La economía colombiana siguió en su senda descendente durante el primer trimestre del año. Los balances macroeconómicos mostraron una cuenta externa deficitaria, pues las exportaciones cayeron (-3,6 %) más que las importaciones (-0,4 %), lo cual le restó al crecimiento; sin embargo, los datos en dólares arrojan un mejor resultado, gracias a la recuperación de los precios del petróleo y del carbón, mientras que el resto de exportaciones continúa estancado.
Las importaciones se recuperaron bastante, en especial las de manufacturas, algo negativo para la industria local. El peso obtuvo una revaluación importante, al igual que la mayor parte de las divisas del mundo, lo que se originó en la pérdida de confianza de los mercados en la capacidad de la administración Trump de adelantar sus programas de renovar la infraestructura de Estados Unidos, al mismo tiempo que pretendía reducir impuestos y liquidar la progresiva ley de salud de Obama.
La inversión de capital también se contrajo en Colombia, a pesar de alguna recuperación del sector agropecuario que fue la estrella de la economía en el trimestre, tanto en producción como en formación de capital, y de obras civiles, antes de que estallara la corrupción de Odebrecht en la cara de este Gobierno y en la del Centro Democrático. El escándalo puede comprometer el avance de varias concesiones, malogrando el papel de impulsador que la administración Santos les ha asignado a las obras de infraestructura.
El consumo aumentó sólo 1 %, con reducciones en los rubros de ropa, comunicaciones y restaurantes, que son los primeros que los hogares ajustan cuando caen sus ingresos. Esta es una clara indicación del debilitamiento de la demanda agregada que la junta directiva del Banco de la República tuvo en cuenta para aflojar su política monetaria; lo hizo de forma moderada por el temor de que las expectativas de inflación no parecen estar “ancladas” alrededor de la meta. El resultado de la inflación de abril no fue bueno por los precios de los bienes y servicios que regula el propio Gobierno, en particular energía y combustibles, algo que el ministro Cárdenas deploró. Lo cierto es que la política monetaria, que debería ser lo más expansiva posible, no puede desplegarse rápidamente porque corre el riesgo de perpetuar la inflación alta.
El balance del Gobierno estuvo en terreno positivo, con un crecimiento de 2,6 %, que incluye tanto la administración como los gastos en defensa. El monto no es significativo en momentos en que se requiere de una política fiscal muy expansiva que contribuya a sacar la economía de su letargo. Tantos años de políticas complacientes frente a los contribuyentes más ricos han hecho dependientes a los diferentes gobiernos del endeudamiento interno y externo. En efecto, la deuda pública total se duplicó durante la era Uribe y se volvió a duplicar con Santos: la interna pasó de $131 billones en 2010 a $232 billones en 2016, mientras que la externa lo hizo de $59 billones en 2010 a $134 billones en 2016.
El escaso crecimiento y la dependencia del Gobierno en el endeudamiento para mantener su gasto ponen en riesgo la calificación del país frente a sus acreedores externos. De continuar la senda de contracción de la economía, se deteriorará también la capacidad de pago del Gobierno. Si se pierde el grado de inversión, significará un encarecimiento de la nueva deuda pública y le tocará al Gobierno resignarse a un ajuste brutal de su gasto.
La economía colombiana siguió en su senda descendente durante el primer trimestre del año. Los balances macroeconómicos mostraron una cuenta externa deficitaria, pues las exportaciones cayeron (-3,6 %) más que las importaciones (-0,4 %), lo cual le restó al crecimiento; sin embargo, los datos en dólares arrojan un mejor resultado, gracias a la recuperación de los precios del petróleo y del carbón, mientras que el resto de exportaciones continúa estancado.
Las importaciones se recuperaron bastante, en especial las de manufacturas, algo negativo para la industria local. El peso obtuvo una revaluación importante, al igual que la mayor parte de las divisas del mundo, lo que se originó en la pérdida de confianza de los mercados en la capacidad de la administración Trump de adelantar sus programas de renovar la infraestructura de Estados Unidos, al mismo tiempo que pretendía reducir impuestos y liquidar la progresiva ley de salud de Obama.
La inversión de capital también se contrajo en Colombia, a pesar de alguna recuperación del sector agropecuario que fue la estrella de la economía en el trimestre, tanto en producción como en formación de capital, y de obras civiles, antes de que estallara la corrupción de Odebrecht en la cara de este Gobierno y en la del Centro Democrático. El escándalo puede comprometer el avance de varias concesiones, malogrando el papel de impulsador que la administración Santos les ha asignado a las obras de infraestructura.
El consumo aumentó sólo 1 %, con reducciones en los rubros de ropa, comunicaciones y restaurantes, que son los primeros que los hogares ajustan cuando caen sus ingresos. Esta es una clara indicación del debilitamiento de la demanda agregada que la junta directiva del Banco de la República tuvo en cuenta para aflojar su política monetaria; lo hizo de forma moderada por el temor de que las expectativas de inflación no parecen estar “ancladas” alrededor de la meta. El resultado de la inflación de abril no fue bueno por los precios de los bienes y servicios que regula el propio Gobierno, en particular energía y combustibles, algo que el ministro Cárdenas deploró. Lo cierto es que la política monetaria, que debería ser lo más expansiva posible, no puede desplegarse rápidamente porque corre el riesgo de perpetuar la inflación alta.
El balance del Gobierno estuvo en terreno positivo, con un crecimiento de 2,6 %, que incluye tanto la administración como los gastos en defensa. El monto no es significativo en momentos en que se requiere de una política fiscal muy expansiva que contribuya a sacar la economía de su letargo. Tantos años de políticas complacientes frente a los contribuyentes más ricos han hecho dependientes a los diferentes gobiernos del endeudamiento interno y externo. En efecto, la deuda pública total se duplicó durante la era Uribe y se volvió a duplicar con Santos: la interna pasó de $131 billones en 2010 a $232 billones en 2016, mientras que la externa lo hizo de $59 billones en 2010 a $134 billones en 2016.
El escaso crecimiento y la dependencia del Gobierno en el endeudamiento para mantener su gasto ponen en riesgo la calificación del país frente a sus acreedores externos. De continuar la senda de contracción de la economía, se deteriorará también la capacidad de pago del Gobierno. Si se pierde el grado de inversión, significará un encarecimiento de la nueva deuda pública y le tocará al Gobierno resignarse a un ajuste brutal de su gasto.