuestos como el 4 x 1.000, que impone una pesada carga a las transacciones e incentiva el uso de efectivo para evadirlo. Las zonas francas unipersonales pagan tarifas ínfimas de impuesto de renta sin ninguna justificación y las no cobijadas por esta absurda preferencia pagan en exceso frente a los promedios de la OCDE. Las empresas aportan casi un 6 % del PIB en impuestos, mientras que sus propietarios y las personas naturales en general aportan apenas el 1 % del PIB. Debería ser al contrario: las personas deben tributar del 8 al 10 % y las empresas, el 2 % del PIB.
La comisión considera que las pensiones reciben un tratamiento doblemente preferencial: están exentos los intereses del ahorro pensional y también las mesadas, aunque congresistas y magistrados reciben pensiones de $35 millones mensuales y la máxima de Colpensiones es de $17 millones. El subsidio que otorga el Gobierno a las pensiones llega al 2,6 % del PIB por año. No hay ninguna razón que justifique la nula contribución de los ancianos ricos al bienestar de los demás.
Para que las personas naturales tributen más, es necesario establecer un impuesto progresivo y permanente al patrimonio, no como sucede hoy que es ocasional, pese a que este impuesto es eficiente, pues castiga la riqueza improductiva, mientras que el impuesto de renta afecta más a la riqueza productiva. Fedesarrollo, por su parte, insiste en un impuesto al patrimonio por una sola vez, aunque con tarifas progresivas.
La comisión recomienda que los dividendos tributen igual que otros ingresos, de acuerdo con la renta líquida de cada cual y no con tarifas especialmente bajas como sucede actualmente. También recomienda eliminar la exención del 25 % de los ingresos de las personas, que es demasiado generosa para los ricos y superricos. Tampoco debe existir la deducción del impuesto de industria y comercio que recaudan los municipios y que castiga el ingreso del Gobierno nacional sin justificación.
Sobre el IVA la comisión sugiere disminuir los bienes exentos, pero sólo si el Gobierno logra devolver este tributo indirecto y regresivo a los hogares pobres. El Gobierno no les ha devuelto a la mitad de esos hogares (dos millones) ninguno de los subsidios que les ha ofrecido, ni les ha depositado dinero en cuentas bancarias que no tienen. Duque afirmó que no va a imponer tributos a los bienes esenciales de la canasta familiar, pero su ministro de Hacienda insiste en que sí hay que imponerlos. Al respecto, cabría decir que donde manda marinero no manda capitán.