El gobierno Petro logró la aprobación de una ambiciosa reforma tributaria a mediados de 2026, pero aun así el gasto creció más que los ingresos esperados, lo que llevó a financiarlos con deuda. Por eso, el endeudamiento del Gobierno Nacional se ubicará alrededor del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando una cifra de $1.167 billones de pesos. Los recursos tributarios no alcanzaron para financiar un exorbitante gasto, por lo cual recurrió al endeudamiento tanto interno como externo del país. En 2022, la deuda pública alcanzaba el 33 % del producto nacional (PIB), pero a junio de 2026 superaba el 60 % del mismo.
El gobierno saliente lo explicó asÍ: “Colombia registró una reducción histórica en su deuda externa. Entre marzo y mayo de 2026, el país disminuyó cerca de USD $10.000 millones, pasando de representar el 42 % de la deuda total al 25 %”, Lo que no dijo fue que también se duplicó la participación de la deuda en el producto nacional, lo cual limitará el propio endeudamiento y gasto del gobierno entrante. Con un dólar muy barato no tiene mucho sentido disminuir un endeudamiento que representa un servicio moderado, mientras se aumenta el interno con tasas de interés más elevadas. El director de crédito público aseguró que la tasa de los nuevos créditos era de 4,5 % anual, pero operaciones anteriores fueron cerradas con tasas del 14 % anual.
Según el portal La Silla Vacía, “el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, insiste en que el gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que recortar el gasto. Calcula que el ajuste debería ser de al menos el 1 % del PIB, unos $20 billones. Gómez hace parte de la casa política que también integran su hermano Enrique y su sobrino Nicolás”, todos del más puro linaje conservador. Antes que méritos propios, hay talentos heredados.
El argumento de Gómez partía del estado de las finanzas públicas. Aunque el gobierno de Petro sostenía que el déficit fiscal había bajado –pasó de 6,7 % del PIB en 2024 a 6,4 % en 2025 y proyectaba que en 2026 cerraría en 5,3 %–, Gómez afirmaba que las cuentas no reflejaban la realidad. El dato que publicitaba era que el déficit fiscal estaba cercano al 8 % del PIB, la cifra más elevada en toda la historia moderna del país. Es evidente que ambas versiones eran interesadas –la una minimizando el daño, la otra magnificando la herencia malsana– no es apropiado sacar un promedio de los extremos. La realidad sería más cercana a lo que decía el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Según este, el recaudo tributario neto aumentó casi 11 % frente a 2025, pero los intereses de la deuda alcanzaron el 30 % de los ingresos tributarios. La deuda pública en el PIB pasó de 33 % en 2022 a 45,3 % en 2026, dato muy indicativo de la feria de gasto al debe que contrajo la administración de Gustavo Petro y que estaremos pagando durante mucho tiempo.
El déficit fiscal primario (sin intereses) fue de 0,4 % del PIB, pero el total sumó 2,5 % del producto, algo que contradice lo afirmado por el ministro de hacienda de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez, quien lo aumenta a casi 8 % del PIB. El ajuste del gasto público en este caso tendría que ser tremendo, pero bastante menor si es cierto el análisis del CARF.