Algo grave e inusitado ocurrió el pasado primero de abril: el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien la preside, abandonó la sesión de la junta directiva del Banco de la República, al tiempo que rechazaba la decisión mayoritaria de la institución que aumentaba la tasa de interés de referencia en 1 %. Tan grave decisión, que pateaba el tablero de la relación entre Gobierno y Banco Central, fue seguramente consultada con el presidente de la República.
El resultado es que la economía queda en el limbo en materia de política monetaria hacia el futuro, hasta que al presidente se le dé por ordenar a su ministro que retome su responsabilidad en una de sus misiones fundamentales, que es coordinar con el Banco de la República la política monetaria que debe honrar. Lo más obvio es que Gustavo Petro y su ministro no saben perder; prefieren incendiar las instituciones bajo su responsabilidad que aceptar una decisión con la cual pueden no estar de acuerdo, pero deben acatar como informa la Constitución.
La razón fundamental de la mayoría de la junta para tomar la decisión es que el ajuste del salario mínimo que regaló Petro fue 18 % superior a la inflación de 2025, lo cual obviamente aumenta los costos y crea expectativas de alzas generalizadas de precios, siendo absolutamente necesario neutralizarlas con medidas fuertes como la que se intentó tomar en la frustrada junta de abril. Se trata de un gobierno que toma una decisión equivocada, pues desquicia la economía con el excesivo aumento del salario, que es el patrón de medida y afecta, por lo tanto, todos los precios de la sociedad. En efecto, los salarios representan la mitad del valor agregado nacional y su reajuste excesivo crea un espiral de costos crecientes, además de unas expectativas de mayor inflación que el Banco Central tiene que conjurar.
En vez de aceptar algún alivio para la demagógica medida de trepar los salarios en exceso, el Gobierno insistió tercamente en impulsar aún más los impactos desastrosos del alza salarial. La inflación que había terminado el año en 5,1 % se disparó a fin de enero al 6 % y era de esperar que siguiera subiendo si no se tomaban las medidas que adoptó la junta del Banco de la República. Es obvio que había que aumentar la tasa de interés por segunda ocasión para anclar las expectativas de los agentes y frenar el impulso inflacionario desatado por la largueza del presidente. Es claro, además, que Petro actuó así para facilitar la elección de Iván Cepeda a la presidencia, dándole continuidad a su mandato por otros cuatro años: la política socavando la estabilidad macroeconómica del país.
Otra medida inflacionista del Gobierno fue el exceso de gasto que culminó con un déficit fiscal de 6 % del PIB en 2025, el más alto de los últimos 30 años. Así que tenemos un gobierno que gasta profusamente, para lo cual se endeuda en el exterior, añadiendo presiones inflacionarias y revaluando el peso, lo que perjudica a los exportadores.
El Fondo Monetario Internacional destacó la recuperación económica del país tras tres años de estancamiento, pero advirtió sobre la necesidad de un ajuste fiscal que cayó en oídos sordos. No satisfecho con el daño reputacional para el país causado por el deterioro de sus indicadores económicos, Petro trata de impedir que el Banco Central tome las medidas para recuperar la estabilidad que él mismo está destruyendo. Este es el peor de los mundos que cabía esperar de un gobierno populista: socava la estabilidad macroeconómica con el objetivo de perpetuarse en el poder por todos los tiempos.
