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Un reciente estudio de Paul Collier para el Banco Mundial hace un diagnóstico preocupante sobre la calidad de vida del país que surge de un desarrollo económico insuficiente y sesgado. El estudio se titula Colombia: Disparidades Regionales y el camino hacia la integración y debería ser estudiado por todos.
“Diversos indicadores ubican a Colombia entre los países más desiguales del mundo, tanto en términos de desarrollo económico como desde una perspectiva social. La magnitud de las necesidades básicas insatisfechas (…) varía significativamente en todo el territorio nacional. Colombia presenta el coeficiente de Gini más elevado de América Latina y, junto con México, la mayor disparidad en las tasas de pobreza entre sus departamentos más ricos y más pobres dentro de los países de la OCDE. La desigualdad en el acceso a los servicios básicos genera profundas diferencias en los resultados educativos y de salud, lo que impide una igualdad real de oportunidades en el país. La diferencia en el PIB per cápita entre los departamentos más avanzados y los más rezagados constituye la más amplia de América Latina y el Caribe”.
Los datos demuestran la crudeza de la realidad nacional: el porcentaje de hogares que se consideran pobres: en el Atlántico, el 57 % (10 puntos por encima del promedio nacional); en Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre, el 66 %; y en Córdoba y La Guajira, ¡entre el 70 % y el 80 %¡. Así el departamento más rico de la región, con Barranquilla a la cabeza, no se salva de la pobreza endémica que azota al resto de unidades territoriales. María Claudia Lacouture expresa lo que se necesita: “soluciones en servicios públicos, orden urbano, empleo precario, seguridad cotidiana, obras, cumplimiento y empatía social”.
Este complejo cuadro ha favorecido el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones de 2022 y permanece vigente para las que se avecinan. Iván Cepeda en su documento programático anuncia que su prioridad será el combate a los corruptos. “Se trata de una revolución ética, que enfrente la corrupción y reconstruya la moral pública; una revolución social, que supere la pobreza y garantice derechos; una revolución territorial, que reconozca la riqueza humana y natural de los territorios; y una revolución política y democrática, que amplíe la participación ciudadana y fortalezca el poder del pueblo”. Esto parece una crítica al gobierno de Gustavo Petro por no haber adelantado una política eficaz contra la corrupción endémica que carcome las instituciones del país ni a una disminución de las divergencias regionales.
Cepeda agrega que estamos en la oscuridad: “Hemos terminado por aceptar los peores crímenes y normalizar la corrupción, permitir el predominio del odio, ceder con abyección ante la dominación, destruir la ética pública”. Me parece que es un balance equivocado sobre un vasto país, predominantemente urbano, que ha logrado avanzar económicamente y también se ha tornado más pluralista, tanto así que eligió un gobierno que se dice progresista, cuyo disciplinado partido está ad portas de continuar con el control político de la República.
En efecto, el sistema bipartidista que predominó durante 70 años perdió el poder como resultado de su fracaso en atender las necesidades del pueblo. La combinación de otorgar generosos subsidios a adultos mayores y jóvenes, alzas salariales estrafalarias y financiar a cientos de miles de activistas, le confirió al Pacto Histórico una ventaja difícil de disputar por el desorden que cunde entre los partidos tradicionales, la ausencia de figuras carismáticas y la incapacidad de Paloma Valencia para presentar propuestas que aglutinen los intereses de las mayorías. Así las cosas, tendremos otros cuatro años de Pacto Histórico en el poder con un líder más cerebral y serio, menos histriónico que el que termina su período. Igual, no votaré por él pues promete más confrontación y el estallido de la bomba fiscal legada por Petro.
