La estructura de los ingresos del Gobierno de Iván Duque es preocupante. Los ingresos tributarios suman el 49 % del presupuesto, dominados por los impuestos indirectos constituidos por IVA, a la gasolina, aranceles y el 4x1.000. Casi un 40 %, léase bien, son recursos de crédito no muy lejos de los ingresos sanos. La razón de fondo es que la política de devolverles impuestos a las empresas y a los ricos ha hecho necesario sustituirlos con deuda. En efecto, la deuda pública aumentó del 47 % del PIB en 2018 al 66 % en la actualidad. Ahora la suerte del Gobierno depende de sus acreedores que adquieren sus bonos (TES), del Fondo Monetario Internacional y de otras agencias multilaterales.
Esa política ha debilitado la acción del Estado. Los gastos de funcionamiento del Gobierno se llevan casi el 60 % del presupuesto, el servicio de la deuda se devora casi la cuarta parte y queda un magro 18 % para la inversión social e infraestructura (un pobrísimo 4 %). En columnas anteriores he demostrado lo raquítico que es el Estado colombiano que se resalta si nos comparamos con los países de la OCDE, grupo al que Colombia accedió recientemente. Mientras el grupo recauda el 34 % del PIB, Colombia no alcanza al 20 %, del cual el Gobierno central bajó del 14 % al 13 % del PIB, gracias a la reforma tributaria de 2019.
Todo lo anterior sugiere que una reforma estructural de la fiscalidad debiera acudir fundamentalmente a los impuestos directos de las personas ricas y de las empresas, los indirectos deben congelarse; se debe ir reduciendo gradualmente la dependencia del crédito y bajar el servicio de la deuda para dedicarlo a la inversión social y a la infraestructura.
Una carta abierta firmada por muchos académicos circula en las redes con propuestas confusas sobre lo que hay que hacer. Dicen por ejemplo que el Gobierno no requiere de financiamiento porque “el dinero es deuda” y por lo tanto no es un bien escaso. Ellos proponen un plan de empleo público ambicioso con cifras muy precisas: “547.997 jefas y jefes de hogar, en el cuarto año habría 2’191.989 jefas y jefes de hogar en el sistema. El salario sería de $800.000 mensuales y el costo fiscal pasaría del 0,49 % del PIB en el primer año al 1,5 % en el cuarto año”. Se trata de un discurso engañoso, pues los economistas viejos sabemos que nuestra profesión es bastante imprecisa.
Hay que preguntar: ¿Deuda con quién y de quién? No sé si el dinero se pueda definir como deuda, pero ciertamente es medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. El banco central es el que emite dinero, mientras que el Gobierno emite deuda. El Banco de la República puede adquirir deuda pública, generalmente en los mercados secundarios para no aparecer como facilitando un exceso de gasto del Gobierno, pero dada una situación crítica, como la actual, puede comprarlos directamente, como lo sugiere José Antonio Ocampo. Eso no lo quiso hacer Alberto Carrasquilla por ultraortodoxo y se limitó a un gasto muy tacaño para enfrentar la pandemia que no alcanzó a 3 % del PIB, mientras que países como Chile gastaron el 10 % del PIB; Brasil, Argentina y hasta Bolivia destinaron muchos más recursos que Colombia para enfrentar la pandemia.
Si el Gobierno se financia no con impuestos y crédito sino con emisión directa, da la señal de que no va a honrar sus acreencias en el futuro. Se le cerrarán entonces los mercados que lo han alimentado hasta el momento, sobre todo en el refinanciamiento de sus obligaciones.
La estructura de los ingresos del Gobierno de Iván Duque es preocupante. Los ingresos tributarios suman el 49 % del presupuesto, dominados por los impuestos indirectos constituidos por IVA, a la gasolina, aranceles y el 4x1.000. Casi un 40 %, léase bien, son recursos de crédito no muy lejos de los ingresos sanos. La razón de fondo es que la política de devolverles impuestos a las empresas y a los ricos ha hecho necesario sustituirlos con deuda. En efecto, la deuda pública aumentó del 47 % del PIB en 2018 al 66 % en la actualidad. Ahora la suerte del Gobierno depende de sus acreedores que adquieren sus bonos (TES), del Fondo Monetario Internacional y de otras agencias multilaterales.
Esa política ha debilitado la acción del Estado. Los gastos de funcionamiento del Gobierno se llevan casi el 60 % del presupuesto, el servicio de la deuda se devora casi la cuarta parte y queda un magro 18 % para la inversión social e infraestructura (un pobrísimo 4 %). En columnas anteriores he demostrado lo raquítico que es el Estado colombiano que se resalta si nos comparamos con los países de la OCDE, grupo al que Colombia accedió recientemente. Mientras el grupo recauda el 34 % del PIB, Colombia no alcanza al 20 %, del cual el Gobierno central bajó del 14 % al 13 % del PIB, gracias a la reforma tributaria de 2019.
Todo lo anterior sugiere que una reforma estructural de la fiscalidad debiera acudir fundamentalmente a los impuestos directos de las personas ricas y de las empresas, los indirectos deben congelarse; se debe ir reduciendo gradualmente la dependencia del crédito y bajar el servicio de la deuda para dedicarlo a la inversión social y a la infraestructura.
Una carta abierta firmada por muchos académicos circula en las redes con propuestas confusas sobre lo que hay que hacer. Dicen por ejemplo que el Gobierno no requiere de financiamiento porque “el dinero es deuda” y por lo tanto no es un bien escaso. Ellos proponen un plan de empleo público ambicioso con cifras muy precisas: “547.997 jefas y jefes de hogar, en el cuarto año habría 2’191.989 jefas y jefes de hogar en el sistema. El salario sería de $800.000 mensuales y el costo fiscal pasaría del 0,49 % del PIB en el primer año al 1,5 % en el cuarto año”. Se trata de un discurso engañoso, pues los economistas viejos sabemos que nuestra profesión es bastante imprecisa.
Hay que preguntar: ¿Deuda con quién y de quién? No sé si el dinero se pueda definir como deuda, pero ciertamente es medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. El banco central es el que emite dinero, mientras que el Gobierno emite deuda. El Banco de la República puede adquirir deuda pública, generalmente en los mercados secundarios para no aparecer como facilitando un exceso de gasto del Gobierno, pero dada una situación crítica, como la actual, puede comprarlos directamente, como lo sugiere José Antonio Ocampo. Eso no lo quiso hacer Alberto Carrasquilla por ultraortodoxo y se limitó a un gasto muy tacaño para enfrentar la pandemia que no alcanzó a 3 % del PIB, mientras que países como Chile gastaron el 10 % del PIB; Brasil, Argentina y hasta Bolivia destinaron muchos más recursos que Colombia para enfrentar la pandemia.
Si el Gobierno se financia no con impuestos y crédito sino con emisión directa, da la señal de que no va a honrar sus acreencias en el futuro. Se le cerrarán entonces los mercados que lo han alimentado hasta el momento, sobre todo en el refinanciamiento de sus obligaciones.