EN COLOMBIA HAY UN RECHAZO FORmal al oportunismo: el estatuto legal incluye exigencias que tratan de frenarlo, como cuando hay conflicto de interés y hay que declararse “impedido”; en el dicho popular se advierte que no se puede ser juez y parte y que tampoco el lobo debe cuidar a las ovejas. Sin embargo, la práctica oportunista es copiosa y legendaria.
La política ha llegado a tal degradación que la conducta oportunista es admitida y hasta admirada. La penetración del crimen organizado ha derribado muchas de las barreras morales que existían en la sociedad. Los congresistas se inventaron un carrusel en el que se declaraban impedidos en el tema de la reelección presidencial para que el colectivo les levantara el impedimento. La Corte Constitucional no encontró nada de reprochable a tal conducta, que incluso era ilegal en puros términos formales.
El Presidente ataca a los magistrados que investigan a sus aliados políticos y familiares sin empacho. Una columnista reprochaba a la Corte Suprema que hubiera “llamado” a la Corte Penal Internacional, como si no se encontrara obstaculizada en sus investigaciones por crímenes de lesa humanidad. La misma periodista barría debajo de la alfombra al New York Times —casi lo pulveriza— por haber editorializado contra la segunda reelección de Uribe, sin discutir sus argumentos. El ministro Valencia Cossio no admite responsabilidad política por los gravísimos delitos cometidos por su hermano: ahí está y ahí se queda.
El Presidente actúa en beneficio propio constantemente y su índice de aprobación aparece levemente comprometido. Cambiar el articulito de la Constitución, nombrar al padre de un magistrado embajador, comprar el voto de congresistas para asegurar su aprobación son todas conductas rigurosamente condenadas en las democracias consolidadas del mundo, pero la sociedad civil colombiana aparece aletargada y no alcanza a rechazarlas.
La connivencia de los altos funcionarios del Gobierno y de sus políticos con el crimen organizado puede entenderse como sumisión al poder territorial de facto que le permitió a los grupos paramilitares organizados por la mafia sacar a las Farc de muchas regiones. Tales fuerzas penetraron los organismos de seguridad del Estado: el DAS, la Fiscalía, la Policía y el Ejército. Entonces, ¿quién podrá defendernos? ¿Será el New York Times frente a nuestra acallada prensa? ¿Será el Partido Demócrata de Estados Unidos? ¿La Corte Penal Internacional o la ONU?
Hay un fenómeno descrito por las ciencias sociales llamado disonancia cognitiva que permite entender parte del fenómeno. Consiste en que en la consciencia de las personas aparecen valores que son incompatibles entre sí, pero que son aceptados al mismo tiempo por ellas. Un ejemplo provisto por Jon Elster es el de un individuo que pagó $400.000 por asistir a un espectáculo y este termina siendo de mala calidad; contrariando la evidencia, la persona logra convencerse de que, después de todo, el espectáculo fue bueno.
En el caso que nos ocupa, el Presidente ha combatido exitosamente la inseguridad que está en la base de la conducta de todas las especies y los ciudadanos agradecen que los hubiera librado del miedo. Ese sentimiento se toma la consciencia y conductas que encontraría reprochables en otras circunstancias son atenuadas o pasadas por alto. Un empresario me lo manifestó claramente: “Había que pagar un precio por librarnos de las Farc”. No le parece que el precio sea excesivo en términos de autoritarismo, política mafiosa, malas políticas públicas, corrupción, politiquería y en la destrucción del equilibrio entre los poderes del Estado.
* Decano Universidad Jorge Tadeo Lozano.
