Colombia es un país muy desigual, bastante pobre y en conflicto. Las tres características tienen un denominador común: se trata de un orden social de acceso restringido.
Los recursos económicos, en particular la tierra, han sido concentrados y el sistema político impide que tributen y se redistribuyan. La economía emplea mal sus recursos pues los derechos de propiedad son extensivos, el Estado no provee bienes públicos suficientes, permite la formación de mercados cautivos y, por lo tanto, el crecimiento es mediocre. La debilidad del Estado y su déficit de legitimidad a lo largo de la historia republicana han permitido el surgimiento de grupos armados ilegales e insurgentes, asociados a partidos, a grupos campesinos y al crimen organizado.
Los latifundios, la discriminación étnica y racial van reduciendo las oportunidades económicas de la mayoría de la población, aún si se da el desarrollo capitalista en las ciudades y enclaves mineros.
El orden social crea límites al acceso de funciones políticas y económicas valiosas para generar rentas. Esto es especialmente cierto con respecto a la tierra, pero también a las oportunidades de negocios, a los servicios del Estado y a los presupuestos públicos. Acá, individuos y familias poderosos adquieren privilegios que se pueden ver amenazados o son defendidos por el ejercicio de la violencia.
El sistema politico está montado sobre la triada del clientelismo, la compra de votos y la corrupción. Buena parte del gasto público termina en manos de los grupos ilegales en connivencia con los partidos y los varios niveles de gobierno. La justicia es raquítica, está clientelizada y sus órganos de control politizados, lo cual incentiva de nuevo el conflicto social.
El Estado colombiano se ha fortalecido relativamente en los últimos 25 años. En 1990 el gasto público era 12% del PIB y el gasto militar sólo 2% del mismo, mientras que hoy el primero alcanza el 28% del PIB y el gasto en seguridad es cercano al 4% (presupuesto de $29 billones). Tuvimos además una década con crecimiento económico bastante alto. Es por eso que la balanza de poder militar ha favorecido al Gobierno contra la insurgencia.
El Estado es todavía débil. El umbral de Estados fuertes es un recaudo de más del 30% del PIB, pero en Colombia depende demasiado de la renta petrolera y contribuciones a la seguridad social. Los impuestos son 15% del PIB, la mitad indirectos. Todavía los dueños de la riqueza contribuyen con sólo el 4% de sus ingresos netos.
Si se negocia la paz con las Farc y el Eln, el Estado estará más cerca de asumir el monopolio de los medios de violencia, aunque será desafiado por el crimen organizado que cuenta con verdaderos ejércitos. Falta preguntarse si cambiará la economía política: la corrupción en la contratación pública, la captura de los presupuestos por los grupos de poder, la combinación entre organizaciones violentas, partidos políticos y algunos gremios fascinerosos. Veo difícil que se aumente significativamente el recaudo o que el gasto público no sea desviado a favor de los grupos privilegiados, legales e ilegales.
La negociación del fin del conflicto no significa necesariamente un cambio fundamental en la economía política del orden social, aunque hará una diferencia grande frente a la situación actual: habrá menos violencia, más consensos y ojalá participación de grupos nuevos en la política, lo que debilitará a las fuerzas más reaccionarias.
Colombia es un país muy desigual, bastante pobre y en conflicto. Las tres características tienen un denominador común: se trata de un orden social de acceso restringido.
Los recursos económicos, en particular la tierra, han sido concentrados y el sistema político impide que tributen y se redistribuyan. La economía emplea mal sus recursos pues los derechos de propiedad son extensivos, el Estado no provee bienes públicos suficientes, permite la formación de mercados cautivos y, por lo tanto, el crecimiento es mediocre. La debilidad del Estado y su déficit de legitimidad a lo largo de la historia republicana han permitido el surgimiento de grupos armados ilegales e insurgentes, asociados a partidos, a grupos campesinos y al crimen organizado.
Los latifundios, la discriminación étnica y racial van reduciendo las oportunidades económicas de la mayoría de la población, aún si se da el desarrollo capitalista en las ciudades y enclaves mineros.
El orden social crea límites al acceso de funciones políticas y económicas valiosas para generar rentas. Esto es especialmente cierto con respecto a la tierra, pero también a las oportunidades de negocios, a los servicios del Estado y a los presupuestos públicos. Acá, individuos y familias poderosos adquieren privilegios que se pueden ver amenazados o son defendidos por el ejercicio de la violencia.
El sistema politico está montado sobre la triada del clientelismo, la compra de votos y la corrupción. Buena parte del gasto público termina en manos de los grupos ilegales en connivencia con los partidos y los varios niveles de gobierno. La justicia es raquítica, está clientelizada y sus órganos de control politizados, lo cual incentiva de nuevo el conflicto social.
El Estado colombiano se ha fortalecido relativamente en los últimos 25 años. En 1990 el gasto público era 12% del PIB y el gasto militar sólo 2% del mismo, mientras que hoy el primero alcanza el 28% del PIB y el gasto en seguridad es cercano al 4% (presupuesto de $29 billones). Tuvimos además una década con crecimiento económico bastante alto. Es por eso que la balanza de poder militar ha favorecido al Gobierno contra la insurgencia.
El Estado es todavía débil. El umbral de Estados fuertes es un recaudo de más del 30% del PIB, pero en Colombia depende demasiado de la renta petrolera y contribuciones a la seguridad social. Los impuestos son 15% del PIB, la mitad indirectos. Todavía los dueños de la riqueza contribuyen con sólo el 4% de sus ingresos netos.
Si se negocia la paz con las Farc y el Eln, el Estado estará más cerca de asumir el monopolio de los medios de violencia, aunque será desafiado por el crimen organizado que cuenta con verdaderos ejércitos. Falta preguntarse si cambiará la economía política: la corrupción en la contratación pública, la captura de los presupuestos por los grupos de poder, la combinación entre organizaciones violentas, partidos políticos y algunos gremios fascinerosos. Veo difícil que se aumente significativamente el recaudo o que el gasto público no sea desviado a favor de los grupos privilegiados, legales e ilegales.
La negociación del fin del conflicto no significa necesariamente un cambio fundamental en la economía política del orden social, aunque hará una diferencia grande frente a la situación actual: habrá menos violencia, más consensos y ojalá participación de grupos nuevos en la política, lo que debilitará a las fuerzas más reaccionarias.