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El crecimiento del tercer trimestre del año fue positivo, alcanzando un 2,9 % y apreciándose cierta aceleración al final del período. Se trata del mejor resultado que puede mostrar el Gobierno a ocho meses de terminar su mandato. Lo que hubo antes fue un relativo estancamiento: en los trimestres de 2025 hasta septiembre, el crecimiento fue solo del 2,6 %, que se compara desfavorablemente con el obtenido no hace mucho, cuando Colombia crecía a más de un saludable 4 % anual.
Surgen dudas sobre la sostenibilidad de ese crecimiento, dado que su principal impulso ha sido el gasto público, financiado con deuda emitida con tasas de interés muy altas (14 %, o sea 9 % real), dado el riesgo percibido sobre la sanidad de las finanzas públicas que deja como legado el Gobierno del Pacto Histórico. El gasto del Gobierno creció en los tres primeros trimestres un 7 % en términos reales, pero concentrado más en nómina que en obra pública o en bienes y servicios. Se apoyó más en crédito que en el recaudo tributario, aunque este también aumentó tras la reforma tributaria de 2022. Cuando el Gobierno intentó aprobar otra reforma tributaria, se encontró con un Congreso reacio ante las elecciones de marzo del año entrante y, aunque sigue viva en el legislativo, esperando la sesión del 3 de diciembre, su pronóstico es reservado. En esta ocasión, el Gobierno va tras $ COP 16 billones (1,5 % del PIB).
Bajo condiciones normales, el crecimiento surge de la inversión y, en particular, de su componente privado. La inversión pública, por otra parte, depende del recaudo tributario y de planes que requieren de suficiente tiempo para elaborar estudios, conseguir financiamiento y hacer la contratación de empresas y personal especializado. Este Gobierno no ha brillado por su capacidad de emprender y diseñar planes de largo plazo para dar lugar a obras de infraestructura que en otros gobiernos comenzaron a surtirse a partir del segundo y tercer año de ejercicio. Por el contrario, lo que ha habido es improvisación que impide iniciar y culminar proyectos significativos. El gasto público hasta el tercer trimestre de este año ha representado cerca de 17 % del PIB, lo que es relativamente modesto y no implica un impulso significativo para el crecimiento de la economía. Con un déficit fiscal muy voluminoso (7 % del PIB) y un endeudamiento considerado excesivo por los bonistas nacionales y extranjeros, el financiamiento adicional del Gobierno será caro y escaso.
La inversión privada tampoco ha sido importante en este cuatrienio. Ella depende de múltiples factores, en especial la rentabilidad esperada de los proyectos, la utilización plena de la capacidad productiva instalada y evidencia de una demanda creciente y que no está siendo atendida adecuadamente. Se tiene que considerar el nivel de la tasa de cambio, pues la mayor parte de la maquinaria y del equipo son importados. En todo caso, la inversión privada no ha sido un acicate al crecimiento.
La balanza comercial –o sea, la relación entre exportaciones e importaciones–, por su parte, puede ser un impulso a la economía si es positiva y se constituye en freno si es negativa. La razón es sencilla: un déficit es un drenaje de la demanda agregada nacional que se surte más del extranjero. Según Francisco Azuero, “la balanza comercial de Colombia con el resto del mundo ha sido tradicionalmente negativa. Entre enero y septiembre del 2025, ese valor negativo fue del 11,7 % del PIB, superior en un 24 % (...) con relación al año anterior”.
El balance de comercio refleja adicionalmente diferencias de productividad entre países: los que tienen mayor productividad tienden a obtener superávits comerciales, mientras que los menos productivos obtienen déficits crónicos con el resto del mundo. Lo anterior no es del todo necesario porque un país que exporta un gran volumen de petróleo tenderá a mostrar superávits sistemáticos, que es el caso de los países árabes petroleros, pero no el nuestro. Exportamos un monto modesto de crudo, aunque a Petro le gustaría que no existiera.
