El presidente Duque tiene unos índices de favorabilidad bajísimos, de solo el 30 % de los ciudadanos consultados, a pesar de que la economía ha tenido una fuerte recuperación durante 2021. La razón de fondo es que su gobierno y su partido, el Centro Democrático, han vulnerado seriamente la democracia en el país.
Rodrigo Uprimny lista cinco síntomas que evidencian el gran deterioro de las instituciones democráticas de Colombia y que lo acercan a lo que Álvaro Uribe tildara como castrochavismo. En efecto, nos estamos acercando a lo que pasó en Venezuela con Chávez y consolidó Maduro: la toma de su gobierno de todos los entes de control y del Legislativo, los ataques a la oposición que quedó postrada y sus malas decisiones sin considerar los intereses afectados.
En el caso de Colombia, lo primero ha sido la atrofia y el control de los poderes que limitan las atribuciones de la Presidencia. De esta manera, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría han sido entregadas a los compinches del Gobierno, que se han dedicado a proteger a sus aliados y a perseguir a los que considera enemigos.
Lo segundo es el empapelamiento judicial de los opositores del régimen. El ejemplo más notorio es el proceso abierto contra Sergio Fajardo que amenaza con eliminarlo de la contienda presidencial, acusándolo de vicios de contratación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato cuando fue gobernador entre 2012 y 2015. También el fiscal Francisco Barbosa intentó empapelar a Gustavo Petro y a Claudia López con procesos tan evidentemente sesgados que tuvo que echarse para atrás.
Lo tercero es la falta de garantías electorales para la Coalición Centro Esperanza y para el Pacto Histórico. El registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega, ha declarado con descaro lo siguiente: “El que no sienta garantías o crea que le harán fraude no debería presentarse”. En vez de defender la integridad de las elecciones para todos los que participan en ellas, parece que está dispuesto a favorecer a los candidatos afines al Gobierno. La Misión de Observación Electoral (MOE), en cabeza de su directora, Alejandra Barrios, expresó: “El registrador está perdiendo el centro porque está haciendo unas declaraciones que terminan generando falta de confianza en el proceso electoral. Tenemos diferentes escenarios que tienen nerviosos a todos los candidatos, en particular a los de la Presidencia”.
Lo cuarto es el favorecimiento de los candidatos amigos mediante la contratación pública, al suspender la Ley de Garantías que imponía una veda al gasto de los entes territoriales en el período preelectoral. El artículo sancionado por el Gobierno para permitir semejante brecha a la imparcialidad que debe guardar es claramente inconstitucional, pero tiene vigencia mientras que la Corte Constitucional lo estudia y se pronuncia, lo que ojalá ocurra antes de las elecciones que pretenden amañar.
Por último, los legisladores afines al Gobierno intentan proteger de la crítica a los propios, mediante una propuesta que amenaza con penas de prisión a los periodistas que denuncien o critiquen a los funcionarios públicos que estuvieran favoreciendo a los candidatos amigos. El proyecto de ley viola groseramente estándares de derechos humanos, como lo mostró la organización Human Rights Watch. Ante la fuerte reacción internacional y las extendidas protestas nacionales, Duque tuvo que echarse para atrás, ya con el sol a su cansada espalda.
El presidente Duque tiene unos índices de favorabilidad bajísimos, de solo el 30 % de los ciudadanos consultados, a pesar de que la economía ha tenido una fuerte recuperación durante 2021. La razón de fondo es que su gobierno y su partido, el Centro Democrático, han vulnerado seriamente la democracia en el país.
Rodrigo Uprimny lista cinco síntomas que evidencian el gran deterioro de las instituciones democráticas de Colombia y que lo acercan a lo que Álvaro Uribe tildara como castrochavismo. En efecto, nos estamos acercando a lo que pasó en Venezuela con Chávez y consolidó Maduro: la toma de su gobierno de todos los entes de control y del Legislativo, los ataques a la oposición que quedó postrada y sus malas decisiones sin considerar los intereses afectados.
En el caso de Colombia, lo primero ha sido la atrofia y el control de los poderes que limitan las atribuciones de la Presidencia. De esta manera, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría han sido entregadas a los compinches del Gobierno, que se han dedicado a proteger a sus aliados y a perseguir a los que considera enemigos.
Lo segundo es el empapelamiento judicial de los opositores del régimen. El ejemplo más notorio es el proceso abierto contra Sergio Fajardo que amenaza con eliminarlo de la contienda presidencial, acusándolo de vicios de contratación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato cuando fue gobernador entre 2012 y 2015. También el fiscal Francisco Barbosa intentó empapelar a Gustavo Petro y a Claudia López con procesos tan evidentemente sesgados que tuvo que echarse para atrás.
Lo tercero es la falta de garantías electorales para la Coalición Centro Esperanza y para el Pacto Histórico. El registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega, ha declarado con descaro lo siguiente: “El que no sienta garantías o crea que le harán fraude no debería presentarse”. En vez de defender la integridad de las elecciones para todos los que participan en ellas, parece que está dispuesto a favorecer a los candidatos afines al Gobierno. La Misión de Observación Electoral (MOE), en cabeza de su directora, Alejandra Barrios, expresó: “El registrador está perdiendo el centro porque está haciendo unas declaraciones que terminan generando falta de confianza en el proceso electoral. Tenemos diferentes escenarios que tienen nerviosos a todos los candidatos, en particular a los de la Presidencia”.
Lo cuarto es el favorecimiento de los candidatos amigos mediante la contratación pública, al suspender la Ley de Garantías que imponía una veda al gasto de los entes territoriales en el período preelectoral. El artículo sancionado por el Gobierno para permitir semejante brecha a la imparcialidad que debe guardar es claramente inconstitucional, pero tiene vigencia mientras que la Corte Constitucional lo estudia y se pronuncia, lo que ojalá ocurra antes de las elecciones que pretenden amañar.
Por último, los legisladores afines al Gobierno intentan proteger de la crítica a los propios, mediante una propuesta que amenaza con penas de prisión a los periodistas que denuncien o critiquen a los funcionarios públicos que estuvieran favoreciendo a los candidatos amigos. El proyecto de ley viola groseramente estándares de derechos humanos, como lo mostró la organización Human Rights Watch. Ante la fuerte reacción internacional y las extendidas protestas nacionales, Duque tuvo que echarse para atrás, ya con el sol a su cansada espalda.