En agosto de 2022, la tasa de desempleo en Colombia alcanzaba el 11,2 % de la fuerza de trabajo, tras la pandemia que tanto golpeó al país. La recuperación fue apoyada por un aumento considerable del gasto público, financiado con deuda costosa, lo cual redujo el desempleo a 8,9 % en 2025. Un año más tarde, el desempleo descendió hasta alcanzar su nivel actual de 8,1 % de la población que busca empleo sin encontrarlo.
El crecimiento económico durante el período presidencial del Pacto Histórico fue bastante pobre, de 1,5 % anual promedio, la mitad de su tendencia de las últimas décadas. El letargo económico fue resultado del freno a la inversión privada sin que la pública pudiera reemplazarla, cayendo al 16 % del PIB y reduciendo su efecto multiplicador sobre el crecimiento. La hostilidad del presidente contra los empresarios contribuyó a que muchos de ellos dejaran en suspenso sus planes de inversión, esperando el cambio de régimen que les ofreciera garantías y que finalmente se produjo en agosto pasado.
El comercio exterior del país fue deficitario durante los dos últimos dos años, lo que tiene un impacto negativo sobre la demanda agregada y explica en parte el escaso crecimiento. Las exportaciones durante el período enero-agosto de los dos últimos años fueron de US $32.700 y 36.900 millones respectivamente, la mayor parte de ellas de petróleo y sus derivados, sector intensivo en capital que tiene poco impacto sobre el empleo del resto de la economía. Uno de sus efectos fue, por el contrario, apreciar la tasa de cambio, lo que aumenta la penetración de las importaciones que se abaratan y desincentivan las exportaciones que reciben un menor ingreso en pesos que en el pasado. Ambos factores tienen la misma consecuencia de afectar negativamente el empleo en la industria manufacturera que se contrajo 2,3 %, al igual que en la agricultura.
El Gobierno entró en una espiral de gasto en los estertores de su mandato a punta de endeudamiento interno y externo, ofreciendo tasas de interés muy atractivas que se desviaron de la inversión privada hacia la pública. El déficit fiscal que se le deja al nuevo gobierno es de 6,5 % del PIB y además una deuda bruta de 65 % del PIB, una de las más altas en la historia del país y entre las más elevadas de economías de ingreso similar al nuestro. La regla fiscal dicta que el déficit público no supere el 3,5 % del PIB y que el endeudamiento no alcance el 58 % del mismo. El gobierno Petro la terminó rompiendo en todos los sentidos.
Otro de los efectos del alto gasto del gobierno fue el recrudecimiento de la inflación, que pasó de 5,1 % en julio de 2025 a 6,2 % en agosto de 2026. La estrambótica alza del salario mínimo regalada por Petro fue también causa de esa mayor inflación. A su vez, la presión inflacionaria obligó al Banco de la República a mantener una política restrictiva de tasa de interés elevada del 12,25 % anual, que golpea tanto el consumo como la inversión. Petro insultó a la Junta Directiva del Emisor para la tribuna, pero esta solo podrá reducir sus tasas en la medida en que los precios se estabilicen. Los platos rotos los hereda el nuevo gobierno, aunque los terminamos asumiendo todos los ciudadanos. Se trata de un legado problemático que nos dejó el gobierno de Gustavo Petro.