La definición de cesarismo es elocuente: forma de ejercer el poder político concentrado en una sola persona. Su origen se remonta a los tiempos del Imperio romano en el que todo el poder se concentraba en la cúpula ocupada por un poderoso mandatario. Se trata de un sistema de gobierno centrado en la autoridad suprema de un jefe y en la fe de todos en su capacidad personal. Es el tribuno del pueblo hablándole desde el balcón de su palacio.
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Humberto de la Calle advirtió sobre el peligro que representa que un mandatario en ejercicio movilice a la población para presionar a las otras ramas del poder para que refrenden las políticas que busca implementar el líder carismático. Llevar la política a la calle, evadiendo las avenidas legislativas, a pesar de contar con cómodas mayorías en las cámaras, es presionar mediante la movilización de las masas para que amenacen con su violencia potencial y lograr así los fines del Poder Ejecutivo.
Un paso en la misma dirección es la toma del poder decisorio sobre el sector energético que asumió Petro en contra de la Comisión de Regulación y de la Superintendecia de Servicios Públicos; aunque lo hizo temporalmente, por tres meses, no deja de ser una intromisión indebida en la marcha armónica del Estado y muestra sus inclinaciones autoritarias. ¿Por qué sus decisiones van a ser mejores que las que toma una comisión de expertos? Se trata de hacer demagogia con la política tarifaria y obtener réditos políticos, lo cual pone en riesgo la solvencia del sistema. Reducir la rentabilidad del sector es desinvitar a los participantes y espantar a nuevos inversionistas, dispuestos a ampliar la capacidad generadora de electricidad. Otras de las consecuencias del cesarismo que podremos encontrar a mediano plazo serán racionamientos y cortes de energía.
A los inversionistas les preocupa que se juegue con ellos. Ese quita y pone del Gobierno ha aumentado de manera considerable el riesgo país, una medida que pone en alerta a los empresarios por la posibilidad de perder capital debido a los cambios que anuncia el Gobierno en materia de salud, pensiones, política laboral y ambiental. Un swap es un acuerdo de intercambio financiero que garantizan el pago de intereses y el principal hacia futuro. Los credit default swaps de Colombia, que miden el riesgo de que el país no pague sus obligaciones, alcanzaron un valor de 270 en febrero, bastante superior al de un país de riesgo mediano como Brasil que es de 230. Según La República, “la prima de riesgo país de Colombia a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2009”.
Por todo ello, el peso colombiano se ha convertido en una de las monedas más devaluadas de América Latina: el dólar, que se cotizaba a $3.910 a mediados de junio de 2022, hoy ronda los $4.850, equivalente a una pérdida de valor de una cuarta parte. Esto se debe en parte a la desvalorización que ha sufrido el precio del petróleo, de más de US$100 el barril a mediados de 2022 a US$75 en la actualidad, pero más aún a las políticas de Petro.
Ya se han dado roces entre el Gobierno y el ministro de Educación, roces que de agravarse pueden conducir a que renuncien los ministros adultos del gabinete. Todas las dislocaciones que se han producido serán poca cosa si eso sucede: ausencia de nuevas inversiones de nacionales y extranjeros, y fuga de capitales líquidos porque los materializados en fábricas, maquinaria y equipo tendrán que quedarse. ¡Ave césar: los que vamos a padecer te saludan!
