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El gobierno entrante anunció un programa de gran austeridad fiscal que no será fácil de cumplir. El presupuesto nacional de la administración saliente es de $557 billones para 2026, de los cuales 84 billones van a inversión. Ese presupuesto representa el 27,7 % del PIB. Para cerrar su período con una bufonada, el gobierno que expira anunció una nueva reforma tributaria que ya no tiene tiempo de presentar y menos de defender, mientras que la nueva administración tejerá su propio rumbo financiero.
El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, prometió un recorte de $60 billones a partir del 8 de agosto, equivalente al 11 % del presupuesto contemplado por la administración Petro. Si el nuevo gobierno cumple lo que promete, el presupuesto público alcanzará solo el 23 % del PIB. El monto es significativo y se justifica por la visión de reducir los impuestos a los contribuyentes, dándole mayor impulso a la economía privada a costa de la pública. La medida favorece a las personas más ricas, que son las que contribuyen más al fisco, y posiblemente también a las empresas que obtendrán más utilidades netas que en el pasado.
Lo cierto es que la mayor parte del presupuesto que se puede recortar es aquel destinado a infraestructura (vías, acueductos, energía, entre otras), así que esta quedará descuidada y la falta de mantenimiento podría causar su deterioro. Esto podrá incidir en mayores costos de transporte y en los de electricidad y agua.
El recorte representará una poda profunda en la burocracia pública que dejará en la calle a miles de supernumerarios, o sea aquellos que no cuentan con contratos de trabajo de mediano y largo plazo. Algunos de estos fueron nombrados por la administración saliente, pero los más son personal de planta con contratos a término indefinido. El gobierno de De la Espriella puede despedir a funcionarios con contratos vigentes, pero deberá indemnizarlos como dicta la ley por el tiempo que corre hasta el vencimiento de sus contratos, así que no ahorrará presupuesto sino a partir de las vigencias futuras.
¿Por qué creció tanto el gasto público al final del período presidencial? Según Juan Camilo Restrepo, “la mayoría de este déficit es gasto primario, es decir, incrementos en el gasto diferente al pago de intereses y amortización de la deuda. Porque en los últimos meses se aceleró este déficit para incrementar el gasto burocrático a fin de preparar por el Gobierno Petro las elecciones. Porque los controles de carácter político (Congreso) e institucional (Contraloría y Procuraduría) han sido ineficaces”.
La administración Petro termina su mandato con el déficit fiscal más elevado en toda la historia moderna del país, cercano al 8 % del PIB, solo superado por el alcanzado durante la Guerra de los mil días, que se dio entre 1899 y 1903. En plata dura y sonante equivale a $160 billones, más del 60 % del PIB, lo que obliga al gobierno entrante al enorme recorte anunciado. Una de las consecuencias del gasto fiscal excesivo fue que la inflación se disparó a más del 6 % anual, lo que lo fuerza a desplegar una política monetaria contractiva.
El intento de perpetuarse en el poder del pasado gobierno, apoyando a su candidato Iván Cepeda, se financió al debe, contrayendo deuda a tasas extraordinarias del orden de 14 % y 15 % anual, cuando el país lograba en el pasado tasas de entre 4 y 5 % para financiar sus déficits fiscales. Obviamente, los prestamistas calcularon que la deuda contraída a borbotones tenía serios riesgos de no pago, si es que el Pacto Histórico ganaba las elecciones, aunque el nuevo gobierno ha querido demostrar que se comportará de manera ortodoxa.
El país entra en una nueva senda de comportamiento fiscal austero, comparado con el despilfarro del Pacto Histórico, que tendrá consecuencias en el crecimiento económico que se ve propiciado por el gasto público, pero si este es excesivo genera más inflación que nuevos puestos de trabajo.
