El año que ya pasó

UNA DE LAS GRANDES GANANCIAS de que Álvaro Uribe no hubiera podido repetir períodos ha sido el cambio de rumbo económico que conducía a una crisis de serias proporciones.

Alejandro Gaviria ha evidenciado la influencia del modelo de bajos impuestos de Irlanda en la política que buscó reducirlos en Colombia, aunque acá no se logró hacerlo de manera drástica para todos, sino subrepticiamente y a dedo, y con deducciones al capital.

Irlanda lleva dos años de contracción calamitosa de su actividad económica y ha sido forzada a elevar draconiamente los impuestos que antes había regalado, al tiempo que ha reducido el gasto público, apretando a su población sin misericordia. Los excesos financieros condujeron a la crisis y el gasto público ha sido canalizado a compensar el capital perdido y los depósitos del público amenazados. Al mismo tiempo, al haber adoptado el Euro como moneda, Irlanda tiene cerrada la opción de salir de la crisis apoyada en una moneda devaluada que le permita expandir sus exportaciones.

Colombia había pasado por una crisis financiera entre 1998 y 2002 que tornó cautelosos al gobierno, al sistema financiero y a sus usuarios, y que nos blindó de la crisis financiera internacional que se desató en 2008. Se permitió que varios bancos quebraran, salvando a sus depositantes, pero no a sus propietarios. En 1999 se había adoptado la flotación del peso frente al dólar, régimen que ahora se critica porque ha permitido su revaluación, pero que lo dejó salir de la crisis de manera relativamente rápido en su momento. Estos dos elementos han servido para que no repitiéramos el resto de la experiencia irlandesa.

Pero ciertamente íbamos hacia problemas mayores como la profundización del déficit fiscal, recurriendo a un creciente endeudamiento externo que revaluaba todavía más al peso. Es que era una política necia: al tiempo que reducía los ingresos del gobierno, procuraba ampliar su gasto. Habría que imaginar a qué más excesos hubiera conducido la seguridad de contar con una presidencia perpetua por parte de sus funcionarios: sometimiento del poder judicial, utilización sin ambages de los aparatos de inteligencia y seguridad para fines criminales, amordazamiento de la prensa, liquidación del estado laico y nuevo predominio religioso en asuntos políticos y legales.

El cambio de gobierno ha permitido un nuevo curso con la aplicación de un torniquete frente a la hemorragia de los regalos tributarios, pero hay una falta de voluntad política para encontrarle remedios adecuados al desequilibrio fiscal. La restricción al endeudamiento privado externo y los anuncios en el mismo sentido para el endeudamiento público han permitido cierta devaluación del peso. Estos dos elementos le prestan una mejor base al crecimiento económico de 2011 que puede repetir algo mejorado el comportamiento de 2010, que será aceptable aunque no brillante.

La calamidad invernal ha servido para justificar una emergencia social y con ella unos impuestos temporales que en Colombia tienden a hacerse permanentes. Es grave que se decreten impuestos, en vez de legislarlos por el Congreso, porque excluye la deliberación democrática. La intención del gobierno Santos se hará evidente en la extensión de los tributos que se propone incrementar. Porque el problema no es el de un invierno excesivo, sino de unos tributos estructuralmente insuficientes para soportar los compromisos de un Estado democrático.