El Plan de Desarrollo 2022-2026

La orientación de las políticas públicas de cada administración se establece en su Plan de Desarrollo. En esta ocasión es el resultado de un gran esfuerzo liderado por Jorge Iván González, prolífico economista y filósofo, quien ocupa la dirección del Departamento Nacional de Planeación.

El Gobierno buscó fortalecer el “Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que adoptara metodologías y modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país”.

Desafortunadamente, los intereses de los terratenientes, defendidos por el Centro Democrático, lograron que no se aprobara esta parte del proyecto. La senadora Paloma Valencia es heredera de propiedades en el Cauca que eran explotadas servilmente por terrazgueros y vivientes hasta hace poco. Es el moho de la historia que frena el desarrollo del sur colombiano. Hábilmente, la senadora denunció que subirían todos los impuestos prediales, urbanos y rurales, pero no mencionó que el objetivo es que tributen los propietarios de predios rurales que hoy pagan unos impuestos ridículamente bajos, pero se apropian de la renta del suelo que les entrega el desarrollo capitalista.

Se impide que el impuesto predial sirva de presión para que los propietarios vendan las superficies que no explotan eficientemente y que no pueden pagar siquiera impuestos del 0,5 % de la renta que devengan. Más grave es el hecho de que los avalúos rurales están desactualizados por varias décadas, lo que permite que sus propietarios evadan olímpicamente las obligaciones tributarias que el resto de los mortales sí debemos cumplir.

Hace varios años escribí lo siguiente sobre el tema: “El catastro nacional se caracteriza por su insuficiente cobertura y deficiente calidad […] el catastro es fundamental para guiar el desarrollo territorial, lo cual enfrenta enormes desafíos: gran parte del territorio en las zonas de frontera y conflicto no está formado, mientras la mitad de los predios rurales están desactualizados entre 10 y 20 años”. El monopolio del catastro en manos del IGAC es contraproducente porque no lo integra con el registro, no puede identificar adecuadamente los predios ni arroja información sobre el uso económico de los mismos; por último, no ofrece las medidas físicas que permitan elaborar y registrar las escrituras, lo cual debilita la seguridad jurídica de la propiedad.

Tampoco ha sido aprobado en el Plan de Desarrollo el artículo que permitía la llamada expropiación exprés de predios en el país, que no es tal y que está permitida en la Constitución cuando se trate del interés público; se aplica para construir infraestructura, pero se imposibilita ahora para hacer algo de reforma agraria. Los derechos de propiedad de los latifundistas siguen siendo defendidos en un Congreso en el que cuentan con demasiada representación.

No se entiende por qué el Congreso negó que se importara gas de Venezuela, lo que introduciría más competencia en ese mercado y beneficiaría a los consumidores, facilitando su uso como combustible vehicular. Juan Benavides ha escrito sobre el tema y propone conectar físicamente los dos sistemas de transporte de gas natural existentes en el país (Magdalena Medio y Ballenas), que eliminaría algunos de los costos de transporte e introduciría más competencia.

Esta vez el Plan de Desarrollo intentó regular varios mercados claves para el futuro del país ante la oposición exitosa de intereses creados.