BOB DYLAN DECÍA EN UNA CANCIÓN que uno puede comerse la torta y guardarla al mismo tiempo, burlándose de la lógica burguesa del ahorro y del cálculo sobre el futuro. El gobierno de Álvaro Uribe parece estar de acuerdo con el bardo porque pretende gastar mucho en 2009, a la vez que devuelve impuestos a los empresarios.
En efecto, el proyecto de presupuesto general de la nación, cuyo lema es “un presupuesto para la competitividad y la cohesión social”, alcanza 140,5 billones de pesos, un crecimiento real del 8%. Está suponiendo una inflación de sólo el 5%, difícil de cumplir con el Presidente respirándole en la nuca a la junta del banco para que no haga política antiinflacionaria.
La explicación para el crecimiento tan fuerte del gasto es, según el Ministro de Hacienda, que se destinan casi 6 billones de pesos al subsidio a la gasolina. Esto significa que buena parte de la renta extraordinaria que le está generando Ecopetrol a la nación por los altísimos precios del petróleo, no puede financiar el gasto público. El déficit del Gobierno debe entonces financiarse con deuda. Y si se miran las fuentes del presupuesto, 48,4 billones son recursos de capital, o sea que se está financiando casi el 35% del gasto con deuda interna y externa, mientras que los llamados fondos especiales pagan el subsidio.
No voy a discutir si es conveniente que la nación subsidie el uso del carro particular o que el alcohol carburante esté exento de impuestos, pero no quiero dejar pasar el hecho de que el recurso escaso se dilapida cuando se abarata artificialmente. Pero si se utilizara la renta petrolera, así malgastada, en financiar al Gobierno, todavía faltarían 42 billones de recursos de capital para financiar ese gasto tan alto.
Si el gasto público tiene una tronera de la magnitud anotada, la lógica económica nos dice que lo mejor es aumentar impuestos a los que mejor puedan soportarlo, para disminuir el endeudamiento. Pero eso no le suena al Presidente, que ha estado concediendo exenciones a los que adquieren maquinaria y a las empresas que torna en zonas francas portátiles. Los primeros pueden descontar el 40% de sus inversiones y los segundos pagan sólo un 45% de impuesto a la renta.
Al lado de estas concesiones se adjuntan contratos de estabilidad jurídica por 20 años que las hacen imposibles de anular. Y si quiere comprometerse con la estabilidad, el Gobierno no debiera estar atentando contra la de precios y la de la tasa de cambio, que puede poner a dudar a empresarios nacionales y extranjeros sobre su seriedad.
El Presidente parece tener una genuina preocupación por el empleo, que siempre mal medido, ha comenzado a caer y para ello cree que lo mejor es más emisión monetaria. Para aumentar el empleo hay dos cosas que el Gobierno no ha querido hacer: remover las cargas parafiscales, lo que reduciría el costo efectivo del trabajo en 12%, y sacar esos recursos de un aumento al impuesto de renta o remoción de cientos de arandelas tributarias que son injustas e inconvenientes.
La maquinaria se ha abaratado gracias a la revaluación, pero más aún porque está mínimamente gravada. La ecuación da un resultado muy nítido: abarate el empleo y encarezca el capital para hacer mucho más rentable el uso de procesos intensivos en trabajo.
Y viene el tema de la coordinación con la autoridad monetaria. Si el Gobierno gastara menos, el banco central podría recortar en algo su tasa de interés para combatir la inflación. Pero la actitud es más bien de intemperancia verbal: partirle la cara a la economía.
*Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
