La economía colombiana vive momentos difíciles. Nunca antes un paro nacional se había sostenido durante tanto tiempo, provocando perjuicios a miles de negocios y millones de personas. El gobierno timorato de Duque no quiere negociar una salida a las demandas de muchos intereses colectivos, lo cual lleva a nuevas amenazas a la recuperación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó duramente al Gobierno. Entre otras acusaciones, “condena las graves violaciones de esos derechos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”. El pronunciamiento ocupó la primera plana de los portales de noticias más importantes del mundo.
La pandemia se tornó más virulenta durante el mes de junio, lo que aprovechó el negado presidente para culpabilizar a los manifestantes de 10.000 muertes que surgieron de su nerviosa imaginación, pues es más importante para el descontrol del virus la fragilidad del sistema de salud nacional que los manifestantes a la intemperie. El virus se ha llevado la vida de 112.000 colombianos y el tercer pico reciente, que ha sido mucho más elevado que los anteriores, llevó al desborde de las UCI. Aunque la vacunación ha avanzado, no ha sido suficiente para sofocar los contagios. Según el listado de resiliencia al COVID-19 de Bloomberg, Colombia ocupa el puesto 48 entre 53 países en el manejo inadecuado del virus, aunque mejoró porque alcanzó a ocupar el puesto 52 hace un par de semanas. La medición tuvo en cuenta la baja cobertura de vacunación, la falta de medidas que restringieran la vida social y económica para contener el virus, y la excesiva apertura frente al exterior. Es que en pleno tercer pico de la pandemia el Gobierno decretó la reactivación de la economía.
La pérdida del grado de inversión del país, primero por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s y ahora también por Fitch, ha generado un retiro de inversiones de los fondos de pensiones internacionales del mercado de capital nacional. El presupuesto de 2022 sufrirá una contracción del 7 % nominal frente al de año anterior, medida que es demasiado asfixiante frente a una economía que, por el contrario, necesita mucho estímulo. Al mismo tiempo, el precio del petróleo ha venido aumentando sistemáticamente, gracias al repunte de la economía norteamericana, lo que ha mejorado las finanzas del Gobierno, pero no ha impedido la devaluación del peso.
Esta situación de deterioro se mantendrá mientras no se concrete una reforma tributaria que cierre el hueco fiscal. El problema es que el Congreso puede que no la apruebe por la cercanía de las elecciones de 2022. Son las razones, entre otras, para que el dólar se cotice por encima de los $3.800, un 15 % más que a principio de año. El dólar fuerte significa importaciones más caras que afectarán el costo de vida, empobreciendo más a la población que a duras penas se recupera del impacto que le causa la pandemia.
Según una optimista proyección de la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina), Colombia crecerá 5,4 % en 2021, con lo cual no logra recuperar el 7 % del producto que perdió en 2020, así que estaremos lejos de alcanzar el bajo nivel de riqueza que tuvimos en el pasado. El COVID-19 nos azota bajo la mirada torva de un Gobierno incompetente que reprime un diverso movimiento social en vez de negociar sus reivindicaciones. Las razones para la protesta callejera siguen vivas.