El presupuesto del año entrante fue diseñado por la administración saliente y parecía estar financiado adecuadamente, cumpliendo incluso la regla fiscal. El ministro Alberto Carrasquilla dijo que no y que necesitaba más recursos ($14 billones), algo que parece no ser tan cierto al resignarse a menos de la mitad de la suma originalmente roturada, después de iniciadas las negociaciones en el Congreso de la República.
El rubro mayor del presupuesto de 2019 es el servicio de la deuda pública, $66,4 billones, prácticamente el doble que el destinado a Defensa. El segundo en importancia es el de educación, con $38,7 billones que el movimiento estudiantil juzga insuficiente. El presupuesto total alcanza casi $260 billones, del cual una quinta parte se destina a servir una deuda pública total que alcanza el 44 % del PIB y que ha venido trepándose en especial después del colapso del precio de las materias primas.
Las agencias de calificación nos miran con recelo porque, si sigue cayendo el precio del petróleo, podemos llegar a una situación de insolvencia que provoque una estampida de capital, como acaba de pasar en Argentina, algo que se complica con la incompetencia y falta de decisión que ha caracterizado al gobierno del Centro Democrático y al presidente Duque. La reciente devaluación del peso refleja la incertidumbre en la que nos sentimos y cómo nos ven los inversionistas extranjeros.
¿Por qué nos vemos abocado a una situación financiera de riesgo frente al resto del mundo? La respuesta más obvia es que el recaudo tributario se quedó por debajo del gasto público que se complementaba con la renta petrolera, como nuevos ricos que perdimos la capacidad de prevenir lo que era de esperar: que el precio del petróleo bajaría en algún momento. La proyección del recaudo tributario este año puede llegar a 14,7 % del PIB, pero el presupuesto es de 26 % del PIB, o sea que necesitamos refinanciar la deuda para no sufrir una caída brusca del gasto que está ocurriendo de todas maneras. En efecto, el gasto en inversión es de sólo 1,5 % del PIB, menos de la mitad de lo que alcanzó en los años de bonanza. En vez de aumentar impuestos, lo que ha sucedido es que los gobiernos de Uribe, Santos y ahora el de Duque optan por aumentar el endeudamiento público. Así, el gobierno queda cojo.
La reforma tributaria de 2016 fue selectivamente dura, al trepar el IVA al 19 %, aumentar los impuestos a la renta de la clase media y hasta los dividendos comenzaron a tributar un tris, pero de nuevo sin recurrir al excedente. El gobierno de Duque no escogió el mejor momento para anunciar torpemente que se necesitaba una nueva reforma, dura contra los pobres y la clase media, cuando los congresistas enfrentan elecciones regionales el año entrante. En vez de esperar una mejor oportunidad y diseñar cuidadosamente una reforma estructural que aumentara el recaudo de manera eficiente y progresiva, se lanzó con una propuesta que era una colcha de retazos, chambona, regresiva e ineficiente, que despertó una oposición generalizada, que incluyó al propio Centro Democrático.
La versión light de la reforma tributaria, que se transó con Cambio Radical, conservadores y la U, espera recaudar sólo el 0,7 % del PIB, toca los dividendos un poco más e incluye un impuesto temporal al patrimonio. Entonces hacemos como si tenemos reforma, aunque en un par de años se nos informe que es indispensable una nueva.
El presupuesto del año entrante fue diseñado por la administración saliente y parecía estar financiado adecuadamente, cumpliendo incluso la regla fiscal. El ministro Alberto Carrasquilla dijo que no y que necesitaba más recursos ($14 billones), algo que parece no ser tan cierto al resignarse a menos de la mitad de la suma originalmente roturada, después de iniciadas las negociaciones en el Congreso de la República.
El rubro mayor del presupuesto de 2019 es el servicio de la deuda pública, $66,4 billones, prácticamente el doble que el destinado a Defensa. El segundo en importancia es el de educación, con $38,7 billones que el movimiento estudiantil juzga insuficiente. El presupuesto total alcanza casi $260 billones, del cual una quinta parte se destina a servir una deuda pública total que alcanza el 44 % del PIB y que ha venido trepándose en especial después del colapso del precio de las materias primas.
Las agencias de calificación nos miran con recelo porque, si sigue cayendo el precio del petróleo, podemos llegar a una situación de insolvencia que provoque una estampida de capital, como acaba de pasar en Argentina, algo que se complica con la incompetencia y falta de decisión que ha caracterizado al gobierno del Centro Democrático y al presidente Duque. La reciente devaluación del peso refleja la incertidumbre en la que nos sentimos y cómo nos ven los inversionistas extranjeros.
¿Por qué nos vemos abocado a una situación financiera de riesgo frente al resto del mundo? La respuesta más obvia es que el recaudo tributario se quedó por debajo del gasto público que se complementaba con la renta petrolera, como nuevos ricos que perdimos la capacidad de prevenir lo que era de esperar: que el precio del petróleo bajaría en algún momento. La proyección del recaudo tributario este año puede llegar a 14,7 % del PIB, pero el presupuesto es de 26 % del PIB, o sea que necesitamos refinanciar la deuda para no sufrir una caída brusca del gasto que está ocurriendo de todas maneras. En efecto, el gasto en inversión es de sólo 1,5 % del PIB, menos de la mitad de lo que alcanzó en los años de bonanza. En vez de aumentar impuestos, lo que ha sucedido es que los gobiernos de Uribe, Santos y ahora el de Duque optan por aumentar el endeudamiento público. Así, el gobierno queda cojo.
La reforma tributaria de 2016 fue selectivamente dura, al trepar el IVA al 19 %, aumentar los impuestos a la renta de la clase media y hasta los dividendos comenzaron a tributar un tris, pero de nuevo sin recurrir al excedente. El gobierno de Duque no escogió el mejor momento para anunciar torpemente que se necesitaba una nueva reforma, dura contra los pobres y la clase media, cuando los congresistas enfrentan elecciones regionales el año entrante. En vez de esperar una mejor oportunidad y diseñar cuidadosamente una reforma estructural que aumentara el recaudo de manera eficiente y progresiva, se lanzó con una propuesta que era una colcha de retazos, chambona, regresiva e ineficiente, que despertó una oposición generalizada, que incluyó al propio Centro Democrático.
La versión light de la reforma tributaria, que se transó con Cambio Radical, conservadores y la U, espera recaudar sólo el 0,7 % del PIB, toca los dividendos un poco más e incluye un impuesto temporal al patrimonio. Entonces hacemos como si tenemos reforma, aunque en un par de años se nos informe que es indispensable una nueva.