ANA MARÍA IBÁÑEZ HA ESCRITO UN libro sobre el desplazamiento en Colombia que ha subtitulado Un camino sin retorno a la pobreza. Ella analiza fría y contundentemente cómo 3,5 millones de habitantes rurales han sido expulsados de sus hogares, tierras y medios de vida por la guerrilla y los paramilitares.
Colombia figura en desplazamiento forzoso como segunda en el mundo, después de Sudán, con 7,8% de la población del país afectada. El desplazamiento explica parte de la reducción de la población rural, que en 2005 fue de 10,6 millones. Aproximadamente una cuarta parte de la población rural pobre fue sacada a la fuerza de sus predios en los últimos 15 años de conflicto intenso que vive el país.
El desplazamiento es forzoso, que no voluntario, como lo insinúa José Obdulio Gaviria, para tapar con las manos el hecho feroz del conflicto interno. No son migrantes que tomaron una decisión económica de buscar mejores horizontes en las cabeceras municipales, sino familias que huyen de la amenaza de violencia que ejercen los grupos armados para desalojar sus territorios: las masacres, los asesinatos selectivos, la violación de las mujeres, el reclutamiento forzoso de niños, el secuestro y las minas antipersona. El fenómeno afecta a 90% de los municipios del país. Durante La Violencia de los años cincuenta del siglo XX fueron desplazadas unas dos millones de personas, un 57% menos de lo que está produciendo el conflicto actual.
En términos productivos, se abandonaron recientemente unos 650 mil predios —contra unos 400.000 durante La Violencia— que se labraban intensivamente. Ibáñez dice que sumaban mínimo 1’700.000 hectáreas, o sea unas 2,6 ha por predio, equivalente al 42,5% de la superficie en cultivos. Otros cálculos arrojan 4 millones de ha. En lugar de cultivos, quedaron rastrojos en algunos casos, mientras que en otros las tierras fueron consolidadas en grandes haciendas, siendo utilizadas como potreros; se perpetra así una pérdida de producción considerable. Esta puede ser una de las explicaciones del estancamiento que vive la agricultura del país en la última década.
La distribución de la tierra se ha tornado más desigual de lo que era anteriormente, cuando ya era bastante extrema. Según el propio INCODER, 48% de las buenas tierras del país están en manos de narcotraficantes, a lo cual se suman los señores de la guerra que incluyen mandos altos y medios de las Farc, del Eln y de los paramilitares. Los narcos compran tierra porque queda oculta su riqueza frente al fisco —pagan un ínfimo impuesto predial— y la inflación de alimentos y las exportaciones agropecuarias se la valorizan.
En la encuesta que hizo Ibáñez, encuentra que un 46% de los desplazados le huyen a la guerrilla, de los grupos paramilitares un 22% y de la Fuerza Pública 1%, aunque aclara que el desplazamiento es más frecuente en áreas de fuerte disputa entre los grupos ilegales. Se trata de una estrategia de estos grupos de restarle apoyo al enemigo, liberar áreas para el cultivo de coca y monopolizar los corredores del narcotráfico.
Ibáñez ha escrito un libro riguroso, apoyada en modelos de juegos estratégicos y mediciones econométricas. Constituye un alegato difícil de rebatir sobre la enorme magnitud del conflicto interno y de sus consecuencias sobre una gran parte de la población colombiana, condenada a la expropiación de sus pocos activos y a vivir en perpetua miseria.
* Decano Universidad Jorge Tadeo Lozano
ANA MARÍA IBÁÑEZ HA ESCRITO UN libro sobre el desplazamiento en Colombia que ha subtitulado Un camino sin retorno a la pobreza. Ella analiza fría y contundentemente cómo 3,5 millones de habitantes rurales han sido expulsados de sus hogares, tierras y medios de vida por la guerrilla y los paramilitares.
Colombia figura en desplazamiento forzoso como segunda en el mundo, después de Sudán, con 7,8% de la población del país afectada. El desplazamiento explica parte de la reducción de la población rural, que en 2005 fue de 10,6 millones. Aproximadamente una cuarta parte de la población rural pobre fue sacada a la fuerza de sus predios en los últimos 15 años de conflicto intenso que vive el país.
El desplazamiento es forzoso, que no voluntario, como lo insinúa José Obdulio Gaviria, para tapar con las manos el hecho feroz del conflicto interno. No son migrantes que tomaron una decisión económica de buscar mejores horizontes en las cabeceras municipales, sino familias que huyen de la amenaza de violencia que ejercen los grupos armados para desalojar sus territorios: las masacres, los asesinatos selectivos, la violación de las mujeres, el reclutamiento forzoso de niños, el secuestro y las minas antipersona. El fenómeno afecta a 90% de los municipios del país. Durante La Violencia de los años cincuenta del siglo XX fueron desplazadas unas dos millones de personas, un 57% menos de lo que está produciendo el conflicto actual.
En términos productivos, se abandonaron recientemente unos 650 mil predios —contra unos 400.000 durante La Violencia— que se labraban intensivamente. Ibáñez dice que sumaban mínimo 1’700.000 hectáreas, o sea unas 2,6 ha por predio, equivalente al 42,5% de la superficie en cultivos. Otros cálculos arrojan 4 millones de ha. En lugar de cultivos, quedaron rastrojos en algunos casos, mientras que en otros las tierras fueron consolidadas en grandes haciendas, siendo utilizadas como potreros; se perpetra así una pérdida de producción considerable. Esta puede ser una de las explicaciones del estancamiento que vive la agricultura del país en la última década.
La distribución de la tierra se ha tornado más desigual de lo que era anteriormente, cuando ya era bastante extrema. Según el propio INCODER, 48% de las buenas tierras del país están en manos de narcotraficantes, a lo cual se suman los señores de la guerra que incluyen mandos altos y medios de las Farc, del Eln y de los paramilitares. Los narcos compran tierra porque queda oculta su riqueza frente al fisco —pagan un ínfimo impuesto predial— y la inflación de alimentos y las exportaciones agropecuarias se la valorizan.
En la encuesta que hizo Ibáñez, encuentra que un 46% de los desplazados le huyen a la guerrilla, de los grupos paramilitares un 22% y de la Fuerza Pública 1%, aunque aclara que el desplazamiento es más frecuente en áreas de fuerte disputa entre los grupos ilegales. Se trata de una estrategia de estos grupos de restarle apoyo al enemigo, liberar áreas para el cultivo de coca y monopolizar los corredores del narcotráfico.
Ibáñez ha escrito un libro riguroso, apoyada en modelos de juegos estratégicos y mediciones econométricas. Constituye un alegato difícil de rebatir sobre la enorme magnitud del conflicto interno y de sus consecuencias sobre una gran parte de la población colombiana, condenada a la expropiación de sus pocos activos y a vivir en perpetua miseria.
* Decano Universidad Jorge Tadeo Lozano